LIMA
NILO RAÚL PALACIOS GARCÍA
En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante del magistrado Aguirre Roca, adjunto, y el voto dirimente del magistrado García Toma
Recurso extraordinario interpuesto por don Nilo Raúl Palacios García contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 240, su fecha 9 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
El recurrente, con fecha 28 de agosto de 2001, interpone acción de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se dejen sin efecto el Acuerdo del Pleno del 8 de junio de 2001, en la parte que no lo ratifica en el cargo de Vocal Superior del Distrito Judicial de Ayacucho; y la Resolución N.° 050-2001-CNM, del 11 de junio de 2001, mediante la que se deja sin efecto su nombramiento y se cancela su título. En consecuencia, solicita que se ordene su inmediata reposición en el referido cargo. Expresa que al no ser ratificado por el CNM, y no permitírsele postular a un cargo similar, se están lesionando –entre otros– sus derechos fundamentales a la inamovilidad en el cargo jurisdiccional, al debido proceso y a una legítima defensa, ya que no se le ha concedido la posibilidad de conocer las razones que sirvieron para no ratificarlo, pues no se le comunicaron los cargos que existían en su contra. Manifiesta que la cuestionada resolución carece de motivación alguna, con lo cual, resulta nula e injusta.
El Consejo Nacional de la Magistratura y la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, contestan la demanda solicitando que sea declarada improcedente o, alternativamente, infundada. Alegan, de un lado, que no se ha vulnerado derecho alguno, pues el Consejo actuó en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 154° de la Constitución; y, de otro, que en atención a lo dispuesto en el artículo 142º de la Carta Magna, las resoluciones que emita el Consejo Nacional de la Magistratura no son revisables en sede judicial.
El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de febrero de 2002, declaró improcedente la demanda, por estimar que, conforme al artículo 142° de la Constitución Política del Perú, las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces no son revisables en sede judicial.
La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
1.
Como
ya lo ha expresado este Colegiado en el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC –caso
Luis Felipe Almenara Bryson–, resulta objetable el raciocinio utilizado en sede
judicial para justificar la improcedencia declarada, pues se ha renunciado al
deber de merituar, desde la perspectiva de cualquier juzgador constitucional,
si la regla contenida en el artículo 142° de la Constitución admite una
exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son
de dos tipos y conviene reiterarlas una vez más:
a) El hecho de que una norma
constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido textual, no
significa que la función del operador del Derecho se agote en un
encasillamiento elemental o particularizado, en el que se ignore o minimice los
contenidos de otros dispositivos constitucionales, tanto más cuando resulta
claro que aquellos resultan siendo no un simple complemento sino, en muchos
casos, una obligada fuente de referencia, por su relación o implicancia con el
dispositivo examinado. Lo cierto es que las consideraciones sobre un
determinado dispositivo constitucional sólo pueden darse cuando se desprendan
de una interpretación integral de la Constitución, y no de una parte o de un
sector de ella como parecen entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces
de la jurisdicción ordinaria.
b) En torno a ello, para este
Colegiado queda claro que, cuando el artículo 142° de la Constitución establece
que no son revisables en sede judicial las resoluciones del CNM en materia de
evaluación y ratificación de jueces, el presupuesto de validez de dicha
afirmación reposa en la idea de que las funciones que le han sido conferidas a
dicho organismo, hayan sido ejercidas con los límites y alcances que la
Constitución le otorga, y no con otros distintos, que puedan convertirlo en un
ente que opera fuera o al margen de la norma que le sirve de sustento. No se
trata de otra cosa que de los llamados poderes constituidos, que son aquellos
que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal
característica los convierta en entes autárquicos que desconozcan o hasta
contravengan lo que la misma Carta les impone. El CNM, como cualquier órgano
del Estado, no es ilimitado en sus funciones, pues resulta indiscutible que
éstas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos
en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no serán revisables
en sede judicial en tanto no contravengan la Carta, lo que supone, contrario sensu, que si son ejercidas de
una forma tal que desvirtúan el cuadro de valores materiales o los derechos
fundamentales que la Constitución reconoce, no existe ni puede existir ninguna
razón que invalide o deslegitime el control jurisdiccional efectivo. En dicho
contexto, este Tribunal no sólo puede, sino que debe ingresar a evaluar el tema
de fondo, a efectos de determinar si se han vulnerado o no los derechos
reclamados; sin que, por contrapartida, pueda alegarse ningún tipo de función
exclusiva o excluyente o ningún campo de pretendida invulnerabilidad.
2.
No
obstante, aun cuando la función de ratificación ejercida por el Consejo
Nacional de la Magistratura excepcionalmente puede ser revisada en los
supuestos de ejercicio irregular, en el presente caso no se encuentran razones
objetivas que permitan considerar que tal situación se ha presentado y que, por
consiguiente, se han vulnerado, los derechos constitucionales invocados.
3.
En
efecto, la institución de la Ratificación de Magistrados no tiene por finalidad
que el CNM se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye, más
bien, un voto de confianza, que nace del criterio de conciencia de cada
Consejero sobre la manera cómo se ha desenvuelto el Magistrado durante los 7
años en que ejerció su función. De allí que la validez constitucional de este
tipo de decisiones no dependa de que esté motivada, sino de que haya sido
ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la
Magistratura) dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional
se coloca (jueces y fiscales cada 7 años). En ello, precisamente, reside su
diferencia con la destitución por medida disciplinaria, que, por tratarse de
una sanción y no de un voto de confianza, sí debe motivarse a fin de preservar
el debido proceso de quien es procesado administrativamente.
4.
Por
lo tanto, el hecho de que la decisión adoptada por el Consejo, no haya
precisado las razones o motivos por los que no ratifica al recurrente y que,
por consiguiente, no pueda éste encontrarse habilitado para cuestionarlas, no
puede interpretarse como una vulneración de sus derechos constitucionales, sino
como el ejercicio regular de una función reconocida con tales contornos o
características por la propia Constitución, desde que, como se reitera, se
trata de una cuestión de confianza, y no del ejercicio de una potestad
entendida como sancionatoria.
5.
Sin
embargo, resta precisar que si se asume que la no ratificación del recurrente
no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse, como que
por encontrarse en dicha situación, se encuentre impedido de reingresar a la carrera
judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no ratificación es
un acto sustentado en la confianza, mal puede concebirse que los no ratificados
no puedan volver a postular a la Magistratura, cuando tal prohibición no rige,
incluso, para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal
incongruencia nace de la propia Constitución, y ésta debe interpretarse de
manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce,
para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 154°,
inciso 2) no puede impedir en modo alguno el derecho del demandante a postular
nuevamente a la Magistratura, quedando por tanto salvado su derecho dentro de
los términos y alcances establecidos por este mismo Colegiado.
6.
Por
consiguiente, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos
constitucionales reclamados, la demanda deberá desestimarse, razón por la que
se deja a salvo el derecho del recurrente, si lo considera pertinente, para
postular nuevamente a la Magistratura.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,
Ha resuelto
Declarar INFUNDADA la acción de amparo.
Notifíquese y publíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
EXP. N.° 2927-2003-AA/TC
LIMA
NILO RAÚL PALACIOS GARCÍA
Dejo aquí constancia —sin perjuicio
del debido respeto por la opinión de mis distinguidos colegas— de que disiento
del FALLO o parte dispositiva de esta Sentencia, así como de su fundamentación, toda vez que estimo que
cuando la Constitución, en su artículo 154.2, habla de «proceso de
ratificación», a mi juicio se refiere, precisamente, a un proceso, esto es, a una tramitación rodeada de las respectivas
garantías, entre las cuales figuran, por lo menos, el derecho de defensa, el de
reconsideración y el de la de motivación escrita de las resoluciones respectivas,
debidamente concordadas con los hechos probados a lo largo del proceso, tal
como lo manda el artículo 139°, inciso 5), de la Constitución, y no a simples
votos de conciencia y secretos, y,
por añadidura, inimpugnables como fluye de los fundamentos 3 y 4 de la presente
sentencia. Por otro lado, cuando la Constitución dice, en el mismo artículo
citado, que el no ratificado no podrá reingresar al Poder Judicial ni al
Ministerio Público, dice eso, precisamente, y no, como se estima en el
fundamento 5. de la Sentencia de autos, lo contrario, esto es, que sí puede
hacerlo. Y justamente por ello, por ser tan traumática y severa la decisión de
no ratificación, el correspondiente proceso debe estar rodeado, por lo menos,
de las garantías mínimas del debido proceso, incluyendo las indicadas líneas
arriba, esto es, las de defensa y de la motivación escrita de las resoluciones
respectivas.
SR.
AGUIRRE
ROCA