EXP. N.° 2837-2003-AA/TC

PIURA

FRANCISCO ARCELES RUFINO

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 9 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Arceles Rufino contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 75, su fecha 27 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

           

           Con fecha 24 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, a fin de que se le inaplique el Memorando N.º 106-2003/MPS-OADM-UPER, de fecha 6 de enero de 2003, y se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando hasta antes de su arbitraria destitución o en otro de igual nivel. Manifiesta haber sido contratado bajo la modalidad de servicios no personales  desde el 2 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002 como jardinero, con cargo al Proyecto de Arborización y Proyecto de Ampliación de Áreas Verdes en Principales Avenidas de la Ciudad, y que, habiendo acumulado más de un año de servicios ininterrumpidos, resulta aplicable a su caso el artículo 1º de la Ley N.º 24041, que establece que los servidores públicos que se encuentren dentro de este supuesto, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276, por lo que, al obviarse dicha disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la igualdad ante la ley, a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

 

           La municipalidad emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, alegando que el actor prestó servicios no personales en calidad de jardinero para labores de duración determinada y en la Partida de Proyectos de Inversión, de manera que el artículo 1º de la  Ley N.º 24041 no le es aplicable, sino más bien el artículo 2º.

 

           El Primer Juzgado Civil de Sullana, con fecha 30 de abril de 2003, declaró fundada la demanda, considerando que en autos está acreditado que el demandante  prestó servicios para la emplazada de manera continua por más de un año, por lo que le resulta aplicable el artículo 1º de la Ley N.º 24041.

 

          La recurrida revocó la apelada y la declaró improcedente, estimando que el recurrente fue contratado bajo la modalidad de servicios no personales, y que recibía su remuneración con la Partida de Proyectos de Inversión, por lo que no le es aplicable el artículo 1º  de la Ley N.º 24041.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      Con los documentos  que obran de fojas 2 a 4, se acredita que el recurrente ha prestado servicios para la emplazada en calidad de jardinero durante más de un año consecutivo, labores propias de las municipalidades que son de naturaleza permanente.

 

2.      Por tal razón, a la fecha  de su cese, había adquirido la protección prescrita en el artículo 1º de la Ley N.º 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, cuyo enunciado es la aplicación de la condición más beneficiosa a su favor, y que la Constitución ha consagrado en su artículo 26º, inciso 3); es aplicable, asimismo, el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos.

 

3.      Consecuentemente, y en virtud de la precitada ley,  no podía ser destituido sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276, y con sujeción al procedimiento establecido en él, por lo que al haber sido despedido sin observarse tales disposiciones, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso.

 

FALLO

 

       Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del  Perú le confiere,

 

Ha resuelto

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda.

 

2.      Ordena reponer al demandante en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales o en otro de igual nivel o categoría.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 
ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA