EXP.
N.º 2018-2005-PA/TC
JUNÍN
RUBÉN ALEJANDRO
CABALLERO LEÓN
En Tarma, a los 19 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Alejandro Caballero León contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 59, su fecha 7 de febrero de 2004, que declara improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 15 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitando que se lo considere en el programa extraordinario de acceso a beneficios previsto en los artículos 2° y 3° de la Ley N.° 27803, y que se lo incluya en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contesta la demanda expresando que mediante la Resolución Suprema N.° 007-2004-TR se ha dispuesto la revisión de la tercera lista de trabajadores que fueron cesados irregularmente, con objeto de corregir los errores materiales y reemplazar a aquellas personas incorporadas que no cumplieran los requisitos previstos por la ley.
El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 21 de junio de 2004, declara infundada la demanda considerando que el actor no ha demostrado haber sido obligado o coaccionado para renunciar, ni haber sido cesado irregularmente para acogerse al programa extraordinario de acceso a beneficios previsto en las Leyes N.os 27452 y 27586.
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda argumentando que la controversia versa sobre el reconocimiento de un derecho, y no sobre su restitución, y que el actor no ha acreditado haber peticionado ante la comisión su inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.
1. El demandante pretende que se lo considere en el programa extraordinario de acceso a beneficios previsto en los artículos 2° y 3° de la Ley N.° 27803, y que se lo incluya en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.
2. Mediante la Ley N.° 27803 se implementaron las recomendaciones de las comisiones creadas por las leyes N.os 27452 y 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del sector público y gobiernos locales. El artículo 6° de la citada ley establece la conformación de una comisión ejecutiva encargada de analizar la documentación y los casos de ceses colectivos de trabajadores.
3. De autos se desprende que, en el fondo, el recurrente pretende que se declaren derechos a su favor, lo que resulta imposible, pues el artículo 1° de la Ley N.° 28237 establece que los procesos de garantía restituyen derechos, pero no que los declaran. De otro lado, el accionante no ha acreditado la preexistencia del derecho constitucional supuestamente afectado, no obstante lo cual solicita ser incluido en el último listado que se expidió en virtud de la Ley N.° 27803, el cual fue elaborado previo análisis de los documentos probatorios de los ex trabajadores cesados; situación que no puede evaluarse en el presente proceso constitucional por carecer de estación probatoria, según lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N.° 28237.
4. Sin perjuicio de lo dicho, es menester mencionar que de la valoración de las pruebas aportadas por las partes, no se observa que el demandante haya presentado su solicitud de revisión de cese ante la comisión ejecutiva para que sea calificado como ex trabajador cesado irregularmente e inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.