LIMA
JOSÉ VÍCTOR CASTRO LEANDRO
En Lima, a los 12 días
del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso
extraordinario interpuesto por don José Víctor Castro Leandro contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 69, su fecha 30 de julio de 2003, que declara infundada la acción de
amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente,
con fecha 11 de septiembre de 2002, interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se declare
la nulidad de la Resolución N.° 32198-97-ONP/DC, de fecha 15 de septiembre de
1997, pues considera que ella vulnera su derecho a la seguridad social y el
reconocimiento constitucional a los derechos adquiridos en materia pensionaria.
Sostiene que se le ha otorgado una pensión de jubilación conforme al Decreto
Ley N.° 25967, a pesar de que antes de su entrada en vigencia cumplía los requisitos
para obtener una pensión conforme a las disposiciones de la Ley N.° 25009,
concordante con el Decreto Ley N.° 19990.
La ONP
manifiesta que el recurrente cumplió los requisitos para obtener una pensión de
jubilación adelantada, luego de la fecha en que entró en vigencia el Decreto
ley N.° 25967, es decir, luego del 19 de diciembre de 1992, razón por la cual
dicho Decreto Ley era de plena aplicación a su caso. Afirma que el demandante
no ha acreditado fehacientemente tener derecho a una pensión de jubilación
conforme a la Ley N.° 25009, aplicable a los trabajadores mineros.
El
Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 de
enero de 2003, declara fundada la demanda, por considerar que el 31 de agosto
de 1996, fecha en que el recurrente cesó en sus actividades laborales, cumplía
los requisitos para obtener una pensión de jubilación con arreglo a la Ley N.°
25009 y el Decreto Ley N.° 19990.
La
recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar
que el recurrente cumplió los requisitos para obtener una pensión de jubilación
adelantada, después de la fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.°
25967, motivo por el cual éste era de aplicación a su caso. Asimismo,
manifiesta que el recurrente no cumple los requisitos para obtener una pensión
de jubilación con arreglo a la Ley N.° 25009.
FUNDAMENTOS
1. Conforme se aprecia en la resolución cuestionada, a fojas 2, el recurrente solicitó su pensión de jubilación adelantada, requiriendo para tales efectos contar 55 años de edad y 30 años de aportación.
2. De análisis de autos queda acreditado que el recurrente cumplió 55 años de edad en el año 1996, esto es, cuando ya se encontraba en vigencia el Decreto Ley N.° 25967; por tal motivo resultaba legítima la aplicación a su caso de tal Decreto Ley.
3. Por otra parte, el recurrente asevera cumplir los requisitos para obtener una pensión de jubilación minera, conforme a la Ley N.° 25009.
No obstante, de la documentación obrante a fojas 3, 65 y 66, se aprecia que ha laborado en el centro metalúrgico de la empresa CENTROMÍN PERÚ S.A., específicamente desempeñándose en las secciones de Golf Club y Administración, lo que no acredita que se haya encontrado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, conforme lo exige el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N.° 25009.
Por
los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política le confiere,
Ha
resuelto
Declarar INFUNDADA la acción de amparo.
Publíquese
y notifíquese.
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE
ROCA
GONZALES
OJEDA