EXP.
N.° 2191-2004-AA/TC
ÁGREDA
VIUDA DE GUZMÁN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 20 días de
octubre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la
siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Rosa Herlinda Ágreda viuda de Guzmán contra la sentencia
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de
fojas 111, su fecha 20 de mayo de 2004, que declaró infundada la acción de
amparo de autos.
La demandante, con fecha 23
de julio de 2002, interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las
Resoluciones N.os 4115-98-ONP/DC y 21527-2000-ONP/DC, de fecha 30 de
abril de 1998 y 26 de julio de 2000, que otorgaron a su cónyuge y a ella
pensión de jubilación adelantada y de viudez, respectivamente, en los términos
y condiciones señalados en los Decretos Leyes N.os 19990 y 25967.
Aduce que su cónyuge causante había adquirido el derecho pensionario antes de
la vigencia del Decreto Ley N.º 25967 y que, al aplicarse esta norma para el
cálculo de la pensión inicial, se han vulnerado sus derechos constitucionales,
correspondiéndole una pensión dentro de los alcances del Decreto Ley N.° 19990,
además de los devengados generados a la fecha.
La ONP contesta la demanda,
alegando que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, el
cónyuge causante no había cumplido con los requisitos necesarios para acceder a
algún tipo de pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.° 19990, por lo
que la pensión de viudez otorgada a la actora ha sido correctamente liquidada
bajo los alcances del Decreto Ley N.° 25967.
El Quinto Juzgado
Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 13 de mayo de 2003, declaró
fundada la demanda, estimando que el causante, antes de la fecha de vigencia
del Decreto Ley N.º 25967, ya había reunido los requisitos para gozar de
pensión de jubilación adelantada de conformidad con el artículo 44º del Decreto
Ley N.º 19990.
La recurrida, revocando la
apelada, declaró infundada la demanda, aduciendo que la contingencia se produjo cuando ya se encontraba en vigencia
el Decreto Ley N.º 25967, no verificándose la vulneración de ninguna garantía
constitucional.
1. La demandante pretende que se calcule el monto de la pensión inicial de su cónyuge causante conforme al Decreto Ley N.º 19990, a efectos de que se le otorgue pensión de viudez sin la aplicación del Decreto Ley N.° 25967.
2.
En
la sentencia recaída en el Expediente N.° 007-96-I/TC, este Tribunal ha
precisado que el estatuto legal, según el cual debe calcularse y otorgarse una
pensión de jubilación, es aquel vigente cuando el interesado reúne los
requisitos exigidos por ley, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de
jubilación, establecido en el Decreto Ley N.° 25967, se aplicará únicamente a
los asegurados que a la fecha de su vigencia no cumplan los requisitos del
Decreto Ley N.° 19990, y no a aquellos que los cumplieron con anterioridad a
dicha fecha.
3.
De
conformidad con el artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, para tener derecho a
una pensión de jubilación adelantada se requiere contar, como mínimo, 55 años
de edad y 30 completos de aportaciones. A fojas 2 obra la Resolución N.°
4115-98-ONP/DC, de la que se desprende que el demandante no reunía uno de los
dos requisitos concurrentes para gozar de una pensión de jubilación adelantada,
ya que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, esto es,
al 19 de diciembre de 1992, contaba 51 años de edad y 35 de aportaciones,
habiéndose aplicado correctamente el nuevo dispositivo legal. En ese orden de
ideas, la pensión de viudez otorgada a la recurrente, no podría estar bajo los
alcances del Decreto Ley N.° 19990, sino con arreglo al Decreto cuestionado.
4.
Por
consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.° 25967 haya sido
aplicado en forma retroactiva, ni tampoco que las resoluciones impugnadas
lesionen derecho fundamental alguno de la demandante al tiempo de expedirse,
por lo que la demanda debe desestimarse.
Por los fundamentos
expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
REVOREDO
MARSANO
GARCÍA TOMA