EXP. N.° 0041-2004-AI/TC

LIMA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

                                                                                 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 23 de marzo de 2005

 

VISTA

 

            La solicitud de aclaración de la sentencia de autos presentada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, de fecha 17 de marzo de 2005; y,

 

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que, conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N.° 28237, “Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna (...)” salvo que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera (...) aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido”.

 

2.      Que la aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión que se haya advertido, siempre y cuando tal precisión sea relevante para lograr los fines que persiguen los procesos constitucionales.

 

3.      Que la Municipalidad de Santiago de Surco considera que este Tribunal Constitucional realizó una motivación escueta respecto de la Ordenanza N.° 172-MSS, y, más aún, no hizo ninguna motivación para declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.° 171-MSS. Al respecto, debemos precisar que no sólo los fundamentos 64 a 69 de la Sentencia de autos (S en adelante) consignan razones sobre la inconstitucionalidad de las normas incoadas, sino que, extensamente y sobre todo desde los fundamentos 10 a 55, este Colegiado ha precisado claramente cuál debió ser el procedimiento de producción normativa en el caso de ordenanzas distritales que crean arbitrios.

 

Adicionalmente, en el fundamento 64 de la S, se puntualizan las razones de la inconstitucionalidad de las Ordenanzas por falta de ratificación dentro del plazo, entre las cuales también se encuentran las Ordenanzas sobre las cuales se solicita aclaración.

 

4.      Que, asimismo, la Municipalidad de Surco sostiene que este Colegiado ha incurrido en contradicción al señalar que en la emisión de las Ordenanzas cuestionadas se vulneró el principio de legalidad, cuando al mismo tiempo, en su fundamento 64, hizo mención a los Acuerdos de Concejo mediante los cuales se ratificó la legalidad y racionalidad de los costos. Sobre el particular, es evidente que no se desprende de ningún extremo de nuestra sentencia la supuesta contradicción, puesto que este Colegiado no ha obviado el hecho que las ordenanzas contaron con la respectiva ratificación; lo que se ha cuestionado, es que siendo la ratificación un elemento esencial de validez, no se haya realizado dentro de un plazo razonable, esto es, hasta la fecha precisa del 30 de abril, según las normas aplicables al caso.

 

En ese sentido, reiteramos los fundamentos en los cuales se precisa que la ratificación de la ordenanza distrital por arbitrios, para surtir efecto, debe producirse y publicarse dentro del plazo fijado por la Ley de Tributación Municipal:

 

Ø      Fundamento 17 de la STC N.° 041-2004-AI/TC: “Es claro entonces que, si una Municipalidad Distrital al emitir sus ordenanzas por arbitrios no ha cumplido con el requisito de la ratificación, no se encuentra habilitada para exigir dicho cobro a los usuarios en base a tal norma. Sin embargo, queda pendiente concordar el momento de la ratificación (validez) con la publicidad de la norma (eficacia).

 

Ø      Fundamento 19 de la STC N.° 041-2004-AI/TC: “(...) En consecuencia, el procedimiento para la producción de ordenanzas distritales en materia tributaria, requiere de la ratificación por parte del Concejo Provincial y que dicho acuerdo sea publicado (...)”.

 

Ø      Fundamento 24 de la STC N.° 041-2004-AI/TC:“En ese sentido, reiteramos que el mecanismo de ratificación es un requisito esencial de validez y la publicación del Acuerdo de Concejo, requisito esencial para su vigencia; y, por tanto, constituyen requisitos constitutivos y no meramente declarativos, como lo sostiene la Municipalidad de Surco. Cabe entonces preguntarse, qué sentido de razonabilidad tendría que un requisito necesario para la validez y vigencia de una norma, pueda establecerse indefinidamente; y qué sentido tendría que, en el caso de ordenanzas que crean arbitrios cuya vigencia es de un ejercicio fiscal, se pueda cumplir con un requisito esencial de validez, casi al finalizar dicho ejercicio o, lo que es peor, al año siguiente, ó 5 años más tarde, como en el caso de la Ordenanza N.° 003-96-O-MSS”.

 

Ø      Fundamento 25 de la STC N.° 041-2004-AI/TC:  Evidentemente, aceptar una tesis como la que sostiene el demandado, tornaría irrazonable la exigencia de la ratificación, desnaturalizando su sustento constitucional, el cual, conforme se ha señalado en los fundamentos 11 y 12, cumple la función de armonizar y racionalizar el sistema tributario municipal para una mejor garantía del servicio a los contribuyentes. 

 

Es por ello que el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal no puede interpretarse en forma aislada e incongruente respecto al parámetro de constitucionalidad; y, en ese sentido, si bien se señala que la “Ordenanza” que aprueba arbitrios deberá publicarse hasta el 30 de abril, debe entenderse que está referido a dicha ordenanza en tanto válida y vigente, es decir, debidamente ratificada y publicada a esa fecha.(...)”

 

5.      Que por otro lado, la Municipalidad Distrital de Surco cuestiona el por qué se ha considerado inconstitucional la base referencial a la UIT. A estos efectos, los fundamentos 51 a 55 de la S dan explícita respuesta a este cuestionamiento.

 

6.      Que la Municipalidad Distrital de Surco afirma también, que, mediante la S se incentiva el aumento de los índices de morosidad, dado que favorece a las personas que, habiendo recibido el servicio, nunca lo pagaron, y por ende, motivará una conciencia anti tributaria. Al respecto, este Colegiado debe reiterar que la importante labor que realizan los Municipios y la necesidad de que cuente con fondos para el otorgamiento y mantenimiento de los servicios que brindan a la comunidad. Es por ello que la S modula sus efectos en el tiempo, evitando la retroactividad de su fallo y las cuantiosas devoluciones a que hubiera dado lugar, lo cual hubiera puesto en riesgo la propia prestación del servicio municipal.

 

En consecuencia, reiteramos lo sostenido en el Fundamento 76 de la S, en el cual señalamos que:“(...) aun cuando se hable de cobros indebidos por vicio de nulidad en la producción de normas, ningún ciudadano podría desconocer que lo recaudado fue utilizado para financiar servicios finalmente brindados (...)”.

 

7.      Que, finalmente, se solicita esclarecer si es posible emplear el artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal o, de lo contrario, utilizar la Ordenanza N.° 172-MSS del ejercicio 2004, para llevar a cabo la cobranza de los servicios que la Municipalidad efectuó en el ejercicio 2005.

 

En primer lugar, se recuerda que las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de normas, tiene calidad de cosa juzgada y son vinculantes para todos los poderes públicos; por ello, es evidente que la Ordenanza N.° 172-MSS, al haber sido declarada inconstitucional, ha sido erradicada del sistema jurídico y no puede ser utilizada como base legal para el cobro de arbitrios.

 

De otro lado, respecto a la cuestión sobre cuál debe ser la norma que en su defecto corresponda ser utilizada para cobrar arbitrios en el periodo 2005, -dado que no se cuenta con ordenanza debidamente ratificada para dicho periodo-, este Tribunal reitera lo señalado en el fundamento 26 de la S y, específicamente el literal d), en el que se señala que “(...) en caso no se haya cumplido con ratificar y publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la aplicación del artículo 69-B (...)”

 

8.      Que la Municipalidad de Surco alega que esta última interpretación los conduciría a la aplicación del Decreto de Alcaldía N.° 92-MSS del año 1995, que dispone, a su vez, la aplicación de los Edictos N.os182 y 183.

 

En efecto, estas serían las normas que corresponden ser utilizar para el 2005, de acuerdo a la interpretación de la propia Ley de Tributación Municipal.

 

9.      Que al respecto, este Tribunal no soslaya la problemática que esta opción –aun cuando derivada de una correcta interpretación legal- podría generar para el propio Municipio y los contribuyentes. Y es que, tratándose de una norma de tal antigüedad, se corre el riesgo de que en su aplicación se terminen utilizando criterios de distribución que no guarden relación con el costo real de los servicios prestados; o, que no cuenten con informes técnicos que expliquen la estructura de costos; o que, finalmente, los costos de aquella época, aun con la actualización del Indice de Precios al Consumidor, no logren reflejar el verdadero costo del servicio en la actualidad.

 

De igual manera, otro aspecto a tener en cuenta y que debe evitarse, es que mediante esta opción, el contribuyente termine pagando un arbitrio mayor al que técnicamente le correspondería pagar; situación que no podría ser admitida bajo ninguna interpretación constitucional que tenga como fin lograr la justicia en la imposición.

 

10.  Que no obstante dichos riesgos, la alternativa legal consignada en el considerando 8, supra, debe ser momentáneamente aplicada, puesto que, al tratarse de servicios esenciales referidos a limpieza publica y seguridad ciudadana, es necesario e imprescindible que la Municipalidad continúe con el normal mantenimiento y prestación de los mismos, lo que podría verse amenazado si no se cuenta con base legal alguna para su cobro. Debe tomarse en cuenta, asimismo, que las Municipalidades no podrían llevar a cabo de manera eficiente dicha función sin al aporte contributivo de los ciudadanos de su jurisdicción a través del pago de arbitrios.

 

Ello se desprende del inciso 5) del artículo 195° de la Constitución Política del Perú, donde se establece que los gobiernos locales deben promover el desarrollo y la economía local, así como, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, para lo cual, son competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.

 

Lógicamente frente a este deber constitucional de las Municipalidades, de brindar servicios públicos, se encuentra el deber de los ciudadanos de su jurisdicción a contribuir en el sostenimiento de los gastos que generen la prestación y administración de los mismos. Esto supone que los costos asumidos por los contribuyentes sean los que realmente corresponden al servicio brindado, y, siendo así, que el contribuyente cumpla con el pago oportuno de su obligación tributaria.

 

11.  Que en consecuencia, la aplicación de las normas citadas en el considerando 8 supra, será provisional, en tanto la Municipalidad de Surco emita una nueva ordenanza para la regularización del cobro de arbitrios del período 2005 y sólo para este ejercicio fiscal, por tratarse de una circunstancia excepcional, debiendo utilizar los criterios de distribución desarrollados en el Exp. N.° 041-2004-AI/TC y, ser ratificada en un plazo que no exceda los 30 días hábiles, luego de la publicación de la presente Resolución. En ese sentido, se exhorta a la Municipalidad Provincial de Lima, a fin de que otorgue celeridad al trámite de ratificación, bajo las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar.

 

12.  Que esta habilitación se fundamenta en la circunstancia extraordinaria que, a consecuencia de este proceso constitucional, se ha generado respecto a la norma aplicable para el cobro de arbitrios del 2005 en el caso de la Municipalidad de Surco, toda vez que, al momento de utilizar como base de cobro la Ordenanza N.° 172-MSS (2004), esta aún se encontraba vigente y en proceso de inconstitucionalidad ante este Tribunal, presumiéndose su constitucionalidad hasta antes de emitido nuestro fallo. De este modo, atendiendo a la función pacificadora que caracteriza a todos los Tribunales Constitucionales, orientada a crear certidumbre, estabilidad y seguridad respecto de los hechos que, directa o indirectamente, sean sometidos a su conocimiento o que puedan tener lugar como consecuencia de la expedición de sus sentencias, consideramos pertinente y oportuna esta medida, sobre todo atendiendo a las circunstancias advertidas en el considerando 9, supra, de la presente resolución.

 

13.  Que, por lo demás, conforme se ha dejado constancia en la presente Resolución, salvo los considerandos N.os 7 a 12, todos los demás extremos sobre los cuales se ha solicitado aclaración, se encuentran previstos en el propio texto de la S; y, por consiguiente, no son susceptibles de aclaración.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

  

1.      Declarar HA LUGAR la solicitud de aclaración de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, en lo referido a la norma aplicable para el cobro de arbitrios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para el ejercicio 2005, conforme a lo señalado en los considerandos N.os 7 a 11.

 

2.      Declarar NO HA LUGAR a la solicitud de aclaración en los demás extremos que contiene.

 

 Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA