EXP. N.º 1633-2004-AA/TC
LIMA
CANO HERRERA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a 2 de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Revoredo Marsano y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por don Agapito León Cano Herrera contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 120, su fecha 13 de enero de 2004, que declaró
infundada la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de octubre de
2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N.° 40296-97-ONP/DC, de fecha 31 de octubre de 1997, que aplica a su
caso, retroactiva e ilegalmente, el Decreto Ley N.° 25967; agregando que antes
de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, ya había adquirido su
derecho al amparo del Decreto Ley N.° 19990, dado que acreditaba más de 33 años
de aportaciones y más de 55 años de edad; y que, al aplicársele el Decreto Ley
N.° 25967, se le ha otorgado una pensión diminuta y con tope.
La emplazada propone las
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad,
solicitando que se declare improcedente la demanda, alegando que no se ha
vulnerado ningún derecho constitucional, pues el demandante cumplió los
requisitos para acceder a pensión de jubilación cuando estaba vigente el Decreto
Ley N.º 25967.
El Decimoséptimo Juzgado
Civil de Lima, con fecha 11 de marzo de 2003, declaró infundada la demanda,
estimando que no se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente,
al constatarse que no cumplía los requisitos del Decreto Ley N.º 19990 antes de
la vigencia de su norma modificatoria, el Decreto Ley N.º 25967.
La recurrida confirmó la
apelada por los mismos fundamentos e, integrándola, declaró improcedentes las
excepciones deducidas.
1.
El
demandante pretende que se calcule su pensión de conformidad con el Decreto Ley
N.° 19990, alegando que antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.°
25967 –19 de diciembre de 1992–,cumplía los requisitos de la pensión de
jubilación adelantada, por tener más de 33 años de aportaciones y más de 55
años de edad.
2.
En
la sentencia 007-96-I/TC, este Tribunal ha precisado que el estatuto legal
según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación es aquel
que está vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por ley, y
que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el
Decreto Ley N.° 25967 se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de
su entrada en vigencia no hubiesen cumplido los requisitos del Decreto Ley N.°
19990, y no a quienes los cumplieron con anterioridad.
3.
De
conformidad con el artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, para tener derecho a
una pensión de jubilación adelantada se requiere tener, como mínimo, 55 años
de edad y 30 años completos de aportaciones. En consecuencia, advirtiéndose
en autos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, el
demandante no reunía uno de los dos requisitos, ya que contaba 54 años de edad
al 18 de diciembre de 1992, al otorgársele la pensión de jubilación aplicando
el nuevo dispositivo legal, no se han vulnerado sus derechos.
4.
Por
consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.° 25967 haya sido
aplicado retroactivamente, ni que la resolución impugnada lesione derechos
fundamentales, toda vez que el demandante cesó el 9 de mayo de 1997, cuando ya
se encontraba vigente el mencionado decreto, por lo que la demanda debe
desestimarse.
5.
Por
otro lado, dado que en la demanda se ha aseverado, faltando a la verdad, que el
demandante contaba más de 55 años antes del 19 de diciembre de 1992,
corresponde la aplicación supletoria y concordada del Código Procesal Civil,
que en los artículos IV del Título Preliminar, 109º y 112º, al regular la
conducta, deberes y responsabilidades de las partes y de sus abogados,
establece que estos deberán adecuar su conducta a los deberes de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso,
no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; y
que existe temeridad o mala fe, entre otros supuestos, cuando, a sabiendas, se
aleguen hechos contrarios a la realidad.
6.
En
consecuencia, en vista de que el abogado patrocinante del demandante, señor
Alfonso Mendoza Magán, con Registro CACN N.º 0244, ha actuado con temeridad y/o
mala fe, resulta pertinente aplicar el artículo 111º del Código adjetivo, sobre
la responsabilidad de los abogados en el proceso, para lo cual se remitirá
copia de la presente y de los actuados a la Presidencia de la Corte Superior
del Cono Norte y al Colegio de Abogados del Cono Norte, para las sanciones a
que hubiere lugar.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confierre la Constitución
Política del Perú
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
REVOREDO
MARSANO
GONZALES OJEDA