LIMA
ESCALANTE
MONTESINOS
SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del
mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Jackeline Montesinos Cuba contra la sentencia de la Sexta
Sala Penal Para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 374, su fecha 25 de agosto de 2003, que declara improcedente la
acción de hábeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de julio de
2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus a favor de Cristian Pedro
Montesinos Cuba, y la dirige contra la juez del Trigésimo Cuarto Juzgado
Especializado Penal, Dra. Nelly Aranda Cañote, y la Cuarta Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada
por los vocales Carlos Ventura Cueva, Juan Manuel Rossell Mercado y Hermilio
Vigo Zevallos; fundamentando su demanda en la detención arbitraria del
beneficiario y la transgresión de sus derechos constitucionales a la presunción
de inocencia, a la defensa y al debido proceso. Refiere que al favorecido se le
procesa en el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal a cargo de la emplazada, por el
delito contra la libertad sexual; y que, habiéndose dictado mandato de
detención en su contra, solicitó en dos oportunidades la variación de la
medida, lo que fue declarado improcedente, agregando que la supuesta agraviada
señaló que el beneficiario no había participado en los hechos instruidos, sino
presenciado su ejecución, afirmación que motivó que apelara del mandato, lo que
fue arbitrariamente confirmado por los vocales emplazados. Añade que el proceso
fue totalmente irregular, razón por la cual recusó a la emplazada, quien
rechazó de plano su pedido, señalando fecha y hora para el Informe Oral
solicitado y para la lectura de sentencia.
Realizada la investigación
sumaria, la accionante se ratifica en los términos de su demanda, en tanto que
la juez emplazada sostiene que no existe amenaza ni vulneración constitucional
alguna, y que el proceso seguido al actor se desarrolló en forma regular. Por
su parte, los vocales emplazados, durante sus declaraciones explicativas,
manifestaron de manera uniforme que conocieron de la impugnación al mandato, y
que lo confirmaron por encontrarse con arreglo a ley y de acuerdo con su
criterio de conciencia. Asimismo, que posteriormente, el Colegiado recepcionó
en vía incidental la solicitud de libertad provisional del beneficiario,
petición que fue remitida y resuelta por el Colegiado B, puesto que los
emplazados habían sido recusados por dudar de su imparcialidad.
El Quincuagésimo Segundo
Juzgado Penal de Lima, con fecha 1 de agosto de 2003, declaró improcedente la
demanda, por considerar que no existe vulneración constitucional en la decisión
de los emplazados, porque el proceso seguido al beneficiario fue llevado en
forma regular, y que este, en su oportunidad, hizo uso de los recursos que
faculta la ley.
La recurrida confirmó la
apelada, con los mismos argumentos.
FUNDAMENTOS
1.
El
actor considera que se amenaza su derecho a la libertad individual y se
vulneran sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a la
defensa y al debido proceso, argumentando que el proceso penal seguido en su
contra ha sido tramitado en forma irregular en ambas instancias.
2.
La
Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.º 23506 precisa que las acciones de garantía no
proceden contra resoluciones judiciales emanadas dentro de un proceso regular;
enunciado que se complementa con el artículo 10 de la Ley N.º 25398, que
dispone que las anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular,
deberán ventilarse y resolverse al interior del mismo, mediante el ejercicio de
los recursos que las normas procesales específicas establecen.
3.
De
autos se acredita que el proceso seguido al beneficiario se tramitó en forma
regular, y que este ejerció, a plenitud, sus derechos constitucionales; así,
durante su declaración instructiva se contó con la presencia del Defensor de
Oficio del Ministerio de Justicia, Dra. Zamora Santillán, conforme se acredita
con las copias certificadas de fojas 125 a 136 de autos, patrocinio que
posteriormente fue ejercido por el letrado de su elección, Dr. Juan Quispe
Joro, conforme se acredita con las copias certificadas de la designación, de
fojas 158 a 159; asimismo, en su oportunidad hizo uso de los medios de defensa
que franquea la ley procesal específica, ya sea solicitando la variación del
mandato (f. 173-176), reiterando su solicitud de variación (f. 232-234), o
apelando la resolución que declara improcedente la variación de la medida
coercitiva de detención (f.190-193). Finalmente, en el uso irrestricto de los
recursos procesales tendientes a lograr su excarcelación, solicitó libertad
provisional en dos oportunidades, la primera con fecha 10 diciembre de 2002 (f.
150), la segunda con fecha 4 de febrero de 2004 (f. 213-216), y solicitó,
además, libertad incondicional (f. 153-155); de lo cual se colige que carece de
sustento la demanda, al no acreditarse en autos la amenaza y vulneración
constitucional invocadas; por consiguiente, resulta de aplicación el artículo
10° de la Ley N.° 25398 y el art. 6º, inciso 2), de la Ley N.º 23506.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
Declarar
IMPROCEDENTE la acción de hábeas
corpus.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA