exp. N.° 3312-2004-AA/TC

lima

francisco vainstein

borrani

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Arequipa, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Vainstein Borrani contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 147, su fecha 7 de abril de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 7 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el Jockey Club del Perú, solicitando que se deje sin efecto su separación definitiva como socio, acordada por el Consejo Directivo de dicha institución el 28 de agosto de 2002; y que, en consecuencia, se lo reponga como socio activo, por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de asociación, al debido proceso, al honor y a la buena reputación.

 

Manifiesta que la Junta Directiva, presidida por el señor Herbert Moebius Castañeda, inició una campaña difamatoria y agraviante contra él, acusándolo de la comisión de diversos ilícitos, que, en ningún momento, fueron probados, pues el titular del Decimocuarto Juzgado Penal de Lima resolvió no abrirle instrucción. Añade que, a consecuencia de ello, y sin respetarse determinadas exigencias contempladas en los estatutos, con fecha 6 de diciembre de 2002 se le comunicó su separación definitiva. Aduce que se ha violado el principio de presunción de inocencia, pues pese al mandato judicial de archivamiento, fue sancionado disciplinariamente, al amparo del artículo 26°, inciso b), de los estatutos de la emplazada.

 

La emplazada contesta la demanda señalando que el recurrente fue separado definitivamente del Jockey Club por haber cometido graves irregularidades de connotación penal durante su gestión como Presidente del Consejo Directivo en el período 1999-2000. Sostiene que, en virtud de ello, está incurso en la causal establecida en el artículo 26°, inciso b), del Estatuto del Jockey Club del Perú, que prevé la separación definitiva de la institución por tal circunstancia.

 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de marzo de 2003, declara fundada la demanda, por considerar que no es de aplicación al caso el artículo 26° de los estatutos, toda vez que no existe proceso penal abierto.

 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que la separación del actor, en su condición de socio, se habría producido en estricta aplicación de los estatutos de la asociación.

 

FUNDAMENTOS

                                                                         

1.      El objeto de la presente demanda es que se deje sin efecto la separación definitiva del actor como socio del Jockey Club del Perú, acordada por el Consejo Directivo de dicha institución el 28 de agosto de 2002; y que, en consecuencia, se lo reponga como socio activo de dicha institución.

 

Debido proceso, procedimiento disciplinario y personas jurídicas de derecho privado

 

2.      Se ha alegado la violación del derecho al debido proceso porque la emplazada, al momento de sancionar al recurrente, omitió recabar el dictamen de la Junta Calificadora. Asimismo, porque se notificó tardíamente la carta notarial mediante la cual se le informó su separación definitiva como asociado.

 

3.      En diversas oportunidades [cf. STC 2050-2002-AA/TC], este Tribunal ha señalado que el derecho al debido proceso es un derecho cuyas potestades que se encuentran en su esfera de protección no solo se titularizan en el seno de un proceso judicial, sino que se extienden, en general, contra "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (las que) tiene(n) la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71).

 

De manera que, "(...) Cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas" (párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (párrafo 105)].

 

4.      Igualmente, desde sus primeras sentencias, este Tribunal ha declarado que el derecho al debido proceso también se titulariza en el seno de un procedimiento disciplinario realizado ante una persona jurídica de derecho privado [STC 0067-1993-AA/TC]. Parafraseando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional, “[...] su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto (...) que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69).

 

5.      Uno de los derechos que integran el debido proceso es el derecho al procedimiento predeterminado por la ley. Sin embargo, este no garantiza que cuando una persona sea sometida a un proceso o procedimiento sancionador, todas las reglas procedimentales establecidas en la ley o, como se ha sugerido en la demanda, en el estatuto, deban inexorablemente ser respetadas, pues de otro modo, inmediata e inexorablemente, se generaría una violación de dicho derecho. Tal forma de comprender el contenido constitucionalmente protegido del derecho terminaría con el absurdo de reconducir todo problema de incumplimiento de la ley adjetiva al ámbito de este derecho fundamental y, por su virtud, al seno de la justicia constitucional.

 

En la STC 2928-2002-HC/TC se sostuvo que el ámbito protegido por este derecho simplemente garantiza que una persona sometida a un procedimiento [judicial, administrativo o de cualquier otra índole], conforme a determinadas reglas previamente determinadas, no sufra la alteración irrazonablemente de estas, es decir, de las reglas con las cuales aquel se inició.

 

Por tanto, con independencia de si, en el caso, al sancionarse al recurrente, se contó o no con el dictamen de la Junta Calificadora, establecido en el estatuto de la emplazada, este Tribunal considera que. detrás de tal situación. no hay una materia constitucional que sea de su competencia evaluar[1].

 

6.      Por lo que se refiere al otro extremo de la alegación de violación del derecho al debido proceso, esta vez porque la remisión de la carta notarial mediante la que se comunica la separación definitiva fue enviada cuatro meses después, este Tribunal tampoco considera que se haya lesionado alguno de los atributos que integran dicho derecho constitucional. Se trata de una simple anomalía que, una vez enmendada, no ha impedido que el recurrente la cuestione o que lo haya dejado en indefensión, como se ha aducido.

 

Presunción de inocencia y personas jurídicas de derecho privado

 

7.      Por otro lado, el recurrente ha argüido que, al habérsele aplicado el artículo 26°, inciso b), de los estatutos de la emplazada, se habría violado el derecho a la libertad de asociación.

 

Dicho inciso b) del artículo 26 de los Estatutos del Jockey Club del Perú establece lo siguiente:

 

“El Consejo Directivo podrá sancionar con la separación definitiva del Jockey Club del Perú, sin que puedan reingresar como socios de la institución, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia a:

(...)

 

b) Las personas que en forma manifiesta agravien a la institución mediante la comisión de estafas o cualquier otra forma de defraudación o apropiación ilícita, no siendo necesaria la expedición de sentencia judicial condenatoria”.

 

8.      A fin de desestimar la pretensión en este extremo, la recurrida ha señalado que la separación del actor se realizó “en estricta aplicación de los estatutos de la asociación”. Y, en efecto, así fue. El actor fue sancionado con su separación en aplicación de dicho precepto estatutario. Sin embargo, el problema no es ese. En sede de la justicia constitucional, el problema de si un acto viola o no un derecho fundamental, por lo general, no se resuelve en el plano de lo que sobre el tema se haya previsto en la ley o, acaso, como se ha creído en el presente caso, a nivel de los estatutos sociales. Por el contrario, pasa por determinar si la aplicación de un acto, legal o estatutariamente válido, es o no compatible con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.

 

Como es natural, la solución de un problema de esa naturaleza, es decir, la determinación de si tal acto resulta o no lesivo de un derecho, requiere que el juzgador precise cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho de que se trate. Y es que, pudiéndose tratar de un acto legal o estatutariamente válido, sin embargo, desde un punto de vista constitucional, puede resultar inválido.

 

El Tribunal considera que tal es la situación en la que se encuentra la aplicación al recurrente del artículo 26°, inciso b), de los Estatutos del Jockey Club del Perú, como enseguida se apreciará.

 

9.     En el fundamento 4 de esta sentencia, se ha sostenido que los derechos constitucionales de orden procesal, como el de presunción de inocencia, reconocido en el ordinal “e”, inciso 24, del artículo 2° de la Constitución, también se titularizan en el ámbito de los procedimientos disciplinarios de carácter estatutario.

 

Dicho derecho opera con relación a los cargos que en el seno de las personas jurídicas de derecho privado se pudieran imputar a uno de sus asociados, en un doble sentido:

 

a)      Por un lado, como una regla de tratamiento sobre la persona sometida al procedimiento disciplinario lo que exige partir de la idea de que el sometido al procedimiento es inocente.

 

b)     Por otro, como una regla de juicio, “es decir, es una regla referida al juicio de hecho” de la resolución que sanciona, que se proyecta en el ámbito probatorio, conforme al cual la “prueba completa de la culpabilidad (...) debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución (...) si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada” [Marina Cedeño Hernán, “Algunas cuestiones suscitadas en torno al derecho a la presunción de inocencia a la luz de la jurisprudencia constitucional”, en Cuadernos de Derecho Público, núm. 10, 2000, pág. 204].

 

10.  El Tribunal Constitucional opina, precisamente, que el primer ámbito del contenido del derecho a la presunción de inocencia no fue respetado por la emplazada en el momento en que sancionó al recurrente con la separación definitiva. En efecto, conforme se puede apreciar en el inciso b) del artículo 26 de los Estatutos, allí se ha contemplado la posibilidad de sancionar con la separación definitiva del Jockey Club del Perú, sin que puedan reingresar como socios de la institución, por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia, “Las personas que en forma manifiesta agravien a la institución mediante la comisión de estafas o cualquier otra forma de defraudación o apropiación ilícita, no siendo necesaria la expedición de sentencia judicial condenatoria” [cursiva agregada].

 

A juicio de este Colegiado, si los cargos que se imputan a un asociado no constituyen afectaciones de bienes estatutariamente contemplados, sino que se sustentan en la eventual comisión de ilícitos penales, la posibilidad de expulsar a un asociado sobre la base de ellos constitucionalmente solo puede admitirse si es que judicialmente se ha declarado su responsabilidad penal.

 

Obrar en el sentido inverso, es decir, en el sentido de que la imputación de la comisión de un ilícito penal es razón suficiente para expulsar a un asociado, aun cuando no exista sentencia condenatoria, constituye una manifiesta inversión del principio de presunción de inocencia por el de presunción de culpabilidad, incompatible, desde luego, con la propia Norma Fundamental.

 

De ahí que el Tribunal considere, prima facie, que se ha acreditado la lesión del derecho a la presunción de inocencia.

 

Poder disciplinario de las asociaciones y derecho a la autoorganización como potestad de la libertad de asociación

 

11.  A fin de desvirtuar lo anterior, en diversos momentos la emplazada ha alegado que tal sanción se aplicó en cumplimiento de una norma estatutaria que el recurrente suscribió cuando ingresó al Jockey Club del Perú. Desde este punto de vista, infiere el Tribunal, al haber aplicado tal disposición estatutaria, la emplazada habría ejercido una potestad que se encuentra protegida por la libertad de asociación.

 

En la STC 0004-1996-AI/TC, este Tribunal recordó que el derecho se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2° de la Constitución, entre tanto la asociación, como persona jurídica, a título de una garantía institucional, en el inciso 13 del artículo 2° de la misma Norma Suprema. Por su parte, en la STC 1027-2004-AA/TC se volvió a recordar que entre las facultades del derecho de asociación se encuentran las de asociarse, ya sea como libertad para constituir asociaciones o de pertenecer a ellas libremente, la de no asociarse o, incluso, la de desafiliarse de una a la que se pertenezca y esté previamente constituida.

 

Evidentemente, dentro de ese mismo derecho de asociación o, dicho de otro modo, dentro de su contenido constitucionalmente protegido también se encuentra la facultad de que la asociación creada se dote de su propia organización, la cual se materializa a través del estatuto. Tal estatuto representa el pactum associationis de la institución creada por el acto asociativo y, como tal, vincula a todos los socios que pertenezcan a la institución social.

 

12.  Desde luego, dentro de esa facultad de autoorganización del instituto creado por el acto asociativo, se encuentra el poder disciplinario sobre sus miembros, ya sea contemplando las faltas o estableciendo procedimientos en cuyo seno se determine la responsabilidad de los asociados, entre los cuales es posible advertir, entre otras, las hipótesis de sanción de separación definitiva.

 

Pues bien, si bien el establecimiento de determinadas conductas como faltas, así como las sanciones que por su comisión se pudieran imponer, forman parte del derecho de autoorganización protegido por la libertad de asociación, el Tribunal Constitucional considera que este no se extiende a supuestos como el contemplado en el artículo 26°, inciso b), del Estatuto de Jockey Club del Perú. La libertad de asociación, simplemente, no garantiza que una sanción se pueda imponer invirtiéndose el ámbito protegido del principio de inocencia. El ámbito garantizado por la libertad de asociación no se entremezcla con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la presunción de inocencia, por la sencilla razón de que cada uno de ellos tiene una esfera constitucionalmente protegida en la que no existen superposiciones.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA  la demanda.

 

2.      Ordena que la emplazada reincorpore al demandante en su condición de socio activo del Jockey Club del Perú.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA



[1] Por lo demás, el dictamen de la Junta Calificadora de socios se expidió, conforme se corrobora a fojas 66 de los actuados.