EXP. N.º 4376-2004-AC/TC
LA LIBERTAD
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Pisco, a los 3 días del
mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García
Toma pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por don Tomás José Villalobos Gonzáles contra la sentencia de la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas
117, su fecha 5 de noviembre de 2004,
que declara improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 5 de setiembre de
2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se cumpla con nivelar y
actualizar su pensión de jubilación de conformidad con la Ley N.° 23908.
Asimismo, solicita se disponga el pago de las pensiones devengadas.
La ONP contesta la demanda
alegando que la Ley N.º 23908 estableció el monto mínimo de la pensión en tres
sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más
que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser igual al
Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital más las
bonificaciones por costo de vida y suplementaria. En cuanto al derecho de
indexación automática, sostiene que se
debe respetar el criterio del Tribunal Constitucional, el cual dispuso que este
sólo fue aplicable hasta el 31 de noviembre de 1991.
El Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 22 de enero de 2004, declara
fundada la demanda, por considerar que el recurrente alcanzó el punto de
contingencia durante la vigencia de la Ley N.° 23908.
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la
demanda, por estimar que no existe en autos un mandato específico emanado de un
proceso administrativo previo, requisito que requiere la norma para su
aplicación.
1.
El
demandante pretende que se reajuste su pensión de jubilación en una suma
equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de lo dispuesto por
la Ley N.º 23908.
2.
Del
recuento de las disposiciones que regularon la pensión mínima, se concluye lo
siguiente:
a) La Ley N.º 23908 modificó el Decreto Ley N.º 19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma.
b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo para estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.
c) La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a tres veces la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, el referente de cálculo de la misma se estableció utilizando uno de los tres componentes de la remuneración mínima de los trabajadores.
d) El Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia –19 de diciembre de 1992–, inaplicable la Ley N.º 23908.
e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.º 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.
f) Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria la Ley N.º 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión, en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo de tiempo.
g) A partir del 19 de diciembre de 1992, resultan de aplicación las disposiciones del Decreto Ley N.º 25967, que establecen el nuevo sistema de cálculo para obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo N.º 817 (vigente a partir del 24 de abril de 1996) implantó nuevamente un sistema de montos mínimos determinados de las pensiones, atendiendo al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista.
h) Cabe precisar que en todos los casos, independientemente de la fecha en la cual se hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en función de ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde el 19 de diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de dispositivo legal (entiéndase Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Jefatural de la ONP o cualquier otra norma); siempre y cuando el nuevo monto resultante de la pensión no supere la suma establecida como pensión máxima por la normativa correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 3º del Decreto Ley N.º 25967.
3. Conforme
se aprecia de la Resolución N° 0000038018-2002-ONP/DC/DL 19990, de fecha 17 de
julio de 2002, obrante a fojas 2 de autos, se otorgó pensión de jubilación a
favor del demandante a partir del 31 de mayo de 1992, correspondiéndole el
beneficio de la pensión mínima, hasta el 18 de diciembre de 1992, criterio expuesto
y fundamentado en la sentencia recaída en el expediente N.° 2409-2004-AA/TC y
otras expedidas por éste Tribunal en casos similares.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA
RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2.
Ordena
que la demandada reajuste la pensión de jubilación del demandante de acuerdo
con los criterios de la
presente sentencia, abonando los devengados que correspondan, siempre
que, en ejecución de sentencia, no se verifique el cumplimiento de pago de la
pensión mínima de la Ley N.º 23908, durante el periodo de su vigencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA