EXP. N.° 2752-2004-AA/TC
LORETO
FERNANDO RAMÍREZ NEYRA
En Lima, a los 30 días del
mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Fernando Ramírez Neyra contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 166, su fecha 23 de junio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 16 de setiembre de
2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la Dirección Regional
Agraria de Loreto y la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del
Ministerio de Agricultura, solicitando que se nivele su pensión con la
remuneración que percibe un trabajador activo F-1, conforme lo disponen el
Decreto Ley N.° 20530, la Ley N.° 23495 y su Reglamento, el Decreto Supremo N.°
015-83-PCM, por no considerarse en ella el incentivo a la productividad
regulado por la Directiva N.º 003-99-CTAR-L-GRA, aprobado por Resolución
Ejecutiva N.º 427-99-CTAR-L-P, de fecha 16 de junio de 1999; así como los reintegros de las pensiones
devengadas dejadas de percibir, más los intereses legales. Alega que se atenta
contra sus derechos adquiridos y
protegidos por la Octava
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1979,
ulteriormente reafirmada por la Primera Disposición Final y Transitoria de
1993.
La Dirección Regional Agraria de Loreto deduce las excepciones de falta de litispendencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y solicita que se declare infundada la demanda, aduciendo que el incentivo a la productividad solo es otorgado al personal activo del Pliego 453 CTAR Loreto que labore tres horas adicionales a la jornada laboral de trabajo de lunes a viernes, estableciéndose expresamente su carácter no pensionable; agregando que los conceptos de fondo de estímulo, incentivo laboral o incentivo a la productividad están comprendidos entre las prestaciones que el CAFAE otorga a los trabajadores y que no tienen carácter remunerativo ni pensionable. Adicionalmente, solicita que se emplace como litisconsorte necesario al CTAR Loreto, por ser el titular del pliego presupuestal de dicho incentivo.
El Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura contradice la
demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada, sosteniendo que
el mencionado incentivo no es pensionable, por no estar comprendido en el
inciso b) del artículo 1º de la Ley N.º 23495, ni en el artículo 5º de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 015-93-PCM, agregando que se
otorga a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo
(CAFAE).
El Gobierno Regional de
Loreto no contesta la demanda.
El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 18 de febrero de 2004, declara infundadas las excepciones y fundada la demanda en la parte que reclama la nivelación y los devengados, por considerar que el incentivo por productividad reclamado tiene el carácter de pensionable, e improcedente respecto a los intereses legales generados.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que el incentivo reclamado, por su carácter de estímulo a la productividad de los trabajadores activos, se otorga en función de la concurrencia y prestación efectiva de labores, dedicación en el trabajo y la productividad; por lo que no le corresponde al demandante.
FUNDAMENTOS
1.
La
Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, establecía
el derecho de percibir una pensión de cesantía renovable con el fin de igualar
la pensión del cesante con la remuneración de un servidor en actividad que
desempeñase cargo igual o similar al último que ejerció el cesante. El artículo
5° de la Ley N.° 23495, de Nivelación de Pensiones, dispone que cualquier
incremento posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores públicos
en actividad, que desempeñen el mismo cargo u otro similar al último que
ejerció el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en monto
remunerativo igual al que le corresponde al servidor en actividad. A su vez, el
Reglamento de la Ley N.° 23495, aprobado por el Decreto Supremo N.° 015-83-PCM,
en su artículo 5°, establece que las remuneraciones especiales a considerarse,
según los casos que correspondan, en la determinación del monto con el cual se
debe proceder a la nivelación de las pensiones, incluyen “ [...] Otros de naturaleza
similar que, con el carácter de permanentes en el tiempo y regulares en su
monto, se hayan otorgado o se otorguen en el futuro”.
2.
Respecto
del incentivo a la productividad cuyo pago se reclama, la Directiva N.º
003-99-CTAR-L-GRA, aprobada por Resolución Ejecutiva N.º 427-99-CTAR-L-P, de
fecha 16 de junio de 1999, establece que: a) la Dirección Regional de
Agricultura financiará el incentivo a la productividad con los recursos directamente recaudados; b) es
de aplicación exclusiva al personal activo que labore un mínimo de tres horas
adicionales a la jornada laboral, que termina a las 17 h 45 min., las que
necesariamente deberán estar registradas; c) el pago se hace efectivo según los
días realmente laborados, aunque contradictoriamente dispone, en el numeral
5.8, que también corresponderá a quienes se encuentren de vacaciones, de
licencia por enfermedad o capacitación oficial o en comisión de servicios; d) no tiene carácter pensionable.
3.
Del
texto de la norma que regula el incentivo a la productividad se advierte que su
percepción no está vinculada necesariamente a la productividad ni a la
calificación, dado que son considerados como jornada adicional, los periodos no laborados efectivamente, tales
como las vacaciones, licencias, comisiones, etc. Asimismo, los recursos que
financian el pago del incentivo provienen de los recursos directamente
recaudados por la Dirección Regional Agraria de Loreto y no de fondos de CAFAE,
como lo ha manifestado sin sustento el Procurador del Gobierno Regional, máxime
cuando se verifica de autos que, quien suscribe y sella la boleta de pago por productividad, presentada como prueba por la
demandante es la funcionaria encargada de remuneraciones de la entidad.
4.
En
consecuencia, la productividad del trabajador no es la condición sine qua non para la percepción del
llamado incentivo a la productividad, el mismo que se ha desnaturalizado para
convertirse en una suma que perciben los trabajadores de la Dirección Regional
Agraria de Loreto de modo permanente en el tiempo y regular en su monto, por lo
cual resulta pensionable.
5.
Por
tanto, ha quedado acreditada la vulneración del derecho constitucional
protegido hasta antes de la reforma constitucional de la Primera Disposición
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, vigente desde el 18
de noviembre de 2004, debiendo ampararse la demanda, procediendo la nivelación
de la pensión del actor, teniendo en cuenta las veintidós treintavas (22/30)
partes correspondientes al tiempo de servicios que prestó al Estado, equivalentes
periodo efectivamente laborado con relación al ciclo máximo laboral de 30 años,
establecido en el artículo 5.º del Decreto Ley N.º 20530, y de conformidad con
el artículo 7° de la Ley N.° 23495 y el artículo 11º del Decreto Supremo N.°
015-83-PCM.
6.
No
obstante, se recuerda que, conforme al propio Decreto Ley N.° 20530, un
pensionista tiene derecho a una pensión similar al haber de un trabajador en
actividad, de su misma categoría, nivel, sistema pensionario y régimen laboral,
y que aspira a que el monto de la pensión sea, en determinados casos, superior
a la remuneración que un trabajador en actividad percibe es una pretensión
ilegal, y es en ese contexto en el que se tendrá que dictar esta sentencia.
7.
De
otro lado, conforme a la reforma constitucional de la Primera Disposición Final
y Transitoria de la Constitución Política del Perú, por razones de interés
social, las nuevas reglas pensionarias se aplicarán inmediatamente y no se
podrá prever en ellas la nivelación. Por tanto, la nivelación de la pensión del
demandante solo procederá hasta la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo
Constitucional, debiendo regularse posteriormente conforme lo prevea la norma.
8.
Respecto
al pago de los intereses legales, corresponde amparar la demanda según el
criterio adoptado en la STC 065-02-AA/TC, debiendo aplicarse la tasa
establecida en el artículo 1246º del Código Civil.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
1.
Declarar
FUNDADA la demanda.
2.
Ordena
que la entidad demandada nivele la pensión de jubilación del recurrente,
incorporando el incentivo a la productividad reclamado en la forma como se
precisa en los fundamentos 5 y 6 de la presente, y que se abonen los reintegros
a que hubiere lugar, más los intereses legales que correspondan.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA