EXP. N.° 982-2005-PA/TC,
LIMA
En Zorritos, a los 17 días
del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa Arroyo
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por don Delfín Rosales Cueva, contra las sentencias
expedidas por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 78, su fecha 26 de mayo de 2004, que declaró infundado el proceso de
amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de febrero de 2003, el recurrente interpone proceso de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se le declare inaplicable la Resolución N.° 031104-97-ONP/DC por haberse aplicado retroactivamente el Decreto Ley Nº 25967, y que se expida nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N° 19990, sin la inconstitucional pensión máxima establecida en el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, asimismo, que se le reintegre el monto de las pensiones devengadas. Señala que se les ha otorgado pensión de jubilación aplicándole retroactivamente el Decreto Ley N° 25967.
La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, y de caducidad, y contesta la demanda señalando que el demandante, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, no cumplía los requisitos para acceder a pensión, por lo que la aplicación de esta norma no vulnera derecho constitucional alguno.
El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, a fojas 42, con fecha 28 de abril de 2003, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, por considerar que el recurrente cesó en su actividad laboral y reunió el requisito de edad para acceder a pensión general después de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, por lo que, su aplicación no ha vulnerado derecho alguno.
La recurrida, revocó la apelada y declaró infundada la demanda, por el mismo fundamento.
FUNDAMENTOS
1.
Respecto
a la aplicación retroactiva del Decreto Ley Nº 25967, no existe tal
retroactividad, toda vez que el demandante cesa en su actividad laboral el 6 de
julio de 1996, es decir cuando aquél ya estaba vigente.
2.
El
demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación sin considerar la
pensión máxima establecida por el Decreto Ley N.º 25967, en razón de que, a
tenor del Decreto Ley N.º 19990, el tope aplicable a su caso es equivalente al
80 % de la suma de las 10 remuneraciones legales, vigentes a la fecha de la
contingencia.
3.
Teniendo
en cuenta lo señalado por el demandante, resulta conveniente realizar una
reseña de cómo se ha regulado el monto de la pensión máxima establecida por el
Decreto Ley N.º 19990, especialmente de las disposiciones pertinentes
contenidas en sus artículos 10º y 78º, a efectos de determinar la legislación
aplicable en la fecha de la contingencia.
Pensión Máxima del Sistema Nacional De Pensiones
4.
El
Decreto Ley N.º 19990, vigente desde el 1 de mayo de 1973, crea el
Sistema Nacional de Pensiones, con el propósito de unificar los diversos
regímenes de seguridad social existentes y eliminar injustas desigualdades,
entre otras consideraciones.
5.
Con
el artículo 78º se reguló el monto máximo de la pensión como un instituto de
orden financiero establecido para atender la naturaleza solidaria del Sistema,
basado en el reparto del fondo común, para el que se contribuye con la
finalidad de pagar las pensiones sobre la base de los aportes de los asegurados
activos (trabajadores).
El texto original del
Artículo 78º señalaba que “El Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales,
previo estudio actuarial, propondrá al Ministro de Trabajo el monto máximo de
las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, el que será fijado
por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”.
6.
De
otro lado, en el artículo 10º se indicó que “La remuneración máxima asegurable
sobre la que se pagará aportaciones, por cada empleo, será fijada por decreto
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del
Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales y previo estudio actuarial.”
7.
Para
una mejor lectura de los artículos transcritos, es preciso señalar que el
artículo 8º define la remuneración asegurable como el total de las cantidades
percibidas por el asegurado por los servicios que presta a su empleador o
empresa, cualquiera que sea la denominación que se les dé, con las excepciones
señaladas por la propia norma; y que el artículo 79º, –que no ha sido objeto de
modificación alguna hasta la fecha–, señala que no podrá sobrepasarse el límite
señalado en el artículo 78º por efecto de uno o más reajustes, salvo que dicho
límite sea a su vez reajustado.
8.
En
aplicación de la normatividad vigente en aquella época, se reguló mediante
decretos supremos, de acuerdo a las posibilidades financieras del Sistema, el
monto máximo de las pensiones, en cifra determinada, hasta la publicación del Decreto
ley N.º 22847.
9.
En
efecto, el 31 de diciembre de 1979 se dictó el Decreto Ley N.º 22847, mediante
el cual se sustituyó el texto de los artículos 10º y 78º del Decreto Ley Nº
19990, con el objeto de reajustar el monto de la remuneración máxima asegurable
y el de las pensiones máximas, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 10º.- “La remuneración máxima
asegurable sobre la que se pagará aportaciones por cada empleo, a partir del 1
de enero de 1980, será una suma igual a cinco remuneraciones mínimas vitales
señaladas para la Provincia de Lima, reajustadas, en su caso al millar superior
siguiente”.
Artículo 78º.- “La pensión máxima
mensual que abonará el Seguro Social del Perú a partir del 1 de enero de 1980,
será una suma equivalente al 80 % de la cantidad fijada en el artículo 10º”.
10.
Luego,
el Decreto Supremo N.º 078-83-PCM dispuso un aumento a partir del 1 de
octubre de 1983, incrementando la remuneración asegurable en una suma igual a
siete y medio remuneraciones mínimas vitales, y la pensión máxima en el
equivalente al 80 % de dicha suma.
11.
Posteriormente,
el Decreto Supremo N.º 077-84-PCM, publicado el 30 de noviembre de 1984,
señaló que la remuneración máxima asegurable, será igual a diez veces el monto
de la remuneración mínima mensual que perciba un trabajador no calificado de la
provincia de Lima.
Asimismo, que la pensión
máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social, sea el
equivalente al 80% de la suma de 10 remuneraciones mínimas mensuales asegurables,
con arreglo a las normas contenidas en el Decreto Ley N.º 19990.
12.
Finalmente,
el Decreto Ley N.º 25967, modificatorio del Decreto Ley N.º 19990,
estableció nuevas condiciones para el goce de las pensiones, un nuevo sistema
de cálculo, y reguló expresamente en su artículo 3º el monto máximo de las
pensiones que otorga el Instituto Peruano de Seguridad Social, fijándolo en
S/.600.00.
13.
El
recuento de las disposiciones que han regulado la remuneración máxima
asegurable y la pensión máxima, nos permiten concluir lo siguiente:
a)
Conforme
al diseño original del Decreto Ley N.º 19990, el monto de la pensión otorgada
por el Sistema Nacional de Pensiones era el resultante del sistema de cálculo
establecido en cada modalidad de jubilación, el mismo que en ningún caso podía
superar el monto máximo fijado por decreto supremo, conforme a la propia norma
rectora del sistema.
b)
El
Decreto Ley N.º 22847 modificó al 19990 para cambiar el referente de la pensión
máxima de un monto fijo y determinado a otra variable y determinable en función
a dispositivos legales que regulaban la remuneración de los trabajadores,
quedando establecida desde el 1 de enero de 1980 hasta el 30 de setiembre de
1983 en el 80 % de 5 remuneraciones mínimas vitales (5 RM), incrementándose el monto
de la pensión máxima durante ese período de tiempo, en la medida que la
remuneración mínima vital fuera reajustada.
c)
Adicionalmente,
para un mayor aumento del monto máximo de las pensiones, mediante decreto
supremo, se modificó el número de remuneraciones mínimas referentes para
establecer el monto máximo de la pensión, incrementándose inicialmente al 80%
de 7 ½ RM, mediante el Decreto Supremo N.º 078-83-PCM, vigente entre el 1 de
octubre de 1983 y el 30 de noviembre de 1984; y, finalmente, en el 80 % de 10
RM, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N.º 077-84-PCM.
d)
El
referente de cálculo del monto de la pensión máxima –80 % de 10 RM– no ha sido
modificado desde el 1 de diciembre de 1984, fecha de vigencia del Decreto
Supremo N.º 077-84-PCM; no obstante, la pensión máxima se ha incrementado
indirectamente, en la medida que la remuneración mínima de los trabajadores fue
aumentando progresivamente.
e)
El
Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, reguló el
monto máximo de las pensiones, retornando al método establecido por el Decreto
Ley N.º 19990, es decir, fijando un monto determinado que será reajustado
periódicamente mediante decreto supremo, en atención a las previsiones
presupuestarias del Sistema.
f)
A
la fecha de vigencia del Decreto Ley N.º 25967, conforme al Decreto Supremo N.º
03-92-TR, la remuneración mínima de un trabajador era S/.72.00; por tanto, la
pensión máxima vigente a la fecha de dictarse esta norma sustitutoria era de
S/. 576.00, equivalentes al 80% de 10 remuneraciones mínimas (S/. 72 x 10 RM x
80 %).
g)
Por
tanto, la pensión máxima establecida en el 80% de 10 RM, debe aplicarse a
aquellos asegurados que hubieren alcanzado la fecha de contingencia entre el 1
de diciembre de 1984 y el 18 de diciembre de 1992, día anterior a la vigencia
del Decreto Ley N.º 25967. A partir del 19 de diciembre de 1992, resulta de
aplicación el artículo 3º del Decreto Ley N.º 25967 y los reajustes del monto
de las pensiones establecidos por decreto supremo, conforme a este dispositivo
legal, según la fecha de la contingencia.
h)
Es
necesario precisar que, en todos los casos, independientemente de la fecha en
la cual se haya producido la contingencia y de las normas aplicables en función
de ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde
el 19 de diciembre de 1992 mediante cualquier tipo de dispositivo legal
(entiéndase decreto de urgencia decreto supremo, resolución jefatural de la ONP
o cualquier otra norma); siempre y cuando el nuevo monto resultante de la pensión
no supere la suma establecida como pensión máxima por la normativa
correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad a lo dispuesto por
los artículos 78° y 79° del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 3º del Decreto
Ley N.º 25967.
14.
A la luz de las
conclusiones precedentes, es pertinente recordar que, antes de la modificación
constitucional de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución
Política de 1993, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la
obligación de respetar los derechos adquiridos de los pensionistas del Decreto
Ley N.º 19990.
15.
De
igual forma ha precisado que, para la obtención del derecho a percibir pensión,
se debe aplicar la legislación vigente a la fecha en que el asegurado reúna los
requisitos para acceder a dicha pensión, independientemente del momento en que
se solicite u otorgue, y que las normas conexas y complementarias que regulan
instituciones vinculadas, tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc.,
deben aplicarse durante su período de vigencia.
16.
En
ese sentido, habiéndose evidenciado que existen asegurados que deciden seguir
trabajando aun cuando tienen expedito su derecho para solicitar la pensión de
jubilación, es pertinente precisar que, en el momento de hacerse efectiva, se
respetarán los requisitos y el sistema de cálculo vigentes en la fecha en que
adquirieron el derecho a la pensión.
No obstante, corresponderá
aplicar para el cálculo de la pensión correspondiente las normas
complementarias que regulan instituciones como la pensión mínima, pensión
máxima, etc., vigentes a la fecha de la solicitud, y las que resulten
aplicables durante el período en que deberán reconocerse las pensiones
devengadas conforme al artículo 81º del Decreto Ley N.º 19990.
17.
En
el presente caso, de la Resolución N.° 031104-97-ONP/DC se aprecia que el
demandante percibe pensión de jubilación adelantada, según el Decreto Ley N.º
19990, desde el 7 de julio de 1996. Asimismo, que a la fecha de la
contingencia, la pensión máxima vigente se encontraba regulada por el artículo
3º del Decreto Ley N.º 25967. En consecuencia, no se evidencia vulneración
alguna de sus derechos constitucionales.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
Declara INFUNDADA
la demanda.
Publíquese, notifíquese.
SS
ALVA ORLANDINI
GARCÍA TOMA
LANDA ARROYO