EXP. N.° 1085-2005-PA/TC

ICA

ANDRÉS BERNARDO

REBATTA GUZMÁN  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En La Merced, a los 19 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso extraordinario interpuesto por don Andrés Bernardo Rebatta Guzmán contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 202, su fecha 30 de abril de 2003, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 17 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.° 0586-AD-SG, de fecha 14 de abril de 1988, y que, por consiguiente, se ordene su inmediata reincorporación al servicio activo con el grado que le corresponde de acuerdo con el tiempo transcurrido, y el reconocimiento de su tiempo de servicios por el período comprendido entre el cese y la fecha de su reincorporación.

 

            El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la PNP deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y contesta la demanda alegando que el demandante fue pasado al retiro en virtud de las leyes y reglamentos institucionales al haber cometido el delito de abandono de destino.

 

            El Tercer Juzgado Civil de Ica, con fecha 4 de setiembre de 2003, declara improcedentes las excepciones y fundada la demanda, considerando que se ha transgredido el principio non bis in ídem, consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

 

            La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de caducidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley N.° 23506, e improcedente la demanda.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      De la transcripción de la Resolución Directoral N.° 586-AD-SG, de 20 de abril de 1988, se observa que el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de retiro por haber cometido falta grave contra la disciplina prevista en el artículo 389°, inciso “g”, del Reglamento General de la PIP, al haber abandonado su unidad de trabajo sin causa justificada.

 

2.      Por otro lado, el recurrente fue denunciado en el fuero militar por el delito de abandono de destino previsto, y penado por el artículo 215°, inciso 1), del Código de Justicia Militar. En razón de ello, es necesario precisar que, si bien es cierto que se condenó al demandante en ese proceso, también lo es que lo que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso seguido en el fuero militar, debido a que se trata de dos procesos de distinta naturaleza y origen.

 

3.      Por ello, si lo resuelto en el fuero militar favorece a una persona sometida también a un proceso administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado a aquel, ya que el proceso administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta funcional, mientras que el proceso en el fuero militar conlleva una sanción punitiva, que en el caso en concreto fue de dos meses de reclusión militar condicional.

 

4.      De otro lado, el artículo 166° de la Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para cumplir con su objetivo, la institución requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no solo garantizar el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional.

 

5.      En el caso de autos, el demandante fue sancionado administrativamente en virtud de lo establecido en el artículo 168° de la Constitución Política vigente y la normativa policial, respetándose el derecho al debido proceso.

 

6.      En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, puesto que los demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y observando las disposiciones legales aplicables al caso.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

LANDA ARROYO