EXP.
N.° 2330-2004-AA/TC
LIMA
JULIO
VÁSQUEZ MORI
En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente
sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Vásquez Mori contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 69, su fecha 18 de marzo de 2004, que declara infundada la acción de amparo
de autos.
El recurrente, con fecha 10 de febrero de 2003,
interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional
(ONP), con el objeto que se declare inaplicable y sin efecto legal la
Resolución N.º 67305-2002-ONP/DC, solicitando que, en aplicación del Decreto
Ley N.º 19990, se disponga que la emplazada le otorgue incremento pensionario
por cónyuge. Aduce haber contraido matrimonio el 16 de abril de 1993, y acogido
a la pension de jubilación anticipada el l6 de julio de ese mismo año, por lo
que considera que le es aplicable el artículo 43.º del Decreto Ley N.º 19990.
La emplazada contesta la demanda, y solicita que se declare improcedente o infundada, por considerar que al demandante no le corresponde percibir incremento por cónyuge, ya que no reúne los requisitos exigidos por ley.
El Quincuagésimo Octavo Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de setiembre de 2003, declaró
infundada la demanda al considerar que no existe vulneración constitucional.
Aduce que la emplazada actuó con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, y que el
demandado no reúne los requisitos establecidos para obtener incremento
pensionario por cónyuge.
.
La recurrida confirmó la apelada por los mismos argumentos.
1. La demanda tiene por objeto que se declare la inaplicabilidad de la Resolución N.º 67305-2002-ONP/DC, con la que se deniega el incremento pensionario por cónyuge; es decir, recurre al amparo para que se le restituya un derecho negado en la vía administrativa.
2.
En materia de pensiones, la norma
constitucional establece que el Estado reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social, asignándole a ésta una doble
finalidad, la de preservarlo frente a las contigencias y otorgarle un nivel de
vida digno; en consecuencia, es menester determinar si el demandante cumple con
los requisitos exigidos por el Decreto Ley N.° 19990, como condición sine cuanon, para que obtener el incremento pensionario adicional por cónyuge.
3.
Al respecto, el artículo 43.º del decreto ley
invocado establece que, si al momento de producirse la contingencia el
beneficiario de una pensión de jubilación tuviera cónyuge o hijos en edad de
percibir pensión de orfandad, el monto de la pensión se incrementará entre el 2
y 10% por cónyuge, y entre el 2 y 5% por cada hijo. Entendiéndose como contingencia pensionaria la fecha en la
que el asegurado adquiere el derecho a la prestación económica; esto es, la
fecha en que el asegurado reúna los requisitos de edad y años de aportación
exigidos, para gozar de una pensión dentro del régimen regulado por el
dispositivo citado.
En tanto que el Decreto Supremo N.º 018-82-TR dispone que los
trabajadores de construcción civil, a los 55 años de edad, adquieren derecho
pensionario, a condición que acrediten 15 años de aportación o un mínimo de 5
en los últimos 10 años anteriores a la contingencia.
4.
Del estudio de autos se advierte que el
accionante laboró como obrero de construcción civil, y que, mediante Resolución
N.º 0576-2002-ONP/DC/DL, la emplazada le otorgó pensión de jubilación
reconociéndole 18 años de aportación al 1 de abril de 1993, la cual es
considerada de contigencia pensionaria. En
tal sentido, el accionante, para ser beneficiario del incremento de pensión por
cónyuge, tenía que haber acreditado vínculo matrimonial a dicha fecha, pero la
partida de matrimonio, que obra a fojas 6 de autos, acredita el día 16 de abril
de ese mismo mes y año, esto es, 15 días posteriores a la referida fecha de
contingencia; de lo cual se colige que la resolución cuestionada no recorta ni
vulnera el derecho pensionario del recurrente, resultando de aplicación el
artículo 2.º contrarius censu de la
Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.º 23506.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
la Constitución Política del Perú le confiere,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA