EXP. N.° 2038-2004-AA/TC
JUNÍN
RODOLFO JORGE
En Huancayo, a los 25 días
del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por don Rodolfo Jorge Pariona Acuña contra la sentencia de la
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 185, su
fecha 28 de abril de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos, respecto a la inaplicación de las resoluciones cuestionadas, e infundada
en relación a los demás extremos de la pretensión.
Con fecha 9 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.os 1154-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1997, y 175-2002-GO/ONP, de fecha 18 de enero de 2002, mediante las cuales se le deniega la renta vitalicia por enfermedad profesional; y que, en consecuencia se ordene el otorgamiento de dicha renta con arreglo al Decreto Ley N.° 18846 y su reglamento, más el pago de las pensiones devengadas e intereses.
La emplazada contesta la
demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que el demandante
no acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Decreto Ley
18846; y que, por otro lado, el Dictamen de
Evaluación Médica N.° 0361-2001
concluye que el demandante no padece incapacidad por enfermedad profesional.
El Tercer Juzgado Civil de
Huancayo, con fecha 8 de diciembre de 2003, declaró fundada, en parte, la
demanda, por considerar que el recurrente adolece de neumoconiosis en tercer
estadio de evolución con 50% de incapacidad para el trabajo, y que, al haber cesado cuando aún se
encontraba vigente el Decreto Ley N.° 18846, le corresponde percibir la renta
vitalicia que solicita; e improcedente
en cuanto al extremo referido al pago de pensiones devengadas e intereses
laborales
La recurrida, revocando la
apelada, declaró improcedente la demanda, en el extremo referido a la
inaplicación de las resoluciones cuestionadas; e infundada en cuanto al otorgamiento de la renta vitalicia y las pensiones devengadas e intereses
laborales.
1.
La
demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables las Resoluciones N.os
1154-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1992, y 175-2002-GO/ONP, de
fecha 18 de enero de 2002, mediante las cuales se le deniega al demandante su
solicitud de otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional.
2.
Con
los certificados de trabajo expedidos por diversas empresas mineras, que obran
de fojas 2 a 5, se acredita que el demandante trabajó como obrero para varias
empresas mineras, desde el 8 de enero de 1976
hasta el 25 de enero de 1995; y con los
certificados expedidos por la Dirección General de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (fojas 10 y 11), consta
que adolece de neumoconiosis (silicosis) en tercer estadio de evolución. En
consecuencia, la enfermedad profesional queda acreditada en mérito del referido
certificado médico de invalidez, en aplicación de los artículos 191° y
siguientes del Código Procesal Civil.
3.
Cabe
indicar que el Decreto Ley N.° 18846 fue derogado por la Ley N.° 26790,
publicada en el diario oficial El Peruano
el 17 de mayo de 1997, que lo sustituyó y estableció en su Tercera Disposición
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el
Decreto Ley N.° 18846, serán transferidas al Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo administrado por la ONP. Por tanto, advirtiéndose de autos que el
demandante cesó en su actividad laboral cuando estaba vigente el Decreto Ley
N.° 18846, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma
sustitutoria, actualmente regulada por las normas técnicas establecidas por el
Decreto Supremo N.º 003-98-SA.
4.
Conforme
a los artículos 191° y ss. del Código procesal Civil, de aplicación supletoria
según el artículo 63° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal
Constitucional, el examen médico ocupacional a que se refiere el fundamento 2, que
acredita la enfermedad profesional que padece el recurrente, constituye prueba
suficiente para verificar lo que ha alegado; por consiguiente, el demandante
requiere de atención prioritaria e inmediata, no siendo exigible la opinión de
la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud.
5.
Por
otro lado, los intereses legales constituyen la obligación accesoria, por lo
que deben ser pagados al recurrente de acuerdo a lo establecido por el artículo
1246.° del Código Civil.
6.
En
consecuencia, se encuentra acreditada la violación del derecho constitucional a
la seguridad social, previsto por el artículo 10° de la Norma Suprema.
Por los fundamentos
expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,
1.
Declarar
FUNDADA la acción de amparo; en
consecuencia, inaplicables las Resoluciones N.os
1154-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1992, y 175-2002-GO/ONP, de
fecha 18 de enero de 2002.
2.
Ordena
a la Oficina de Normalización Previsional que cumpla con otorgar al demandante
la pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, con el pago de las
pensiones devengadas conforme a ley, más los intereses legales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA