EXP. N.° 0644-2004-HD/TC

LIMA

INMOBILIARIA LAS LOMAS

DE MONTERRICO S.A.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por Inmobiliaria Las Lomas de Monterrico S.A. representada por su gerente general, don Enrique Félix Jolay Argandoña, contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 94, su fecha 17 de septiembre de 2003, que declara infundada la demanda de hábeas data interpuesta.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 2 de septiembre de 2002, Inmobiliaria Las Lomas de Monterrico S.A. interpone demanda de hábeas data contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco solicitando se le proporcione información sobre la participación de funcionarios de dicha comuna en el Informe N.° 045-2000-MML-DMDU-DHU-DSD emitido con fecha 24 de agosto de 2000 por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como copia de los planos utilizados por las empresas ROXAN e INVERSIONES M y S (entre ellos, el Plano Catastral N.° 23061 ONN9013500D 001, de junio de 1995, emitido por la Oficina de Catastro Distrital de la Municipalidad de Santiago de Surco, que obra a fojas 15 del expediente administrativo N.° 513488). Alega que todo ello fue solicitado mediante Escrito N.° 07714.2002 M-1 del 23 de mayo de 2002, y reiterado mediante Carta Notarial de fecha 25 de junio de 2002, no habiendo recibido hasta la fecha respuesta alguna, lo que configura una vulneración a su derecho fundamental de acceso a la información pública.

 

La emplazada contesta la demanda deduciendo la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, motivo por el que solicita que la misma sea declarada improcedente.

 

El  Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de noviembre de 2002, declara infundada la excepción y fundada la demanda, por considerar que la peticionante, en cuanto persona jurídica, tiene legitimidad para solicitar información sobre la participación de funcionarios de la Municipalidad en el  informe N.° 045-2000-MML-DMDU.DHU-DSD; y que no se puede negar el acceso a dicha información  aduciendo que la demandante no es titular de los hechos referidos en el citado informe, pues los ciudadanos son constantes auditores, verificadores y controladores de la gestión pública.

 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar que la información solicitada por el recurrente es de particulares, no habiéndose configurado ilegalidad alguna.

 

FUNDAMENTOS

 

Petitorio

 

1.      Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso constitucional es que se proporcione a la entidad recurrente información sobre la participación de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco en el Informe N.° 045-2000-MML-DMDU-DHU-DSD, emitido con fecha 24 de agosto de 2000 por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como copia de los planos utilizados por las empresas ROXAN e INVERSIONES M y S, (entre ellos, el Plano Catastral N.° 23061 ONN9013500D 001, de junio 1995, emitido por la Oficina de Catastro Distrital de la Municipalidad de Santiago de Surco), que obra a fojas 15 del expediente administrativo N.° 513488.

 

La titularidad de los derechos fundamentales en las personas jurídicas

 

2.      Previamente a la dilucidación de la  controversia, y  teniendo en cuenta que la demanda ha sido promovida por una persona jurídica, conviene reafirmar las condiciones de su  legitimación activa en el presente proceso Así, la doctrina jurisprudencial de este Colegiado es uniformemente clara en el sentido de que las personas juridicas, no obstante su configuración y estructura formal, son titulares indiscutibles de los derechos fundamentales que –de acuerdo con su naturaleza y características– correspondan, lo que evidentemente se encuentra respaldado tanto por una interpretación extensiva del artículo 2°, inciso 17) de la Constitución  referido al derecho de los ciudadanos a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, como por el artículo 3° de la misma Norma Fundamental, relativo a los derechos implícitos y a su individualización a partir de principios esenciales como la dignidad y el Estado Democrático de Derecho.

 

3.      Queda claro, por lo demás, que cuando se invoca la titularidad de los derechos respecto de las personas jurídicas, ello exige la merituación elemental del atributo por el que se reclama a fin de considerar su pertinencia o no en función de las características especiales de toda organización corporativa de personas y las particularidades que ofrezca cada controversia en concreto. En el caso de autos, es evidente que si bien el acceso a la información suele ser invocado por las personas naturales como un derecho necesario para la consolidación de diversos objetivos propios de su autodeterminación, no existe razón alguna para suponer que el mismo atributo no pueda ser objeto de invocación por parte de las personas jurídicas, ya que si la existencia de estas supone, para quienes las integran, la realización de determinados objetivos o finalidades, es perfectamente legítimo que, como garantía para la consecución de tales objetivos, les resulte necesario  tomar conocimiento de diversos tipos de información que obren en poder del Estado o en cualquiera de sus organismos. Este mismo Colegiado, por otra parte, ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1219-2003-HD/TC que el derecho de acceso a la información tiene una naturaleza relacional, en tanto permite la realización de otros derechos fundamentales, premisa que siendo cierta en el ámbito de las personas naturales, lo es, con igual intensidad, en el caso de las personas jurídicas.

 

El carácter público de determinadas informaciones particulares.

 

4.      Otro aspecto a tomar en consideración tiene que ver con el interés supuestamente particular o privado que tendrían las informaciones que se invocan en autos y que tienen que ver con los planos presentados por las empresas ROXAN e INVERSIONES M y S a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. A este respecto, y aunque la resolución recurrida ha señalado que la pretensión contenida en la demanda se refiere a intereses de terceros a los cuales sólo acceden sus directos titulares, parece omitirse que no se trata de informaciones vinculadas al ámbito estrictamente particular o privado de quienes las proporcionan, sino a determinados requisitos exigibles en el ámbito de los procedimientos administrativos municipales seguidos ante la corporación municipal demandada. Siendo esto así, su carácter particular deja de ser tal, para convertirse en documentos con carácter público que no se encuentran exceptuados de reserva o protección legal alguna.

 

5.      Aunque este Colegiado no afirma que determinadas informaciones proporcionadas a la administración por los particulares no tengan, bajo ciertos supuestos, un carácter estrictamente privado (como sucede con la reserva tributaria o el secreto bancario, por ejemplo), no quiere ello decir que toda información derivada de un particular resulte, per se, protegida de toda forma de acceso. Exceptuados los casos relativos a la defensa nacional y a la intimidad (que no se encuentran en discusión en el presente proceso), queda claro que, conforme lo establece el artículo 2° de la Constitución del Estado, lo que la ley excluye de un eventual seguimiento informativo sólo  puede encontrarse referido a informaciones razonablemente susceptibles de protección por la garantía de reserva. Dentro de dicho contexto, no es  razonable, y así lo considera este Tribunal, que los planos proporcionados por determinadas entidades a fin de cumplir con los requisitos que la administración impone, sean considerados documentos susceptibles de reserva. Como ya se dijo, una vez incorporados estos al ámbito administrativo a consecuencia de un procedimiento de ese tipo, asumen el carácter de información pública que puede encontrarse a disposición de quienes, cumpliendo los requisitos de ley, así lo soliciten.

 

6.      Si lo dicho es válido respecto de la información relativa a los planos proporcionados por las empresas  ROXAN e INVERSIONES M y S a la corporación municipal demandada, con mayor razón lo es respecto a la información sobre la participación de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco en el Informe N.° 045-2000-MML-DMDU-DHU-DSD, emitido con fecha 24 de agosto de 2000 por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que también se solicita mediante la presente demanda. En este otro pedido por el que se busca conocer el comportamiento asumido por los funcionarios de la comuna demandada, es absolutamente manifiesto que el carácter supuestamente particular de la información requerida carece de sentido y no puede ser utilizado como argumento desestimatorio, como en forma errónea y generalizada lo ha considerado la resolución recurrida.

 

El caso planteado

 

7.      Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta legítima en términos constitucionales, habida cuenta de que: a) la información solicitada en la demanda asume carácter público conforme ha quedado señalado en los fundamentos precedentes, no existiendo por tanto y de acuerdo a lo establecido en la Constitución, necesidad alguna de justificar las razones del por qué se la requiere; b) no existe ninguna razón valida que permita presumir que la información requerida no se encuentre en poder de la entidad emplazada, pues se trata de actuados administrativos de los que ha conocido la corporación municipal demandada y que, por tanto, pueden ser proporcionados a la entidad recurrente; c) aun cuando se entiende que la información solicitada puede suponer para la entidad que la proporcione  gastos de tipo administrativo, la determinación de los mismos únicamente supone para su destinatario la obligación de costearlos económicamente, mas no la de realizar trámites adicionales o pagos desproporcionados a la naturaleza de lo requerido; d) queda claro que la información requerida  debe emitirse bajo cualquier circunstancia, en términos mínima o elementalmente razonables, lo que supone que su expedición debe operar conforme a las características de certeza, integridad, claridad y actualización.

 

8.      Por consiguiente habiéndose acreditado en el caso de autos la vulneración del derecho de acceso a la información pública, la presente demanda debe estimarse en forma favorable otorgando al efecto la tutela constitucional correspondiente.                        

 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data de autos.

2.      Ordenar que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco proceda a entregar a  Inmobiliaria Las Lomas de Monterrico S.A  información sobre la participación de funcionarios de dicha corporación municipal en el Informe N.° 045-2000-MML-DMDU-DHU-DSD, emitido con fecha 24 de agosto de 2000 por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como copia de los planos utilizados por las empresas ROXAN e INVERSIONES M y S, (entre ellos, el Plano Catastral N.° 23061 ONN9013500D 001, de junio 1995, emitido por la Oficina de Catastro Distrital de la Municipalidad de Santiago de Surco).

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BARDELLI  LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI