EXP.
N.° 1919-2004-AA/TC
MOQUEGUA
NICOLÁS
ERNESTO
ZEGARRA
BERROA
Y
OTROS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a 5 de julio de
2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los
magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por los señores Nicolás Ernesto Zegarra Berroa, Eduardo Walter Pamo
Nieto, Valentina Ramos de Huiza, Francisca Manuela Napa de Farje, Carlos
Eugenio Román Barinotto, Carmen Rosa Valdivia de Tumba, Dionicio Guido Castro
Rivadeneira y Edwin Ower Mendoza Manchego, contra la sentencia de la Sala Mixta
Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Moquegua-Ilo, de fojas 369,
su fecha 14 de abril de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.
Con fecha 25 de julio de
2004, los recurrentes interponen acción de amparo contra la empresa Southern
Perú Copper Corporation- Sucursal Perú, solicitando que se declare inaplicable
el documento C-AE 247/2002, del 17 de junio de 2002, emitido por la jefatura de
Asuntos Educacionales de la empresa demandada, y que, en consecuencia, se
cumplan la Resolución Subregional de Educación N.° 0574, del 20 de agosto de
1990, y la Resolución Subregional N.° 303, del 06 de setiembre de 1990, que
dispone que la emplazada continúe otorgando la bonificación voluntaria y su
incremento reajustable conforme al alza del costo de vida. Se alega que esta
bonificación no está condicionada a observar asistencia perfecta, y que se
están violando los derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a una
pensión, debiéndose reponer lo descontado indebidamente. Asimismo, se pide que
se aplique al demandado el artículo 11° de la Ley N.° 23506.
La emplazada contesta la
demanda contradiciéndola y negándola en todos sus extremos; además,
propone excepción de falta de
legitimidad para obrar de la demandada, alegando que los recurrentes mantienen
relación laboral con el Ministerio de Educación, según la normativa
concerniente al funcionamiento de los centros educativos fiscalizados, conforme
al Decreto Supremo N.° 15-84-ED.
El Primer Juzgado Mixto de
Moquegua, con fecha 16 de octubre de 2003, declaró infundada la excepción
propuesta e infundada la demanda, por estimar que los recurrentes fundamentan
su demanda en la violación de derechos reconocidos en normas de inferior jerarquía a la Constitución, y que la acción
de amparo solo protege los derechos constitucionales que están siendo afectados
o amenazados por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio.
La recurrida confirmó la
apelada argumentando que los demandantes pretenden la aplicación de normas de
cumplimiento en el sector privado, cuando ellos están sujetos al régimen del
sector público, agregando que en este proceso no se ventilan los derechos
pensionarios de los emplazados, de acuerdo con lo señalado en los oficios N.os 1405-2003-GR/DREMO-DAJ y AE-202-96.
1.
Los
recurrentes pretenden que se declare inaplicable el documento C-AE 247/2002, del 17 de junio de 2002, emitido por
la Jefatura de Asuntos Educacionales de la empresa demandada (f. 48), mediante
el cual la emplazada establece condiciones para el pago de la denominada
Bonificación por Asistencia Perfecta.
2.
El
Decreto Supremo N.° 15-84-ED, del 31 de marzo de 1984, que aprobó las normas
para el funcionamiento de los centros educativos fiscalizados –única norma
vigente, especial y exclusiva que regula este tipo de centros educativos–,
dispone (art. 3°) que “(...) se denomina centros y programas educativos
fiscalizados a los que funcionan en los centros industriales, agrícolas o
mineros, sostenidos por los respectivos propietarios o empresas, que imparten
educación en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, cuyo
personal magisterial y no magisterial tiene vínculo laboral con el Ministerio
de Educación y pertenecen al régimen de la Carrera Pública Magisterial o
Administrativa, según sea el caso; que (...) las remuneraciones y subsidios del
personal de los centros educativos fiscalizados se otorgarán por las empresas,
de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes para el
personal estatal (art.18°), y que (...) sin perjuicio de las remuneraciones y
subsidios que obligatoriamente le corresponde abonar, la empresa podrá establecer voluntariamente bonificaciones y
asignaciones de estímulo al personal magisterial y no magisterial, las que no
serán incluídas para el cálculo de compensaciones y pensiones por no tener
carácter de remuneraciones (art. 19°).
3.
Conforme
al oficio C-AE 247/2002, del 17 de junio de 2002, obrante a fojas 48 de autos,
no se otorgará la mencionada bonificación:
a) cuando la ausencia, aunque sea justificada y tenga permiso del
director, sea por más de un día o exceda los tres días de permiso al año, y b)
cuando la inasistencia por un día o menos (horas) sea injustificada. Las únicas
excepciones contempladas son: a) licencia por enfermedad; b) internamiento en
hospitales de la empresa o de EsSalud; c) ausencia por fallecimiento de padres,
cónyuge e hijos.
4.
La
Bonificación Voluntaria está condicionada a una labor efectiva, y no es
un concepto remunerativo, no siendo el amparo la vía idónea para reconocer la
mencionada bonificación como un derecho adquirido.
5.
Esta
bonificación se otorga en dos conceptos: un 50%, que es fijo, y otro 50%, por
Asistencia Perfecta.
6.
De
autos se desprende que los demandantes no han cumplido el requisito para
obtener el 50% de la Bonificación por Asistencia Perfecta, pues los oficios
cursados por la Dirección del Centro Educativo (fojas 103 a 111) informan a la
empresa demandada de que los maestros demandantes no asistieron al centro educativo los días 19 y 20 de mayo, 30 de
junio, 1 de julio y 3 de julio de 2003, debido a la huelga del magisterio, lo que no ha sido desmentido por
los recurrentes. Este tipo de falta,
según lo estipulado en reiteradas oportunidades por las comunicaciones cursadas
por la empresa emplazada, no es considerada excepción para el pago de la
Bonificación por Asistencia Perfecta , en atención a su naturaleza y lo
prescrito por el D.S 15-84-ED.
7.
En
las boletas de pago, aparece que se han efectuado descuentos correspondientes
al 50% del bono voluntario; es decir, S/. 277.50 (por Asistencia Perfecta),
considerando que el total de la bonificación es de S/. 555.00, cuyo beneficio
no alcanzó a los demandantes en su totalidad por sus faltas al centro de
trabajo; por lo tanto, se descontó el 50% por Asistencia Imperfecta.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA