EXP.
N.° 3054-2003-HC/TC
APURÍMAC
RICHARD ROQUE QUISPE
VISTO
El recurso extraordinario interpuesto por don
Richard Roque Quispe contra la resolución de la Sala Mixta
Descentralizada e Itinerante de Andahualylas Chincheros de la Corte Superior de
Justicia de Apurímac, de fojas 49, su fecha 22 de setiembre de 2003, que,
confirmando la apelada, declaró de plano improcedente la acción de hábeas corpus
de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que
la demanda se sustenta en que los emplazados, sin mayor trámite y sin revisar
las irregularidades, incrementaron la condena del recurrente, convalidando con
ello la deficiente conducción del proceso, actuación de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia de la República que vulnera la ley y los derechos
constitucionales del accionante.
2.
Que
de las copias anexadas y los recaudos de la demanda (f. 17 - 25)
se advierte que no existe conexión
entre los hechos expuestos en el petitorio y las personas contra las que
va dirigida la acción, puesto que esta se interpone contra los integrantes de
la Sala Penal Itinerante de Andahuaylas de la Corte Superior de Justicia de
Apurímac, por supuestas irregularidades
atribuidas a la Sala Especializada
Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, que es la que
conoce del recurso de nulidad; en consecuencia, los emplazados son ajenos a la
resolución expedida por el Tribunal Supremo
de la República y distintos, por ende, a quienes se les atribuye la
vulneración constitucional.
3.
Que
mediante resolución de fecha 3 de setiembre de 2003, corriente a fojas 35, el
Juzgado Penal de Andahuaylas declaró improcedente in límine la demanda, estimando que los emplazados actuaron en el
ejercicio regular de sus funciones, lo que fue posteriormente confirmado por la
Sala Mixta de Andahuaylas de la Corte Superior de Apurímac.
4. Que el artículo 6º de la Ley N.º 23506 precisa en qué casos las acciones de garantía resultan manifiestamente improcedentes, en tanto que el artículo 14º de la Ley N.º 25398, establece que en los supuestos enumerados estas pueden ser rechazadas de plano; de lo cual se colige que las causales de improcedencia están señaladas por ley y que la facultad de rechazo in límine no puede ser entendida como una opción absolutamente discrecional de los jueces constitucionales, sino como una alternativa que solo cabe elegir cuando no exista ningún margen de duda respecto de la configuración de los supuestos de hecho consignados en dichos dispositivos; es decir, que no se presente controversia alguna con relación a las variables de improcedencia, lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, tal dispositivo resulta impertinente.
5. Que, en ese sentido, no pueden afirmar las instancias precedentes que los emplazados han actuado en el ejercicio regular de sus funciones, pues para llegar a tal conclusión se hace indispensable, como ya se ha referido en el párrafo precedente, que la improcedencia sea indiscutible. De autos no se evidencia tal carácter irrefutable, pues los documentos aportados resultan insuficientes para resolver la improcedencia liminar, siendo necesaria la actuación de elementos probatorios, tales como el análisis de la ejecutoria suprema cuestionada, las declaraciones de los emplazados o copias certificadas de los actuados judiciales pertinentes. En consecuencia, procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a trámite la acción de hábeas corpus.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar NULO
todo lo actuado desde fojas 35 y ordena remitir los actuados a la Corte
Superior de Justicia de Apurímac, para los fines de ley.
Publíquese y notifíquese
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA