EXP. N.° 2112-2004-AA/TC

LORETO

SERVICIOS FORESTALES

LORETO S.A.

                                                             

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 21 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso extraordinario interpuesto por Servicios Forestales Loreto S.A. contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 418, su fecha 12 de marzo de 2004, que declara infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 18 de marzo de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra don Crescencio Huamán Cano, registrador público de la Oficina Registral de Loreto; contra la Oficina Registral precitada; contra doña Jovanna Liz Núñez Reano; y contra Luis Enrique Bravo Reátegui, ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Maynas. La recurrente cuestiona la inscripción del Título N.º 2002-00005149, en el Asiento N.º 24 de la Ficha N.º 42616 de la Oficina Registral de Loreto, realizada el 31 de diciembre de 2002, conforme a lo ordenado por el Ejecutor Coactivo de la referida municipalidad. Manifiesta que en el proceso de cobranza coactiva, de la que deriva la inscripción realizada, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 122º del TUO del Código Tributario, conforme lo observó en una primera oportunidad la Oficina Registral de Loreto.

 

La emplazada Yovanna Liz Núñez Reaño deduce la excepción de caducidad manifestando que la adjudicación del inmueble se realizó el 12 de marzo de 2002; posteriormente, solicita que se desestime la demanda, por carecer de sustento, debiendo la parte interesada, en todo caso, recurrir a la vía administrativa. De otro lado, aduce que la resolución administrativa que ordenó la adjudicación del bien a su favor, tiene la calidad de cosa decidida.

 

Por su parte, tanto la Municipalidad Provincial de Maynas como la Oficina de Ejecutoría Coactiva de la mencionada comuna deducen la excepción de caducidad y contradicen y niegan la demanda en todos sus extremos, señalando que en los Exps. N.os 2001-00258 y 2001-00356 se desestimaron las demandas de amparo interpuestas con un petitorio similar. Respecto de la aplicación del artículo 122º del Código Tributario, manifiestan que la demandante tuvo expedito su derecho para ejercitarlo oportunamente, pues siempre fue notificada con las resoluciones recaídas en el proceso coactivo N.º 554-2000 sobre pago de tributos y arbitrios municipales.

 

El Procurador Público adjunto ad hoc a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, solicita que la demanda se declare, alternativamente, improcedente o infundada, puesto que el registrador emplazado únicamente procedió a inscribir el título correspondiente, en su calidad de órgano técnico, conforme al principio de rogación. Deduce, asimismo, las excepciones de caducidad y de falta de legitimidad para obrar de su representada.

 

El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 10 de octubre de 2003, declara infundadas las excepciones y la demanda por considerar que los medios probatorios que corren en autos no resultan suficientes para causar convicción al juzgador, pues la demandante no ha acreditado fehacientemente la violación o amenaza de violación de sus derechos constitucionales.

 

La recurrida confirma la apelada argumentando que el demandante no culminó el procedimiento coactivo con arreglo a derecho, pues su recurso de queja fue interpuesto extemporáneamente, razón por la cual el Tribunal Fiscal no podía pronunciarse, en tanto que el inmueble ya había sido rematado en subasta pública.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      En autos se cuestiona tanto el procedimiento administrativo seguido en contra de la ahora demandante, como su resultado y las consecuencias derivadas de él; esto es, la adjudicación del inmueble anteriormente de propiedad de la demandante en remate público y su posterior inscripción en los Registros Públicos a favor de la adjudicataria.

 

2.      Si bien ambos hechos aparecen íntimamente conectados, pues el segundo deriva del primero, tampoco escapa a este Colegiado que se trata de situaciones o actos jurídicamente distintos, tramitados ante autoridades administrativas independientes entre sí, y que en cada caso, de ser impugnados, dan lugar a procedimientos o procesos distintos, según corresponda.

 

3.      En lo que respecta al procedimiento administrativo de ejecución coactiva, este Colegiado considera que el plazo de prescripción previsto para interponer la demanda de amparo ha operado en exceso, conforme a lo previsto por el artículo 37º de la Ley N.º 23506, vigente al momento en que se produjeron los hechos, máxime porque la demanda de autos fue interpuesta el 18 de marzo de 2003, mientras que la resolución que declaraba concluido el procedimiento administrativo es de fecha 21 de junio  de 2002 (f. 163). De otro lado, aun en el supuesto de que se tomara como referencia para el cómputo del plazo el recurso de apelación presentado contra la resolución acotada, este fue presentado el 19 de julio de 2002 (f. 164), mientras que la resolución del Tribunal Fiscal que desestima el recurso de queja es de fecha 27 de setiembre de 2002 (f. 169), resolución que tampoco puede ser considerada como habilitante de la vía administrativa, dado que, fue emitida por un órgano incompetente para pronunciarse en el procedimiento sub exámine en aplicación del artículo 122º del TUO del Código Tributario.

 

4.      En lo que respecta a la inscripción registral, si bien no se ha producido la precitada prescripción, tampoco cabe emitir un pronunciamiento de fondo por las razones que a continuación se detallan:

 

a)    En la intervención del registrador emplazado no se evidencia la afectación de derecho fundamental alguno, más aún cuando su actuación como órgano técnico en nada afecta los derechos de la demandante.

 

b)   La adjudicataria del bien de propiedad de la demandante ha participado en la diligencia de adjudicación en virtud de la publicidad propia de este tipo de actuaciones; en consecuencia, no puede resultar perjudicada con el resultado del presente proceso.

 

5.      En consecuencia, nos encontramos en un supuesto de irreparabilidad de la afectación de los derechos fundamentales de la demandante, situación prevista en el artículo 6.1 de la Ley N.º 23506, por lo que únicamente cabe que este Colegiado deje a salvo el derecho de la parte demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente, si lo considera pertinente.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la excepción de caducidad respecto de la impugnación del procedimiento administrativo coactivo, e IMPROCEDENTE la demanda en lo relativo a la impugnación de la inscripción registral, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho de la parte accionante para que lo haga valer con arreglo a ley.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GARCÍA TOMA
LANDA ARROYO