EXP.
N.º 4277-2004-AA/TC
LAMBAYEQUE
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a 3 de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por doña María Cherres Vda. de Herrera contra la sentencia de la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 86,
su fecha 24 de setiembre de 2004, que declara improcedente la demanda de autos.
Con fecha 30 de setiembre de
2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se actualice y se nivele su
pensión de viudez en aplicación de la Ley N.º 23908, en un monto equivalente a
tres sueldos mínimos vitales, y se disponga el pago de los devengados, de los
intereses legales y de las costas y los costos procesales. Refiere que la
demandada le otorgó pensión de viudez a partir del 11 de agosto de 1991, bajo
el régimen del Decreto Ley N.° 19990, pero sin aplicar el reajuste establecido
por la Ley N.° 23908, afectando, de esta manera, sus derechos constitucionales.
La emplazada contesta la
demanda alegando que la Ley N.º 23908 estableció el monto mínimo de la pensión
en tres sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres
veces más que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser
igual al Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital
más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria.
El Sétimo Juzgado
Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 1 de marzo de 2004, declara infundada
la demanda por considerar que el monto de la pensión inicial de viudez de la
recurrente es igual a tres sueldos mínimos vitales vigentes a la fecha de la
contingencia.
La recurrida, revocando la
apelada, declara improcedente la demanda argumentando que la demandante no
acreditó la fecha en que su causante adquirió el derecho a una pensión con
arreglo a la Ley N.° 23908.
1.
En
atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
STC N.º 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º,
inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que,
en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica
de la pensión que percibe la demandante, resulta procedente efectuar su
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo
vital.
2.
En
el presente caso, la demandante pretende que se reajuste su pensión de viudez
en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de lo
dispuesto por la Ley N.º 23908.
Análisis de la controversia
3.
El
artículo 79º del Decreto Ley N° 19990 prescribe que los reajustes de las
pensiones otorgadas serán fijados teniendo en cuenta las variaciones en el
costo de vida y que, en ningún caso, podrá sobrepasarse el límite señalado en
el artículo anterior, por efecto de uno o más reajustes, salvo que dicho límite
sea, a su vez, reajustado. Igualmente, debe tenerse en cuenta que el artículo
78º del referido Decreto Ley reguló el mecanismo para establecer el monto
máximo de las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones.
4.
La
Ley N.º 23908 modificó el Decreto Ley N.º 19990, que en su diseño estableció la
pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo
previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de
pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de
la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que
correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las
excepciones previstas en la propia norma. En ese sentido, la pensión mínima
originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos
vitales, pero posteriormente, las modificaciones legales que regularon los
sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el Ingreso
Mínimo Legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta
el 18 de diciembre de 1992.
5.
El
Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los
requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones,
entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la
pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia
–19 de diciembre de 1992–, inaplicable la Ley N.º 23908.
6.
Por
tanto, este Colegiado ha establecido, en reiterada y uniforme jurisprudencia,
que la pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a aquellos
asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de
diciembre de 1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º
25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la
fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.
7.
Al
respecto, debe entenderse que todo pensionista que hubiera alcanzado el punto
de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.º 23908, tiene
derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos mínimos
vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que
estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres
veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el
referido periodo.
8.
Cabe
precisar que en todos los casos, independientemente de la fecha en la cual se
hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en función de
ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde el
19 de diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de dispositivo legal
(entiéndase Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Jefatural de la
ONP o cualquier otra norma), siempre y cuando el nuevo monto resultante de la
pensión no supere la suma establecida como pensión máxima por la normativa
correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 3º del
Decreto Ley N.º 25967.
9.
El
Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Exps. N.os
956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha manifestado que en los casos de restitución
de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante, por
equidad, debe aplicarse el artículo 1236° del Código Civil. Dichas ejecutorias
también señalan que debe tenerse en cuenta el artículo 13° de la Constitución
Política de 1979, que declaraba que “La seguridad social tiene como objeto
cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente,
vejez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada
conforme a ley”, lo cual concuerda con lo que establece el artículo 10° de la
vigente Carta Política de 1993.
10.
Asimismo, según el criterio adoptado en la sentencia
recaída en el Exp. N.º 065-2002-AA/TC, en los casos en los cuales se evidencie
el incumplimiento de pago de la pensión por una inadecuada aplicación de las
normas vigentes en la fecha de la contingencia debe aplicarse a las pensiones
devengadas la tasa de interés legal establecida en el artículo 1246º del Código
Civil, y cumplirse con el pago en la forma indicada por el artículo 2.º de la
Ley N.º 28266.
11.
De
otro lado, en cuanto a la pretensión de pago de costas y costos procesales,
conforme al artículo 56º del Código Procesal Constitucional, la demandada solo
debe abonar los costos procesales.
12.
Conforme
se aprecia de la Resolución N.° 29872-B-051-CH-92-T, obrante a fojas 1 de
autos, se otorgó pensión de viudez a favor de la demandante a partir del 11 de
agosto de 1991 –fecha de fallecimiento de su cónyuge causante–, correspondiéndole
el beneficio de la pensión mínima al ciento por ciento (100%), según lo dispone
el artículo 2º de la Ley N.º 23908, hasta el 18 de diciembre de 1992.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA
RESUELTO
1.
Declarar
FUNDADA la demanda.
2.
Ordena
que la demandada reajuste la pensión de jubilación de la demandante de acuerdo
con los criterios de la presente sentencia, siempre que, en ejecución de
sentencia, no se verifique el cumplimiento de pago de la pensión mínima de la
Ley N.º 23908 durante el periodo de su vigencia. Del mismo modo, ordena que
abone los devengados e intereses legales que correspondan, así como los costos
procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO