LIMA
JUAN JULIÁN MONTOYA IBARRA
1.
Que conforme lo expone el artículo 59° de la
Ley N.° 26435, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe
recurso alguno, salvo que dicho Colegiado, de oficio o a instancia de parte
decidiese “(...)aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u
omisión en que se hubiese incurrido”.
2.
Que, en el caso de autos, no se evidencia que
este Colegiado haya citado incorrectamente la fecha de la resolución expedida
en primera instancia en el proceso de autos, puesto que se ha referido a ella
como “la apelada”, tanto en el visto como en la parte resolutiva de la
resolución materia de recurso; en consecuencia, no cabe que este Colegiado
aclare un concepto o dato –como el correspondiente a la fecha de expedición de
sentencia en primera instancia–, que no ha sido enunciado en su resolución.
Asimismo, también cabe desestimar la subsanación aducida por el apelante
respecto de las resoluciones emitidas en autos, más aún cuando éste no ha
precisado cuáles son las resoluciones que supuestamente están mal numeradas.
3.
Que sobre el cómputo del plazo para apelar de
un auto cuando éste es vuelto a notificar en otra diligencia, este Colegiado no
sólo indicó que la notificación posterior no tiene efectos habilitantes, sino
también que en el presente caso, el auto en su momento impugnado, inicialmente
le fue notificado a la esposa del interesado 25 días antes la fecha en que se
elaboró el Acta de Señalamiento de Bienes Libres (Fund. Jur. N.° 3.).
Es claro que todo acto procesal puede ser cuestionado, dentro de los
plazos previstos por la legislación procesal pertinente, los cuales deben
computarse desde la fecha en que el acto es notificado válidamente; en
consecuencia, no debe tomarse como premisa notificaciones hechas con
posterioridad, pues ello no sólo se afectaría el debido proceso, al
desvirtuarse el acto de notificación en sí, sino también el propio
procedimiento, dado que, en cualquier momento del proceso, cualquiera de las
partes podría pretender apelar de cualquier resolución, siempre que ella sea
notificada en una segunda o subsiguiente oportunidad, lo que es contrario a
nuestro ordenamiento procesal, salvo que la primera notificación fuese
declarada inválida ó ineficaz.
4.
Que en cuanto al Primer Otrosí Digo, no procede
que el Tribunal Constitucional realice precisiones o absuelva consultas
respecto a hechos que no han sido materia de su pronunciamiento.
1.
Sin lugar la solicitud de aclaración presentada.
2.
Dispone, la notificación de
la presente resolución, su publicación con arreglo a ley y la devolución de los
actuados.
Publíquese y notifíquese.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY
GARCÍA TOMA