EXP. N.º 0198-2005-HC/TC

LIMA

JAMES LOUIS KING

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don James Louis King contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 603, su fecha 7 de diciembre de 2004, que declara improcedente la demanda de autos.     

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 30 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, y contra la titular  del Tercer Juzgado Penal de Maynas. Sostiene que se han vulnerado sus derechos a la libertad individual, a la debida motivación de las resoluciones, al debido proceso y de defensa. Alega que no se ha configurado el delito de estafa por el cual fue condenado, dado que no se ha demostrado que el desprendimiento económico se produjo a consecuencia de algún engaño por parte del sujeto activo del delito, y que no se ha acreditado la preexistencia del bien materia del delito, ya que no se realizó la pericia grafotécnica para determinar la autenticidad de la firma en las letras de cambio. Aduce que se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones, por cuanto la condena impuesta se basaría en suposiciones, sospechas, presunciones y apreciaciones subjetivas. De otro lado, afirma que se encuentran debidamente acreditados determinados hechos que garantizan su inocencia, tales como que la empresa Green Star Lumber and Millwork S.A. está inscrita en los Registros Públicos y tiene permiso forestal, y que sí ha realizado actividad extractiva forestal. Asimismo, manifiesta que se ha vulnerado el derecho de defensa por cuanto no se han recabado, durante la instrucción, determinados elementos probatorios, solicitados expresamente, imprescindibles para determinar la responsabilidad penal.

 

Realizada la investigación sumaria, la juez Myrella Angeles Pacheco Silva, titular del Tercer Juzgado Penal de Maynas, declara que la decisión jurisdiccional mediante la cual se condena al actor fue expedida con arreglo a ley y al debido proceso.

 

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 20 de febrero de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que la resolución que se impugna ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

 

La recurrida confirma la apelada estimando que la sentencia fue expedida analizando las pruebas aportadas, y que se ha respetado el derecho a la pluralidad de instancias, no verificándose ninguna irregularidad procesal que pudiera calificarse de violatoria de los derechos constitucionales invocados.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      Respecto de la afirmación del demandante según la cual no se ha configurado el delito de estafa por el que fue condenado, este Tribunal debe recordar que no es competencia de la justicia constitucional determinar la correcta aplicación de los tipos penales. Como ya lo ha señalado en la sentencia 2758-2004-HC/TC,  “Es bien cierto que, como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no son ni deberían ser objeto de revisión en estos procesos. Al fin y al cabo, ni la justicia constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni aquella resulta una tarea que entre en el ámbito de competencia de los jueces constitucionales. De ahí que solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores”.

 

En el presente caso, si bien el demandante alega que no se configura el tipo penal de estafa, no basa tal aseveración en una vulneración del principio de legalidad penal por parte del órgano jurisdiccional, sino más bien en que no se habría demostrado la existencia de determinados hechos. Ello, naturalmente queda excluido del ámbito de protección del principio de legalidad penal.

    

2.      Respecto al alegato del recurrente de que no se habría demostrado la preexistencia del bien materia del delito, este colegiado considera que, aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional (“Sana Crítica”). En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado (“Tarifa Legal”). En ese sentido, prima facie la valoración de las pruebas corresponde únicamente a la justicia ordinaria, no siendo la justicia constitucional competente para determinar si ha quedado demostrada la responsabilidad penal del imputado.    

 

3.      Desde luego, ello no significa que la actividad probatoria se sustraiga del control de la justicia constitucional, pues ella debe ser realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entre tales principios, un lugar especial es el que ocupa la necesidad de la debida motivación, la que deberá quedar plasmada en la sentencia de manera suficiente.      

 

4.      Los mismos fundamentos del párrafo anterior son aplicables a lo alegado por el recurrente respecto de la vulneración de la debida motivación de las resoluciones. Si bien aduce la vulneración del mencionado derecho, la fundamenta en que se encontrarían debidamente acreditados determinados hechos que abonarían su inocencia. Todo ello, conforme a lo expresado en el párrafo precedente, constituye materia a ser dilucidada al interior del proceso penal, contrario sensu el artículo 5°, inciso 1, del CPC.

 

5.      El recurrente también sostiene que se ha vulnerado el derecho de defensa, ya que no se llegaron a realizar determinadas diligencias solicitadas expresamente por su abogado defensor, las cuales –según afirma– resultaban imprescindibles para determinar la responsabilidad penal. El recurrente no especifica a qué actos procesales se refiere. Sin entrar a determinar si la no realización de las actuaciones solicitadas vulnera el derecho de defensa, este colegiado considera desestimable este extremo de la pretensión, toda vez que del estudio de los autos correspondientes al proceso penal, se observa que las solicitudes efectuadas por el imputado en el marco de la instrucción con respecto a la obtención de elementos probatorios han sido concedidas. Así, con fecha 18 de octubre de 2000, el inculpado solicitó se requiera al gerente del grifo Pampachica para que se exhiban los documentos sustentatorios del consumo de combustibles por Gabriel Venegas Vásquez durante los años de 1996 y 1997, pedido que fue reiterado con fecha 20 de febrero de 2001 y concedido mediante decreto de fecha 22 de febrero de 2001. El único pedido que fue desestimado fue la solicitud de fecha 28 de mayo de 2001, de que se practique pericia grafotécnica a las letras de cambio. Sin embargo, tal pedido fue realizado fuera de los plazos de instrucción, incluso después de presentada la acusación fiscal.  

 

6.      En conclusión, advertimos que el recurrente pretende que el Tribunal Constitucional, constituido en una supra instancia jurisdiccional, ingrese a revisar el fondo de lo decidido en un proceso regular, revalorando esencialmente la prueba actuada, pretensión que, a no dudarlo, deviene en inaceptable.   

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO