EXP. N.° 3447-2003-AA/TC
PIURA
NÉSTOR ALBERTO
AGURTO TORRES
Lima, 17 de
marzo de 2004
VISTO
El recurso extraordinario interpuesto por don Néstor Alberto Agurto Torres contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 52, su fecha 3 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que, con
fecha 5 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Distrital de Castilla, a fin de que se lo reponga en el cargo que
venía desempeñando hasta antes de su despido arbitrario. Manifiesta haber sido
contratado desde el 11 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002,
habiendo acumulado más de tres años de servicios ininterrumpidos, por lo que
resulta aplicable a su caso la Ley N.° 24041, que establece que los servidores
públicos con más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto
Legislativo N.° 276, por lo que, al ignorarse dicha disposición, se ha
vulnerado su derecho a la libertad de trabajo
2.
Que el
Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 8 de agosto de 2003, declaró improcedente in límine la demanda, por considerar que
había vencido en exceso el plazo de caducidad de la acción. La recurrida
confirmó la apelada por los mismos fundamentos. En tal sentido, antes de
ingresar a evaluar el fondo de la controversia, es preciso analizar si la
demanda fue interpuesta en el plazo a que se refiere el artículo 37° de la Ley
N.° 23506.
3.
Que, al
haber dejado de trabajar el demandante desde el 31 de diciembre de 2002, a la
fecha de interposición de la presente demanda, el 5 de agosto de 2003, había
transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 37° de la Ley N.°
23506.
4. Que el plazo de caducidad de 60 días hábiles establecido por el artículo 37.° de la Ley N.° 23506, constituye una especie de sanción que castiga la negligencia y el descuido atribuidos a la conducta procesal del demandante, quien no actúa con oportunidad frente a la supuesta violación de un derecho constitucional.
Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
Declarar
improcedente la demanda.
Publíquese
y notifíquese
SS.
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA