EXP. N.º
1927-2005-AA/TC
SULLANA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del
mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por
los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli pronuncia la
siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Enriqueta Ordoñez Guerra de Cherrez contra la sentencia de
la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de
Piura, de fojas 105, su fecha 10 de febrero
de 2005, que declara infundada la acción de amparo de autos.
Con fecha 16 de marzo de
2004, el recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le reconozca una pensión
inicial de conformidad con los artículos 1° y 2° de la Ley N.° 23908,
correspondientes a una pensión mínima de tres remuneraciones mínimas vitales,
así como el pago de devengados, intereses legales correspondientes, más costas
y costos procesales.
La ONP propone las
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad y
contesta la demanda alegando que la Ley N.º 23908 estableció el monto mínimo de
la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como
mínimo, tres veces más que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca
llegó a ser igual al Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo
Mínimo Vital más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria. En
cuanto al derecho de indexación
automática, sostiene que se debe respetar el criterio del Tribunal
Constitucional, el cual dispuso que este sólo fue aplicable hasta el 31 de
noviembre de 1991.
El Juzgado Especializado en
lo Civil de Talara, con fecha 18 de octubre de 2004, declara fundada, en parte,
la demanda, por considerar qu,e teniendo en cuenta que la continencia se
produjo durante la vigencia de la Ley N.° 23908, esta norma resulta aplicable
al caso del demandante; e improcedente en los extremos referidos el pago de
intereses legales y costas y costos procesales.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda,
por estimar que el causante no contaba con los requisitos establecidos en el
artículo 39° del Decreto Ley N.° 19990, y que, por consiguiente, no le asiste
el derecho que plantea en su demanda.
1.
El
demandante pretende que se reajuste su pensión de jubilación en una suma
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de lo dispuesto por
la Ley N.º 23908.
2.
Del
recuento de las disposiciones que regularon la pensión mínima, se concluye lo
siguiente:
a) La Ley N.º 23908 modificó el Decreto Ley N.º 19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma.
b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo para estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.
c) La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a tres veces la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, el referente de cálculo de la misma se estableció utilizando uno de los tres componentes de la remuneración mínima de los trabajadores.
d) El Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia –19 de diciembre de 1992–, inaplicable la Ley N.º 23908.
e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.º 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.
f) Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria la Ley N.º 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión, en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo de tiempo.
g) A partir del 19 de diciembre de 1992, resultan de aplicación las disposiciones del Decreto Ley N.º 25967, que establecen el nuevo sistema de cálculo para obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo N.º 817 (vigente a partir del 24 de abril de 1996) implantó nuevamente un sistema de montos mínimos determinados de las pensiones, atendiendo al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista.
h) Cabe precisar que en todos los casos, independientemente de la fecha en la cual se hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en función de ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde el 19 de diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de dispositivo legal (entiéndase Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Jefatural de la ONP o cualquier otra norma); siempre y cuando el nuevo monto resultante de la pensión no supere la suma establecida como pensión máxima por la normativa correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 3º del Decreto Ley N.º 25967.
3. Conforme se aprecia de la Resolución N.° 001333-DIV-PENS-SGO-SDP-93, obrante a fojas 2, se otorgó pensión de viudez a favor de la demandante a partir del 17 de febrero de 1992 –fecha de fallecimiento de su cónyuge causante–, correspondiéndole el beneficio de la pensión mínima al 100 %, según lo dispone el artículo 2º de la Ley N.º 23908, hasta el 18 de diciembre de 1992.
4.
Este
Tribunal considera necesario precisar que el reajuste de las pensiones está
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del
Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o
automática. Lo señalado fue previsto desde la creación del sistema y
posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la
Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones
que administra el Estado, se atiende con arreglo a las previsiones
presupuestarias.
5.
Respecto
de la adición de intereses legales, este Tribunal ha señalado, en la STC
0065-2002-AA/TC, que por la naturaleza alimentaria de las pensiones y la mora
en el pago de las mismas, corresponde adicionar a las pensiones no pagadas de
acuerdo a ley los intereses legales que satisfagan la inoportuna percepción de
la pensión, según los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.
6.
De
otro lado, en cuanto a la pretensión de pago de costas y costos del proceso,
conforme al artículo 56º del Código Procesal Constitucional (“...En los
procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de
costos...”), corresponde disponer que la demandada, considerando que el Estatuto
de la ONP Decreto Supremo N.° 61-95-EF, señala que ésta es una institución
pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas que a su vez
depende del Poder Ejecutivo, pague los costos del proceso, lo que significa que
por mandato legal queda, para este caso, superada la fórmula del “victos
victory” en la que se apoya el Código Procesal Civil, normativa específica para
el tema de costas y costos como gastos del proceso.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda.
2.
Ordena
que la demandada reajuste la pensión de jubilación del demandante de acuerdo
con los criterios de la presente sentencia, abonando los devengados que correspondan,
intereses y costos siempre que, en
ejecución de sentencia, no se verifique el cumplimiento de pago de la pensión
mínima de la Ley N.º 23908, durante el periodo de su vigencia.
3.
INFUNDADA en cuanto al reajuste
automático y costas procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI