EXP. N.° 3234-2003-AA
LIMA
JOSÉ AMADOR CHÁVEZ
ARIAS
En
Lima, a los 8 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Aguirre
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso
extraordinario interpuesto por don José Amador Chávez Arias contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 83, su fecha 10 de julio de
2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con
fecha 17 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable
la Resolución N.° 17456-97-ONP/DC, mediante la cual se le otorgó una pensión
con arreglo al Decreto Ley N.° 25967; y solicita que dicha pensión se fije de
acuerdo con lo que disponen el Decreto Ley N.° 19990 y la Ley N.° 25009, más
los incrementos decretados por el Gobierno Central, manifestando que trabajó en
la empresa Centromín Perú S.A. desde el 17 de abril de 1957 hasta el 4 de mayo
de 1996, y que, encontrándose tal empresa en una zona minera, metalúrgica y
siderúrgica, estuvo expuesto a riegos de toxicidad, insalubridad y
peligrosidad, al realizar sus labores, por lo que durante todo el tiempo que
trabajó, se le abonó la bonificación por tóxico.
La
emplazada contesta solicitando que se declare improcedente la demanda, alegando
que el amparo no es la vía idónea en la medida en que el pronunciamiento ha
sido expedido teniendo en consideración elementos probatorios suficientes que
justifican el otorgamiento de un derecho, situación que no puede ser
materializada en la acción de amparo, al carecer de estación probatoria;
agregando que al demandante se le otorgó pensión de jubilación bajo los
alcances del Decreto Ley N.° 19990, al no haber acreditado haber estado
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, ya que laboró
como auxiliar analista en el departamento de Administración.
El
Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de
noviembre del 2002, declaró infundada la demanda por considerar que a la
entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, esto es, al 18 de diciembre de
1992, el actor contaba sólo 54 años de edad; consecuentemente, antes de la
fecha indicada no había adquirido su derecho pensionario bajo el régimen del
Decreto Ley N.° 19990 ni bajo el régimen de la Ley N.° 25009, de Jubilación
Minera, por no haber acreditado estar expuesto a riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad.
La
recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, por
considerar que a la dación del Decreto Ley N.° 25967 el actor contaba 54 años
de edad y 32 años de aportaciones; es decir, que no alcanzaba la edad necesaria
para asegurar su pensión adelantada conforme al Decreto Ley N.° 19990;
agregando que el certificado de trabajo adjuntado a la demanda no es prueba
suficiente que demuestre su calidad de trabajador minero.
1.
El
recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución N.°
17456-97-ONP/DC y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación
minera conforme a los términos y condiciones de la Ley N.° 25009, de Jubilación
de Trabajadores Mineros, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.°
029-89-TR y el Decreto Ley N.° 19990.
2.
El segundo
párrafo del artículo 1° de la Ley N.° 25009, de Jubilación de Trabajadores
Mineros N.° 25009, dispone que “(...) los trabajadores que laboren en centros
de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los
50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén
expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala
establecida en la presente ley (...)”.
3.
De la
resolución cuestionada y de la hoja de liquidación obrantes a fojas 3 y 4,
respectivamente, se acredita que el recurrente, a la fecha de su cese, esto es,
al 4 de mayo de 1996, contaba 54 años de edad y 36 años de aportaciones.
Asimismo, conforme se desprende del certificado de trabajo expedido por la
empresa minera del Centro del Perú S.A., Centromín Perú S.A., a fojas 6, el
recurrente se desempeñó en diversos cargos, tales como operario, tarjador
segundo y en el manipuleo de materiales como auxiliar analista, en la planta de
La Oroya, estando expuesto a los riesgos enumerados en el fundamento 2, supra.
4.
Consecuentemente,
al haberse acreditado que el actor reúne los requisitos para gozar de pensión
de jubilación minera al amparo de la Ley N.° 25009, la demanda debe ser
estimada.
FALLO
Por los fundamentos
expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,
1.
Declarar
FUNDADA la acción de amparo.
2.
Ordena
que la emplazada otorgue al demandante pensión de jubilación minera, conforme a
lo dispuesto por el Decreto Ley N.° 19990, más el pago de los reintegros
correspondientes.
Publíquese y notifíquese.
SS.
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA