EXP.
N.° 3490-2003-AA/TC
LIMA
MANUEL
GUISVERT IRAZÁBAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini,
Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Guisvert Irazábal
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 100, su fecha 1 de julio
de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 9 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se
le reconozca las aportaciones realizadas de los años 1950 a 1966, en aplicación
del artículo 57° del Decreto Supremo N.° 011-74-TR, y que se ordene que la
emplazada emita una nueva resolución reconociendo las aportaciones desconocidas
por la Resolución N.° 09816-2000-ONP/DC, alegando que dicha resolución vulnera
su derecho constitucional a la seguridad social.
La emplazada propone la excepción de caducidad, y contesta la demanda
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, aduciendo que la acción de
amparo no es la vía idónea para la declaración de un derecho como la pensión de
jubilación, por carecer de estación probatoria.
El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha
14 de enero de 2003, declaró infundada la excepción propuesta e improcedente la
demanda, por considerar que la acción de amparo no es la vía idónea para tales
efectos, pues ésta no genera derechos ni modifica los otorgados, sino que
tutela los preexistentes constitucionalmente, pues al generarlos – como
pretende el actor – se estaría desvirtuando su carácter tutelar, que debe
circunscribirse únicamente a declarar la violación de un derecho
constitucional.
La recurrida confirmó la apelada, por considerar que no es posible
establecer de manera objetiva, si los años de aportación reconocidos por la
Oficina de Normalización Previsional (13 años y 9 meses) incluyen o no el
período cuyo reconocimiento reclama el actor, porque éste no se ha especificado
en la Resolución N.° 09816-2000-ONP/DC, del 26 de abril del 2000, mediante la cual
se le denegó su pensión de jubilación.
FUNDAMENTOS
1. Este
Colegiado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto a la excepción
de caducidad precisando que, debido a la naturaleza del derecho pensionario, no
es deducible tal excepción en este tipo de procesos, porque los actos que
constituyen la afectación de los derechos son continuados, por lo que es de
aplicación el segundo párrafo del artículo 26° de la Ley N.° 25398.
2. De
otro lado, si bien es cierto que el proceso previsto para la acción de amparo
es de naturaleza especial y sumarísima y que no tiene etapa probatoria, de las
instrumentales de autos se puede verificar, en aplicación de la normatividad
vigente a la fecha, lo siguiente:
a) A
fojas 7 corre la Constancia N.° 662-ORCINA-GOP-GCICC-IPSS-93, de fecha 20 de
agosto de 1993, mediante la cual el antiguo Instituto Nacional de Seguridad
Social reconoce al recurrente 538 semanas de aportaciones acreditadas en su
cuenta individual nacional de asegurados, de los años 1950 a 1959, 1961 a 1962
y 1964 a 1966, las mismas que equivalen a 10 años, 18 semanas de aportaciones,
indicando, asimismo, que su N.° de inscripción es el 23-0632625-30, y que
acreditaba aportaciones desde el año 1950, solicitando su continuación en el
Seguro Social Obrero como asegurado facultativo y no como asegurado
independiente, hecho que es aceptado por la autoridad competente teniendo en
cuenta lo normado por los artículos 5° y 10° de la Ley N.° 8433, para los
trabajadores obreros.
b) A
fojas 13 obra copia autenticada de la Resolución N.° 271-64, expedida por la
Caja Nacional del Seguro Social, del 17
de marzo de 1964, mediante la cual se inscribe al recurrente en el seguro
facultativo para todos los riesgos previstos en la Ley N.° 8433. Cabe resaltar
que esta resolución indica que el asegurado, a esa fecha, contaba con la
Libreta de Cotizaciones N.° 23-0632625-30, en la cual ya acreditaba
aportaciones desde el año 1950.
c) De lo
dicho se colige que el recurrente inició sus aportaciones al Seguro Social
Obrero en el año 1950, como asegurado obligatorio, y que al dejar de trabajar
en relación de dependencia, solicitó su continuación como asegurado facultativo
en el año 1964, habiendo acreditado hasta entonces 10 años y 18 semanas de
aportaciones.
d) Ni de
autos ni con los argumentos esgrimidos por la Oficina de Normalización
Previsional en las Resoluciones que deniegan la pensión de jubilación, y
declaran infundadas su revisión y posterior apelación, se ha acreditado la
invalidez de las referidas aportaciones. Además, al haberse producido la
sustitución del Seguro Social Obrero por el Sistema Nacional de Pensiones,
creado por el Decreto Ley N.° 19990, se dispuso en su Reglamento, artículo 57°
del Decreto Supremo N.° 011-74-TR, que “los períodos de aportación no perderán
su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas
por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de
1973”. Por consiguiente, no obrando en autos ninguna resolución judicial
consentida o ejecutoriada que declare la caducidad de las aportaciones
efectuadas por el recurrente en el período comprendido entre los años 1950 y
1966, emitida con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, dichas aportaciones se
deben considerar con plena validez pensionable.
3. Adicionalmente,
ya en plena vigencia del Decreto Ley N.° 19990, el recurrente solicitó
inscripción como asegurado facultativo independiente, lo cual le fue concedido
por el Instituto Nacional de Seguridad Social a partir del mes de abril de
1983, mediante las Resoluciones que obran a fojas 14, 15 y 16. De conformidad
con el artículo 54°, Decreto Supremo N.° 011-74-TR, para acreditar sus
aportaciones, el actor presentó, de fojas 17 a 30, comprobantes de pago que
acreditan 13 años y 1 mes de aportaciones adicionales a las anteriormente
citadas.
4. Por lo
tanto, de conformidad con los artículos 70°, Segunda y Cuarta Disposición
Transitoria del Decreto Ley N.° 19990, y 54°, 56° y 57° del Decreto Supremo N.°
011-74-TR, el recurrente acredita 23 años completos de aportaciones hasta febrero
de 1990 y, habiendo cumplido 60 años de edad el 30 de junio de 1992, le
corresponde percibir pensión de jubilación según lo previsto en el artículo 38°
del Decreto Ley N.° 19990, al haber reunido los requisitos para el goce y
cálculo de la pensión inicial, no siendo aplicable al caso de autos el Decreto
Ley N.° 25967.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que la Constitución Política del Perú le cconfiere,
1. Declarar
FUNDADA; en consecuencia,
inaplicables las Resoluciones N.os 09816-2000-ONP/DC,
18981-2000-DC-ONP, y 4524-2000-GO/ONP, de fechas 26 de abril, 30 de junio y 27
de noviembre del 2000.
2. Ordenar
que la demandada expida nueva resolución otorgando pensión de jubilación al demandante
con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley N.° 19990, con el pago de los
reintegros correspondientes.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA