ICA
JOSÉ
LUIS EVANGELISTA FUENTES
En
Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Evangelista Fuentes contra la sentencia de la Sala Primera Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 101, su fecha 19 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de marzo de 2004, el recurrente interpone
acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Chincha, con el objeto
de que se declare inaplicable la Resolución N.° 2516-2003-A/MJPCH, de fecha 3
de noviembre de 2003, y que se le reponga en su puesto de trabajo. Refiere que
fue destituido por la emplazada, como resultado de un procedimiento
disciplinario irregular, puesto que la acción había prescrito, y que ha
desvirtuado las imputaciones que se le formularon.
La emplazada contesta la demanda
solicitando que se la declare infundada o improcedente, alegando que se
instauró procedimiento administrativo disciplinario contra el recurrente en
mérito al informe de Auditoría, que daba cuenta de las irregularidades
cometidas en el cargo de Jefe de Abastecimiento, habiéndosele, incluso,
formulado la denuncia penal correspondiente, y que no es verdad que se inició
el procedimiento disciplinario cuando había prescrito la acción.
El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha
22 de marzo de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que la
cuestión controvertida debe ventilarse en la vía ordinaria, dado que este
proceso constitucional no es idóneo para tal efecto ya que carece de etapa
probatoria.
La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.
FUNDAMENTOS
1.
De
acuerdo a la Resolución N.° 2516-2003-A/MPCH se le impuso al recurrente la sanción
disciplinaria de destitución por la Comisión de las faltas disciplinarias
tipificadas en los literales a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo
276.
2.
Sostiene
el demandante que se le instauró proceso administrativo disciplinario, con
fecha 23 de setiembre de 2003, cuando ya había prescrito la acción, dado que la
emplazada tomó conocimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría
General de la República en el mes de agosto del año 2001; y que, por otro lado,
al efectuar su descargo desvirtuó las imputaciones. Por su parte, la emplazada
afirma que tomó conocimiento de las faltas administrativas el 29 de mayo de
2003, cuando la Contraloría General de la República le remitió el Informe de
Auditoría N.° 106-2002-CG/LR.
3.
La
documentación que obra en autos no permite determinar, fehacientemente, si la
autoridad competente tomó conocimiento de las faltas disciplinarias en la fecha
que sostiene el recurrente, tampoco desvirtúa las imputaciones que originaron
la destitución de recurrente; por lo tanto, dilucidar la controversia requiere
de la actuación de pruebas, lo que no es posible en éste proceso
constitucional, porque carece de etapa probatoria, como lo establece el
artículo 13° de la Ley N.° 25398.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la acción de amparo.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
REVOREDO MARSANO
GARCÍA TOMA