EXP. N.° 0050-2004-AI/TC

EXP. N.º 0051-2004-AI/TC

EXP. N.º 0004-2005-PI/TC

EXP. N.º 0007-2005-PI/TC

EXP. N.º 0009-2005-PI/TC

LIMA

COLEGIO DE ABOGADOS DEL CUSCO

COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO

MÁS DE CINCO MIL CIUDADANOS

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

Lima, 17 de junio de 2005

 

VISTAS

 

       Las solicitudes de aclaración de la sentencia de autos, de fecha 3 de junio de 2005, presentadas por el Colegio de Abogados del Cusco; por el Colegio de Abogados del Callao; por Juan Peña Figueroa y otros, en representación de más de 5,000 ciudadanos; y por  Joffré Fernández Valdivieso; todas de fecha 14 de junio de 2005; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.    Que, de conformidad con el artículo 121º del Código Procesal Constitucional (CPConst.), “tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido”.

 

2.    Que con relación a lo expuesto en la Parte II y VI de la solicitud presentada por el Colegio de Abogados del Cusco (CAC), y a la solicitud presentada por Joffré Fernández Valdivieso, es menester precisar que la aclaración se encuentra destinada a los fines previstos en el artículo 121º del CPConst., y no a convertir a este Colegiado en un “órgano de consulta”, sobre asuntos que no fueron materia del contradictorio y, consecuentemente, tampoco de la sentencia de autos.

 

Si los recurrentes consideran que los órganos públicos incurren en aplicaciones inconstitucionales de determinadas disposiciones del ordenamiento, en tanto cumplan con los presupuestos procesales exigibles, tienen expedita la vía del amparo constitucional para ventilar el asunto controvertido.

 

En el caso de  Joffré Fernández Valdivieso, cabe agregar que no ha sido parte del proceso.

 

3.    Que el CAC solicita que el Tribunal aclare si la ley de reforma, resulta aplicable a las personas que tenían la condición de viudas, huérfanos o descendientes antes de su vigencia.

 

El Tribunal Constitucional considera que no existe en este punto motivo alguno de aclaración. Como quedó establecido en la sentencia de autos, la Ley de Reforma Constitucional N.º 28389 no es inconstitucional, por lo cual, en aplicación del artículo 103º de la Constitución, sus disposiciones resultan inmediatamente aplicables a todos los beneficiarios del Decreto Ley N.º 20530, sean titulares o sobrevivientes.

 

Lo cual, desde luego, no significa que la ley de reforma pueda tener algún efecto retroactivo. Es decir, que como consecuencia del reajuste del monto de las pensiones a que pueda dar lugar su entrada en vigencia o la de la Ley N.º 28449, se pueda exigir la devolución de algún monto otorgado válidamente al amparo de la legislación precedente.

 

4.    Que el CAC solicita que se aclare qué sucede con aquellas personas que antes de la reforma reunían todos los requisitos para incorporarse al régimen del Decreto Ley N.º 20530, pero que, sin embargo, no efectivizaron su pensión por una negligencia de la Administración.

 

Al respecto, este Colegiado considera que no cabe aclaración alguna. El Fundamento 128 de la sentencia resulta meridianamente claro.

 

5.    Que el referido colegio profesional solicita que el Tribunal aclare si la constitucionalidad otorgada a la reforma se encuentra condicionada al cumplimiento de la periodicidad del reajuste de las pensiones.

 

En el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional analiza la compatibilidad formal y material entre dos fuentes formales del derecho: la ley sometida a control y la Constitución.

 

Según ha resuelto el Tribunal en la sentencia de autos, la Ley de Reforma Constitucional N.º  28389 es compatible con la Constitución. Consecuentemente, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del CPConst., dicha ley ha sido confirmada en su constitucionalidad.

 

Sin embargo, determinados actos de aplicación de una fuente plenamente compatible con la Constitución pueden resultar inconstitucionales en un caso concreto. Sobre el particular, en el Fundamento 141 de la sentencia el Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar la inconstitucionalidad (de la omisión, más no de la Ley N.º 28389 o de la Ley N.º 28449) que significaría extender la periodicidad de los reajustes de los pensionistas menores de 65 años por intervalos de tiempo irrazonables.

 

6.    Que, asimismo, el CAC solicita que este Tribunal se pronuncie en torno a la supuesta inconstitucionalidad en la que incurriría la Segunda Disposición Transitoria (SDT) de la Ley N.º 28449 que establece.

“Los jueces y fiscales que, a la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, cuenten con más de diez (10) años de servicios dentro de la respectiva carrera, que aún no hayan tramitado su incorporación al régimen del Decreto Ley N.º 20530, deben solicitarlo por escrito, en un plazo de noventa (90) días hábiles contados desde la vigencia de la presente Ley.

Vencido el precitado plazo sin que hubiera una solicitud expresa, se entenderá que ha optado por permanecer en el régimen previsional en el que actualmente se encuentran.”

 

En efecto, este Colegiado ha incurrido en una omisión al no haberse pronunciado respecto a este extremo de la pretensión planteada en la demanda del CAC, motivo por el cual resulta procedente subsanarla mediante la presente resolución.

 

7.   En concreto, los demandantes acusan que la referida disposición vulnera el principio de igualdad, pues permite que los jueces se mantengan incorporados al régimen del Decreto Ley N.º 20530, “pese a no reunir todos los requisitos para obtener una pensión, como lo es el cese” (sic).

 

Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 197º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde el 4 de diciembre de 1991, establece que:

“Los Magistrados incluidos en la carrera judicial, sin excepción, están comprendidos en el régimen de pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley N.º 20530 y sus normas complementarias, siempre que hubieran laborado en el Poder Judicial por lo menos diez años. (...)”.

 

En consecuencia, cuando la SDT de la Ley N.º 28449, permitió que los Magistrados que cuenten con más de 10 años de servicios dentro de la respectiva carrera, se mantengan incorporados en el régimen del Decreto Ley N.º 20530, no introdujo ningún trato discriminatorio con relación al resto de pensionistas de dicho régimen, pues, al igual que el trato que el artículo 2º de la misma Ley dispensa a estos, la SDT permitió que, una vez cumplidos los requisitos previstos en el ordenamiento para obtener una pensión del régimen del Decreto Ley N.º 20530 (contar con más de 10 años de servicios dentro de la carrera judicial), los jueces se mantengan incorporados en él; a condición de que hubiesen presentado su solicitud dentro de los 90 días hábiles contados a partir de la vigencia de la Ley N.º 28449, plazo que a la fecha se encuentra vencido.

 

Debe insistirse -tal como se estableció en el Fundamento 129 de la sentencia de autos- en que lo expuesto

“dista mucho de considerar que una nueva ley, dentro de los límites constitucionales y sobre la base de razones proporcionales, razonables y objetivas, no pueda reducir, a partir de su vigencia, las pensiones que en el futuro serán otorgadas a algunos pensionistas dentro del régimen del Decreto Ley N.º 20530.

 

Ello implicaría, de un lado, negar la capacidad de la fuente legal (hoy constitucionalmente reconocida en el artículo 103 de la Constitución) de regular hechos, no sólo que aún no terminan de consumarse, sino que, en estricto, aún no se inician; y de otro, reconocer la calidad de derecho adquirido a un monto específico de las pensiones o a una pensión nivelable, lo que carece actualmente de sustento constitucional.”

8.   El Fundamento 116 establece que:

“(...) es necesario precisar que dado que la reforma constitucional no tiene efectos retroactivos, debe reconocerse los plenos efectos que cumplieron [las] resoluciones judiciales durante el tiempo en que la Ley N.º 28389 aún no se encontraba vigente. De modo tal que, por ejemplo, si antes de la fecha en que la reforma cobró vigencia una persona resultó favorecida con una resolución judicial que ordenaba la nivelación de su pensión con la del trabajador activo del mismo cargo o nivel en el que cesó, dicha persona tiene derecho a una pensión nivelada hasta el día inmediatamente anterior a aquel en que la reforma pasó a pertenecer al ordenamiento jurídico-constitucional.”

 

El Colegio de Abogados del Callao y Juan Peña Figueroa, en representación de más de 5,000 ciudadanos, solicitan que dicho fundamento sea aclarado. Sin embargo, este Colegiado no considera que exista mérito para ello. En efecto, si -como resulta claro de dicho fundamento-, la reforma no tiene efectos retroactivos, es evidente que el monto de las pensiones niveladas por mandato de una sentencia judicial no puede ser reducido como consecuencia de su entrada en vigencia.

 

Lo que ocurre es que, a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Constitucional N.º 28389, dichas pensiones, en el futuro, no podrán volver a ser reajustadas aplicando el sistema de la nivelación, pues ello ha quedado proscrito por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

 

Ello, sin perjuicio de que, como quedó dicho en la sentencia de autos, en aplicación de la Ley N.º 28449, toda pensión superior a 2 UIT, debe ser progresivamente reducida hasta dicho monto.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional  en uso de sus atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica.

 

RESUELVE

 

1.    Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de aclaración presentada por el Colegio de Abogados del Cusco.

 

En consecuencia, incorpórese a los fundamentos de la sentencia de autos, el considerando 7 de la presente resolución.

 

2.    Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presentada por el Colegio de Abogados del Cusco en lo demás que contiene.

 

3.    Declarar INFUNDADAS las solicitudes de aclaración presentadas por el Colegio de Abogados del Callao y por Juan Peña Figueroa, en representación de más de 5,000 ciudadanos.

 

4.    Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presentada por Joffré Fernández Valdivieso.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTORIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO