LIMA
GERARDO ADÁN SOTO QUIROZ
En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Gerardo Adán Soto Quiroz contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 14 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
El recurrente, con fecha 28 de setiembre de 2001, interpone acción de amparo contra el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se dejen sin efecto el Acuerdo del Pleno del 15 y 16 de agosto de 2001, en la parte que no lo ratifica en el cargo de Vocal Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque; y la Resolución N.° 159-2001-CNM, del 17 de agosto de 2001, mediante la que se deja sin efecto su nombramiento y se cancela su título. En consecuencia, solicita se ordene su inmediata reposición en el cargo. Sostiene que ha sido separado a pesar de que durante años se ha desempeñado con justicia y equidad; que, al no ser ratificado por el CNM y no permitírsele postular a cargo similar, se están lesionando –entre otros– sus derechos fundamentales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones y a una legítima defensa, toda vez que en la entrevista no se le imputaron los cargos que sirvieron para no ratificarlo; y que la cuestionada resolución carece de motivación, pues dispone su no ratificación sin justificación alguna, con lo cual resulta nula e injusta.
El Consejo Nacional de la Magistratura y la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, contestan la demanda solicitando que se la declarada improcedente o, alternativamente, infundada. Alegan, de un lado, que no se ha vulnerado derecho alguno, pues el Consejo actuó en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 154° de la Constitución; y, de otro, que, en atención a lo dispuesto en el artículo 142º de la Carta Magna, las resoluciones que emita el CNM no son revisables en sede judicial.
El Sexagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de setiembre de 2002, declaró improcedente la demanda, en virtud a lo expuesto en el artículo 142° de la Constitución.
La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
1.
Como
ya lo ha expresado este Colegiado en el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC –caso
Luis Felipe Almenara Bryson–, resulta objetable el raciocinio utilizado en sede
judicial para justificar la improcedencia declarada, pues se ha renunciado al
deber de merituar, desde la perspectiva de cualquier juzgador constitucional,
si la regla contenida en el artículo 142° de la Constitución admite una
exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son
de dos tipos y conviene reiterarlas una vez más:
a) El hecho de que una norma
constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido textual, no
significa que la función del operador del Derecho se agote con un
encasillamiento elemental o particularizado, en el que se ignore o minimice los
contenidos de otros dispositivos constitucionales, tanto más cuando resulta
claro que aquéllos resultan siendo no un simple complemento sino, en muchos
casos, una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el
dispositivo examinado. Lo cierto es que las consideraciones sobre un determinado
dispositivo constitucional sólo pueden darse cuando se desprenden de una
interpretación integral de la Constitución, y no de una parte, o de un sector
de ella, como parecen entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces de la
jurisdicción ordinaria.
b) En torno a ello, para este
Colegiado queda claro que, cuando el artículo 142° de la Constitución establece
que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de
la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, el
presupuesto de validez de dicho dispositivo reposa en la idea de que las
funciones que le han sido conferidas a dicho organismo hayan sido ejercidas
bajo los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no bajo otros
distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la
misma norma que le sirve de sustento. En el fondo no se trata de otra cosa que
de los llamados poderes constituidos, que son aquéllos que operan con plena
autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los
convierta en entes autárquicos que desconozcan o hasta contravengan lo que la
misma Carta les impone. El CNM, como cualquier órgano del Estado, no es
ilimitado en sus funciones, pues resulta indiscutible que éstas no dejan en
ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la Norma
Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no serán revisables en sede
judicial en tanto no contravengan la Carta, lo que supone, contrario sensu, que si son ejercidas de una forma tal que desvirtúan
el cuadro de valores materiales o los derechos fundamentales que la
Constitución reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o
deslegitime el control jurisdiccional efectivo. En dicho contexto este Tribunal
no sólo puede, sino que debe ingresar a evaluar el tema de fondo, con el fin de
determinar si se han vulnerado o no los derechos reclamados, sin que por
contrapartida, pueda alegarse ningún tipo de función exclusiva o excluyente, o
ningún campo de pretendida invulnerabilidad.
2.
No
obstante, aun cuando la función de ratificación ejercida por el CNM
excepcionalmente puede ser revisada en los supuestos de ejercicio irregular, en
el presente caso no se encuentran razones objetivas que permitan considerar que
tal situación se ha presentado y que, por consiguiente, se ha vulnerado los
derechos constitucionales invocados.
3.
En
efecto, la institución de la Ratificación de Magistrados no tiene por finalidad
que el CNM se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye, más
bien, un voto de confianza, que nace del criterio de conciencia de cada
Consejero, sobre la manera cómo se ha desenvuelto el magistrado durante los 7
años en que ejerció su función. De allí que la validez constitucional de este
tipo de decisiones no dependa de que esté motivada, sino de que haya sido
ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la
Magistratura), dentro de los supuestos en los que la propia norma
constitucional se coloca (jueces y fiscales cada 7 años). En ello, precisamente,
reside su diferencia con la destitución por medida disciplinaria que, por
tratarse de una sanción y no de un voto de confianza, sí debe motivarse a fin
de preservar el debido proceso de quien es procesado administrativamente.
4.
Por
lo tanto, el hecho de que la decisión adoptada por el Consejo no haya precisado
las razones o motivos por los que no ratifica al recurrente y que, por
consiguiente, no pueda éste encontrarse habilitado para cuestionarlas, no puede
interpretarse como una vulneración de sus derechos constitucionales, sino como
el ejercicio regular de una función reconocida con tales contornos o
características por la propia Constitución, desde que, como se reitera, se
trata de una cuestión de confianza, y no del ejercicio de una potestad entendida
como sancionatoria.
5.
Sin
embargo, conviene precisar que, si se asume que la no ratificación del
recurrente no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse
como que, por encontrarse en dicha situación, se encuentre impedido de reingresar
a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no
ratificación es un acto sustentado en la confianza, mal puede concebirse que
los no ratificados no puedan volver a postular a la Magistratura, cuando tal
prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida
disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y ésta
debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las
instituciones que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura
razonable de su artículo 154°, inciso 2), no puede impedir en modo alguno el
derecho del demandante a postular nuevamente a la Magistratura, quedando, por
tanto, salvado su derecho dentro de los términos y alcances establecidos por este
mismo Colegiado.
6. Por consiguiente, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales reclamados, la demanda no puede ser estimada, aunque se deja a salvo el derecho del recurrente, para, si lo considera pertinente, postular nuevamente a la Magistratura.
FALLO
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú la confiere,
Ha resuelto
Declarar INFUNDADA la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese
SS.
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
GARCÍA TOMA