EXP.
N.° 2902-2003-AA/TC
LIMA
PEDRO
CELESTINO VELÁSQUEZ CARRASCO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Celestino Velásquez
Carrasco, contra el auto de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 19 de agosto de 2003, que declaró nulo
el auto apelado de fojas 43, que declaró improcedente la demanda por estimar
que la acción incoada no resulta idónea, debiendo el a quo expedir nueva resolución; y,
ATENDIENDO A
1. Que el
recurrente, con fecha 29 de abril de 2003, interpone acción de amparo contra el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se deje sin efecto y no se le aplique
el acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República del 29
de octubre de 1992, mediante el cual se acuerda su separación del cargo de Juez
Titular del Tercer Juzgado Penal de la Provincia del Santa, del Distrito
Judicial de Áncash –hoy Distrito Judicial del Santa, Chimbote– y se cancela el
título que lo acreditaba como tal, debiendo, en consecuencia, ordenarse su
reincorporación en el mencionado cargo. Manifiesta que fue separado por la
Comisión Evaluadora creada por el Decreto Ley N.° 25446, sin haber sido
entrevistado ni habérsele notificado debidamente los cargos que se le imputaban
y, por ende, debe ser reincorporado, con el reconocimiento del tiempo no
laborado sólo para efectos pensionables.
Expresa que, posteriormente, y en virtud del artículo 3° de la Ley N.° 27433,
solicitó su reincorporación al CNM, Colegiado que expidió la Resolución N.° 037-2003-PCNM, del 19 de mayo
de 2003, que también cuestiona, toda vez que rechazó su solicitud –por mayoría,
y con los votos discordantes de dos Consejeros– por, supuestamente, haberla
presentado fuera de plazo, en virtud de lo dispuesto por el numeral 4° de la
Ley N.° 27433. Alega, además, que habiendo sido derogado el Decreto Ley N.°
25446, mediante el que se sustentó su separación, ha debido disponerse su
reincorporación inmediata.
2
Que la demanda interpuesta fue rechazada, in límine, por el Quincuagésimo Noveno
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, por estimar que mediante la
Resolución Administrativa N.° 024-2003-CE-PJ se otorgaron facultades a los
Presidentes de las Cortes Superiores para que resuelvan las solicitudes de
reincorporación de magistrados y, por ende, la acción incoada no resulta idónea
para ello, sustentando su decisión en lo dispuesto por los incisos 5) y 6) del
artículo 427° del Código Procesal Civil.
3. Que el
recurrido, por su parte, declaró nulo el apelado, aduciendo que el a quo debió calificar en forma adecuada
la demanda, y disponer el trámite correspondiente, tras estimar que toda
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos, con sujeción a un debido proceso, debiendo la causa
sujetarse al mérito de las probanzas al expedirse sentencia y, por tanto,
ordena que se expida nueva resolución conforme a los considerandos expuestos.
4.
Que, en el caso de autos, resulta evidente que se ha
producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso de amparo,
en los términos establecidos en el artículo 42° de la Ley N.° 26435, Orgánica
del Tribunal Constitucional, por lo que debería procederse de acuerdo con lo
regulado en dicho artículo. Sin embargo, de manera previa a la determinación de
la presente controversia, es necesario precisar que, en el caso, resulta inútil
obligar al demandante a transitar nuevamente por la vía judicial, pues el
resultado de su demanda, a la luz de los hechos descritos, no sólo resulta
previsible, sino que, por otra parte, podría devenir en perjudicial o
irreparable la eventual lesión de su derecho si se continúa dilatando el
proceso. Consecuentemente, dada la naturaleza del derecho protegido, y estando
a lo dispuesto por el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal
Civil –aplicable en forma supletoria por disposición del artículo 63° de la Ley
N.° 26435– es necesario que, en virtud de los principios de economía y
celeridad procesal, este Colegiado se pronuncie sobre la demanda de autos.
5.
Que
al resolver el Expediente N.° 1109-2002-AA/TC –caso Isaac Gamero Valdivia–, ya
se emitió pronunciamiento respecto a los alcances de la protección judicial en
el caso de los magistrados del Poder Judicial cesados en virtud de la
aplicación de decretos leyes dictados por el autodenominado Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional, por lo que en aras de economía y
celeridad procesal, este Tribunal se remite a ellos.
6.
Que,
conforme se advierte a fojas 8 de autos, el demandante fue separado del cargo
que desempeñaba en virtud del Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República del 29 de octubre de 1992, adoptado conforme a las
facultades otorgadas por el Decreto Ley N.° 25446. Posteriormente, y no
obstante considerar inconstitucional el artículo 3° de la Ley N.° 27433, en
virtud de la precitada disposición el recurrente solicitó su reincorporación en
dicho cargo al CNM, el cual expidió la Resolución N.° 037-2003-PCNM, del 19 de
mayo de 2003.
7.
Que
el referido acuerdo y la precitada resolución del Consejo Nacional de la
Magistratura, son los que motivan la presente demanda. Sobre el particular,
este Tribunal ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que :
a)
El
artículo 3° de la Ley N.° 27433 es inaplicable al caso del demandante, porque
al establecer que para la reincorporación de quienes fueron
inconstitucionalmente cesados, es requisito previo aprobar la evaluación que
convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, se está invocando una
atribución no reconocida a este órgano por la Constitución.
b) A mayor abundamiento, en la
STC N.° 013-2002-AI/TC, este Colegiado ya se pronunció sobre la
inconstitucionalidad de los artículos 3° y 4° de la Ley N.° 27433, de modo que,
quedando vigente el mandato contenido en el artículo 2° de la misma ley, debe
reponerse al recurrente, conforme se ha demandado.
8. Que conviene tener presente
que la jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Constitucional ha
puesto de manifiesto que los jueces expulsados de sus cargos –y de la
judicatura– como consecuencia directa o indirecta de la aplicación de
mecanismos inconstitucionales, no han perdido, a resultas de tales indebidas
destituciones, las investiduras constitucionales que originalmente recibieron,
de modo que los títulos que fueron indebidamente cancelados, nunca perdieron su
validez y han recuperado la plenitud de su vigencia. En consecuencia, tienen
expedito el derecho a la reincorporación, de tal manera que, en el breve trámite
que ello pueda exigir, las autoridades respectivas del Poder Judicial se
servirán tener presente el criterio jurisprudencial de este Tribunal, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 177°, en el artículo
211° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la
Disposición Final Única de la Ley N.° 27433, y en las demás normas
complementarias pertinentes.
Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley
Orgánica,
REVOCANDO el recurrido, que declaró nulo el apelado; y, reformándolo, declara FUNDADA la demanda; en consecuencia,
inaplicable al demandante el artículo 3° de la Ley N.° 27433, y la Resolución
del Consejo Nacional de la Magistratura N.° 037-2003-PCNM. Ordena se proceda a la reincorporación del
demandante en el cargo de Juez Titular Penal de la Provincia del Santa,
del Distrito Judicial de Áncash –hoy Distrito Judicial del Santa, Chimbote–, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de
la Ley N.° 27433, debiendo tenerse presente que el título original
indebidamente cancelado, y que le otorgó la invocada investidura, nunca perdió
su validez, habiendo recuperado la plenitud de su vigencia, conforme a lo
expuesto en el considerando 8. supra;
asimismo, debe reconocérsele, tal como lo solicita en su demanda, el periodo no
laborado en virtud del acuerdo de no ratificación para efectos pensionables y
de antigüedad en el cargo, debiendo regularizarse, con arreglo a ley, los
aportes correspondientes al periodo no laborado. Dispone la notificación a las
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
SS.
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE ROCA