LA LIBERTAD
JOSÉ MARINO
ARMAS ÁVALOS
En Lima, a los 6 días
del mes de octubre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca
y Gonzales Ojeda pronuncia la siguiente
sentencia
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por Teófilo
Quispe Guevara, abogado de José Marino Armas Ávalos, contra la sentencia de la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas
177, su fecha 12 de junio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 21 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo y su ejecutor coactivo, por haber transgredido sus derechos constitucionales al domicilio, a la libertad de trabajo y empresa y al debido proceso; y solicita que se disponga el normal funcionamiento de su establecimiento comercial y el normal tránsito a su domicilio real, en vista de que han sido clausurados, y se le abone el pago correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados. Refiere que, con fecha 11 de mayo de 2002, los emplazados clausuraron de manera arbitraria su local comercial y su domicilio, pese a que debía suspenderse el proceso coactivo iniciado, debido a que se encontraba en trámite una demanda contencioso-administrativa en la que se solicitaba la nulidad de las resoluciones que ordenaban la clausura del local comercial y el inicio del proceso coactivo.
La Municipalidad emplazada
contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos,
solicitando que se la declare improcedente o infundada, aduciendo que el
recurrente contaba con una licencia de funcionamiento de local comercial de
carácter provisional y que las solicitudes de otorgamiento de licencias son de
calificación previa y que, por lo tanto, no puede presumirse que con su sola
presentación se haya adquirido el derecho, ni que el interesado pueda acogerse
al silencio administrativo negativo de no haberse expedido resolución.
El ejecutor coactivo emplazado
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que el
actor ha optado por recurrir a la vía judicial ordinaria. Así mismo, plantea la
excepción de litispendencia, por considerar que el proceso ordinario tiene la
misma pretensión que la presente acción.
El Segundo Juzgado Especializado en
lo Civil de La Libertad, con fecha 29 de agosto de 2002, declaró infundada la
excepción de litispendencia, por considerar que no cumple los requisitos
establecidos en los artículos 452° y 453° del Código Procesal Civil, y declaró
infundada la demanda, en vista de que el actor recurrió a la vía procesal
ordinaria a través de la acción contencioso-administrativa.
La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
1. Aparece de autos que el demandante agotó la vía administrativa respecto de la pretensión de la presente acción, la misma que fue desestimada, a consecuencia de lo cual, conforme consta a fojas 40, presentó una solicitud de suspensión de procedimiento coactivo, en razón de haber interpuesto demanda contencioso-administrativa contra los mismos actos, conforme consta en autos a fojas 43, proceso que se encuentra en trámite.
2. Conforme al inciso 3 del artículo 6º de la Ley N.º 23506, la acción de amparo es improcedente cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial ordinaria, por lo que la presente acción resulta improcedente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo.
Notifíquese y publíquese.
SS.
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA