EXP N.° 3833-2004-AA/TC

LIMA

ABL INGENIEROS S.A.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

            Recurso extraordinario interpuesto por el representante legal de ABL Ingenieros S.A. contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 208, su fecha 2 de junio de 2004, que declaró infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 18 octubre de 2002, ABL Ingenieros S.A., representada por su Director Gerente, don Pedro Alayza Mujica, interpone demanda de amparo contra la Superintendencia de Bienes Nacionales, con el objeto que se declare inaplicable a su solicitud de adjudicación contenida en el Exp. Adm. N.º 000106-96 –respecto de un terreno de 20,799.00 m2–, la Resolución N.º 019-2002-SBN, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 2002, denominada Directiva de procedimientos para la aprobación de venta directa de predios de dominio privado del Estado, en la que se establece que la adjudicación en venta se hará a valor comercial. Alega que el Informe N.º 028/99-SBN-DPI, expedido por la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la emplazada, concluye de modo favorable a sus intereses, precisando que debe aplicarse a su caso el D.S. N.º 004-85-VC, que establecía que tales adjudicaciones se aprueban a precio de tasación arancelaria, por lo que no puede pretenderse aplicar el precio de valor comercial al no haber culminado el proceso de formalización; más aún si se tiene que el D.S. N.º 004-85-VC, que establece que la venta debe hacerse a tasación arancelaria, es una norma de mayor jerarquía que la  Resolución N.º 019-2002-SBN.

 

La emplazada contesta la demanda a través de su representante, negando y contradiciendo la demanda en todos sus extremos, señalando que la demandante, como tal, no tiene ningún pedido ante ella, pues el expediente a que hace referencia es seguido por la Municipalidad Metropolitana de Lima; por otro lado, expone que la Superintendencia, antes de inscribir un predio, debe sanear el mismo para no perjudicar a terceros, por lo que se tuvo que variar el área primigenia ante la existencia de superposiciones, luego de lo cual, la adjudicación a la Municipalidad debe ser evaluada así como la venta directa posterior (existencia de causal), por lo que resulta impertinente todo lo expuesto sobre el derecho de petición, pues la solicitud de la demandante fue presentada ante la Municipalidad, y no ante la Superintendencia. Alega, asimismo, que si lo que se pretende cuestionar es el procedimiento administrativo, esta no es la vía adecuada, y que la demandante tampoco tiene legitimidad para obrar, pues no es parte sustancial en el proceso administrativo, más aún cuando no existe un acto concreto de violación, pues los actos de su jurisdicción no pueden ser considerados como una amenaza.

 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 de julio de 2003, declaró improcedente la demanda, estimando que el trámite administrativo que se cuestiona aún no ha culminado y que la resolución cuestionada no constituye una amenaza o violación de derecho fundamental alguno.

 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, reproduciendo parcialmente los fundamentos de la apelada.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      En virtud de la Resolución de Alcaldía N.º 039 de fecha 7 de enero de 1994 (fojas 12), de la Resolución de Alcaldía N.º 282 de fecha 10 de febrero de 1997 (fojas 14), y del Oficio N.º 264-96-MLM-DMDU-DGTE de fecha 4 de octubre de 1996 (fojas 17), queda plenamente acreditado que el Expediente Administrativo identificado con el N.º 210546-MML o N.º 000106-96-SBN fue iniciado ante la emplazada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ello guarda relación con lo expuesto en el Decreto Supremo N.º 007-92-VC, que establece que las adjudicaciones de terrenos de propiedad fiscal que efectúen los gobiernos regionales y municipales provinciales se llevarán a cabo previa opinión favorable de la Dirección General de Bienes Nacionales.

 

2.      En ese sentido, la propia norma establece el procedimiento y requisitos, precisando que los sujetos legitimados no pueden ser otros que los gobiernos regionales o municipales provinciales; por ello, aun cuando la intervención de la empresa demandante puede ser considerada como coadyuvante, dado que tiene interés en el resultado de la solicitud presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ello no le otorga legitimidad alguna para cuestionar las decisiones de la entidad emplazada, ni mucho menos para observar o cuestionar documentos técnicos o alegar una presunta amenaza de violación de sus derechos fundamentales, cuando no puede ser parte del procedimiento administrativo.

 

3.      De otro lado, el procedimiento administrativo aún se encontraba en trámite al momento de interponerse la demanda de autos, por lo que resulta prematuro pretender cuestionar el mismo sin que previamente exista un pronunciamiento en sede administrativa que agote dicha vía; en ese sentido, también resulta de aplicación al caso el artículo 27º de la Ley N.º 23506 –vigente al momento de interponerse la demanda–, supuesto que ha sido reproducido en el artículo 5.4º del Código Procesal Constitucional, en actual vigencia.

 

4.      Este pronunciamiento tiene en cuenta, además, que no se aprecia en autos que la forma o modo como está actuando la autoridad administrativa constituya, per se, una amenaza de violación de los derechos fundamentales que se invocan, y, por lo tanto, tampoco resulta pertinente que este Colegiado realice un ejercicio de previsión futura que evalúe el probable resultado o resolución que emita la autoridad administrativa, pues en autos no se aprecia que la presunta amenaza sea de cierta e inminente  realización.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI