PIURA
CARLOS
COLONA FLORES
En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Colona Flores contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Suprema de Piura, de fojas 116, su fecha 22 de Mayo de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos.
El recurrente, con fecha 06 de Enero de 2003, interpone acción de amparo contra Petróleos del Perú, solicitando que se declare la nulidad de la Carta N.° PP-GOTL-344-2002, del 18 de Diciembre del 2002, en virtud de la cual se le despidió arbitrariamente de su centro de trabajo; y que, en consecuencia, se ordene su reposición y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
Manifieste
que el 31 de Julio del año 1973 ingresó en la empresa demandada; que durante
todo el tiempo transcurrido se ha desempeñado en forma diligente y responsable,
y que en la fecha mencionada recibió una carta de su empleadora, mediante la
cual se le comunicaba que, al amparo del artículo 34° del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 003-97-TR, y supuestamente, en
consideración a sus evaluaciones, la Gerencia había decidido resolver el
vínculo laboral, y que se encontraba a su disposición el monto de sus
beneficios sociales e indemnización, agregando que este hecho constituye un despido arbitrario, pues sin motivación
alguna se le está privando de su medio de subsistencia, y que la indemnización
establecida por la precitada norma debe ser considerada como una opción frente
a un despido arbitrario, quedando subsistente, en todo caso, el derecho del
trabajador a ser repuesto.
La emplazada contesta la demanda señalando, en primer lugar, que la vía
correcta para que un trabajador demande la nulidad del despido o, en todo caso,
la arbitrariedad del mismo, es la laboral, por lo que la demanda debe ser
declarada improcedente. Sostiene, por otra parte, que la demanda carece de
sustento, por cuanto la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece
una adecuada protección contra el despido arbitrario, disponiendo que en caso
de que el empleador decida resolver la relación laboral sin que exista una
causa justa, deberá abonar al trabajador afectado, en compensación por el
despido, una indemnización equivalente a una remuneración y media mensual por
cada año de servicios prestados, con un tope de 12 remuneraciones. Asimismo,
reconoce que el demandante fue objeto de un despido arbitrario, pero que ha
procedido al amparo y de conformidad con la normativa vigente, añadiendo que,
ante la negativa del actor a recibir la indemnización que le corresponde, se
efectuó la consignación respectiva en el Banco de la Nación, lo cual se ha
puesto en conocimiento del Juzgado Laboral de Turno, según lo acredita con las
instrumentales que acompaña.
El Juzgado Especializado Civil de Sullana, con fecha 05 de Febrero de
2003, declara fundada la demanda, por considerar que si bien la carta en
cuestión hace referencia a que se despidió al actor por sus evaluaciones, la
demandada no ha demostrado en que consistieron las mismas, de manera que el
despido se justifique y el trabajador pueda, a su vez, efectuar su descargo,
por lo que se han vulnerado sus derechos constitucionales.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por
considerar que como consecuencia del despido se practicó la liquidación de
compensación por tiempo de servicios, motivando posteriormente el proceso de
pago por consignación judicial de beneficios efectuada por Petróleos del Perú;
que, en dicho contexto, debe tomarse en cuenta que la liquidación
correspondiente ha sido cobrada con anterioridad a la fecha de la sentencia,
con lo cual ha quedado extinguida la relación laboral entre las partes.
1.
El objeto de la presente demanda es cuestionar
la Carta N.° PP-GOTL-344-2002, de fecha 18 de Diciembre del 2002, mediante la
cual la emplazada despidió de manera arbitraria al actor, y que se le reponga
en su cargo habitual y, adicionalmente, se le paguen las remuneraciones dejadas
de percibir.
2.
En primer lugar, es necesario precisar que en
el caso de autos resulta erróneo argumentar, como lo hace la recurrida, que por
haber cobrado el demandante sus beneficios sociales, ha quedado extinguida su
relación laboral con la demandada. En efecto, de las instrumentales de fojas 93
a 97 de los autos aparece que lo que solicitó y cobró el recurrente fue
específicamente el importe correspondiente a la Asignación Especial Anual del
año 2002 (en total, S/.1,372.28) monto que tiene el carácter de remuneración
adicional, y no de beneficios sociales, los que, por el contrario, como se aprecia
de fojas 83 y 86, en ningún momento han sido objeto de cobro o aceptación. Por
consiguiente, ni ha quedado extinguida la relación laboral del recurrente, ni
mucho menos ha operado sustracción de materia en el presente caso.
3.
La demandada reconoce expresamente que el
recurrente fue objeto de despido arbitrario, resolviendo el vínculo laboral sin
expresar motivación, justificando su proceder al amparo del artículo 34° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, que en estos casos establece
como única reparación al trabajador, por el daño sufrido, el pago de una
indemnización especial. En todo caso y aun cuando la carta cuestionada invoca
que el despido producido responde a las evaluaciones realizadas al demandante,
no se ha acreditado en autos su existencia o, cuando menos, los alcances que
supuestamente tuvieron.
4.
El trabajo, base del bienestar social y medio
de realización de la persona, es un derecho humano reconocido por el artículo
22° de la Constitución Política vigente, y como tal, corresponde al Estado
garantizar su plena vigencia. Adicionalmente a ello, la propia Constitución, en su artículo 27°, formula un mandato
concreto al legislador, a fin de que, a través de la ley, provea al trabajador
de una protección adecuada contra el despido arbitrario. Tal disposición, sin
embargo, no puede entenderse como que se está constitucionalizando el derecho
del empleador de despedir arbitrariamente, como parece entenderlo la emplazada.
5.
Este
Tribunal ha subrayado reiteradamente que la extinción unilateral de la relación
laboral, fundada, única y exclusivamente, en la voluntad del empleador, se
encuentra afectada de nulidad –y, por consiguiente, el despido carecerá de
efecto legal- cuando se produce con violación de los derechos fundamentales de
la persona. En tales circunstancias, resulta evidente que tras producirse una modalidad de despido
arbitrario como la descrita, procede la reposición como finalidad eminentemente
restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos. Para llegar
a dicha conclusión se ha sostenido, y ahora se reitera, que la protección
adecuada a que se refiere el artículo 27° de la Constitución no puede ser
interpretada como una facultad de disposición absolutamente discrecional por
parte del legislador, que habilite como alternativa, exclusiva y excluyente, la
representada por la indemnización. Si en los procesos ordinarios es posible
concebir fórmulas de protección distintas a la estrictamente resarcitoria, con
mayor razón puede ello predicarse en los procesos constitucionales, donde el
propósito no es otro que la restauración de las cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, tal como lo
establece el artículo 1° de la Ley N.° 23506.
6.
Detectado
el despido arbitrario, luego de haberse comprobado la inexistencia de una causa
determinada que lo produzca, resulta evidente que si el demandante acudió a la
vía del amparo constitucional, no lo ha hecho con el propósito de que se lo
indemnice, sino con la finalidad concreta, por lo demás claramente expresada en
el petitorio de la demanda, de que se le reponga en su puesto de trabajo.
Concluir en que la única alternativa a la que podría acogerse el recurrente es
la indemnización a que se refiere el artículo 34° del Decreto Legislativo N.°
728, significaría incurrir en el absurdo de
interpretar la Constitución de conformidad con la ley, cuando la
actividad de este Colegiado, como la de cualquier otro juzgador constitucional,
obliga exactamente a lo contrario, es decir, a interpretar la ley de
conformidad con la Constitución. Ello impone, como no puede ser de otra manera,
considerar que no puede ser aplicable al caso del recurrente el citado
dispositivo legal, si es que este no otorga la opción reparadora que, por el
contrario, sí le dispensa el proceso constitucional.
7.
Cabe
añadir, una vez más, que al razonar del modo descrito, no se está evaluando el
despido producido exclusivamente desde la perspectiva de los requisitos que la
ley impone, sino desde la óptica que proporciona el cuadro de valores
materiales establecido por la Constitución. La lesión a los derechos
constitucionales, por lo tanto, no se concreta con el solo hecho de no haber
cumplido la ley, por lo que esta, stricto
sensu, representa, sino por haberse utilizado la figura del despido
incausado como un mecanismo de vulneración o distorsión de tales atributos
esenciales.
8.
Teniendo
la reclamación del pago de las remuneraciones dejadas de percibir, naturaleza
indemnizatoria, y no obviamente restitutoria, no es ésta la vía en la que
corresponda atenderla, debiendo dejarse
a salvo el derecho del recurrente para hacerla valer, en todo caso, en la forma
legal que corresponda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada reponga a don Carlos Colona Flores en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o categoría.
2. IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones que por razón del cese haya dejado de percibir, dejando a salvo su derecho de reclamarlas en la forma legal respectiva.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA
ORLANDINI
GONZALES
OJEDA
GARCÍA
TOMA