EXP. N.º 2108-2003-AA/TC
HUÁNUCO-PASCO
MARGARITA VILCA GOÑE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 28
días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por doña Margarita Vilca Goñe contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 102, su fecha 25 de junio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 30 de
enero de 2003, la demandante interpone acción de amparo contra el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Pasco, solicitando su reposición en el puesto de
trabajo del que ha sido despedida, no obstante haber laborado durante 1 año, 3
meses y 29 días, desde el 25 de agosto de 2000 hasta el 22 de diciembre del
2002.
La emplazada
deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta
la demanda señalando que no fue posible disponer la contratación de la
demandante al no disponerse de la
asignación presupuestal correspondiente, y que si no se cumplen los requisitos
que establece la Ley de Gestión Presupuestaria, se atentaría contra el debido
proceso.
Con fecha 24 de
febrero de 2003, el Juzgado Mixto de Pasco declaró fundada la excepción, nulo
todo lo actuado y dio por concluido el proceso.
La recurrida,
revocando la apelada, declaró improcedentes la excepción y la demanda, argumentando
que no existía vía previa que agotar, añadiendo que la demandante no había
acreditado haber sido despedida arbitrariamente, por cuanto se encontraba
prestando servicios mediante contrato por obra a plazo fijo, por el término de
seis meses.
FUNDAMENTOS
1. Con respecto a la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, este Colegiado
considera que en el presente caso ello no era exigible, puesto que la
recurrente fue despedida de hecho, según se aprecia del acta de visita de
inspección especial de fojas 5, que da
cuenta de que no se le permitió el ingreso a su centro de labores, por lo que
la supuesta violación se ejecutó de manera inmediata.
2. Del contrato de
trabajo obrante a fojas 92 se advierte que las partes pactaron que este se
sujetaría a las disposiciones del TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR.
3. Conviene precisar
que la Ley N.° 27469 –que modificó el artículo 52° de la derogada Ley Orgánica
de Municipalidades, aplicable al caso– varió el régimen laboral de los
servidores de la administración municipal por el de la actividad privada,
modificatoria que entró en vigencia el 2 de junio de 2001 y que es aplicable a
partir de dicha fecha.
4. Sin embargo, tal
modificación no podría ser aplicable a la demandante, toda vez que ella entró a
laborar con anterioridad a la expedición de la mencionada Ley N.° 27469, y, en
todo caso, habría adquirido sus derechos laborales bajo el régimen laboral
público, no pudiendo cambiarse tal condición sin su previo consentimiento, pues
ello atentaría contra el inciso 2) del artículo 26° de la Carta Magna, que
establece –como principios que regulan la relación laboral– el carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. En este
orden de ideas, corresponde analizar si se encontraba comprendida en los
alcances de la Ley N.° 24041.
5. Conforme a las boletas de fojas 3 y 4, y al contrato por obra a plazo fijo, de fojas 92, la demandante se desempeñó como obrera en el Proyecto de Reforestación, Arborización y Mejoramiento de Parques y Jardines, no habiéndose acreditado la continuidad de sus servicios sino que, más bien, ha venido trabajando como obrera en determinadas obras de corta duración; en consecuencia, no habiéndose probado que la recurrente laboró para la Municipalidad demandada por más de un año ininterrumpido, no le es aplicable el artículo 1° de la Ley N.° 24041, a tenor de su artículo 2.1.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA
RESUELTO
Declarar INFUNDADA la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA