SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amelia Anita Santa Cruz Guerrero contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 113, su fecha 21 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se actualice y nivele su pensión de viudez, percibida al amparo del Decreto Ley N.° 19990, en el monto equivalente a 3 remuneraciones mínimas vitales, tal como lo estipula la Ley N.° 23908. Afirma que desde el 22 de marzo de 1989 percibe una pensión de viudez, la cual actualmente es de S/. 347.80 nuevos soles, suma que considera diminuta.

La ONP contesta la demanda alegando que el artículo 79° del Decreto Ley N.° 19990 dispone que los reajustes de las pensiones serán fijados previo estudio actuarial y teniendo en cuenta las variaciones del costo de vida.

El Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 1 de marzo de 2004, declara fundada la demanda al considerar que, teniendo en cuenta la fecha de la contingencia, le corresponde a la demandante la aplicación de la Ley N.° 23908.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, al estimar que sólo le corresponderá a la demandante el 100% de la pensión de viudez, cuando acredite que ha cesado el derecho pensionario de sus hijos.

FUNDAMENTOS

1. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC N.º 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado efectúe su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital.

2. En el presente caso, la demandante pretende la aplicación de la Ley N.° 23908, alegando que percibe una pensión diminuta. En consecuencia, la pretensión de la recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el Fundamento 37.c, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis del agravio constitucional alegado

3. El artículo 1° de la Ley N.° 23908 –publicada el 07-09-1984– dispuso: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”.

4. Este Tribunal ha precisado, en reiteradas ejecutorias que constituyen precedentes de observancia obligatoria, que:

a) La Ley N.° 23908 modificó el Decreto Ley N.° 19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma.

b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales pero, posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores la transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, sólo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.

c) El Decreto Ley N.° 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los requisitos exigidos por el Decreto Ley N.° 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituyó el beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia, el 19 de diciembre de 1992, inaplicable la Ley N.° 23908.

d) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.° 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.° 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3°, y sólo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.° 25967.

e) Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.° 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión, en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente en cada oportunidad de pago de la pensión durante el referido periodo.

5. En ese sentido, al advertirse, de fojas 2 de autos, que la demandante percibe una pensión de viudez de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley N.° 19990, desde el 3 de setiembre de 1988, fecha de fallecimiento de su causante, es que corresponde también otorgarle el beneficio de la pensión mínima al 100%, según lo establece el artículo 2° de la Ley N.° 23908, hasta el 18 de diciembre de 1992.

6. Por último, según el criterio adoptado en la sentencia recaída en el Exp. N.º 065-2002-AA/TC, en los casos en los cuales se evidencie el incumplimiento de pago de la pensión, por una inadecuada aplicación de las normas vigentes en la fecha de la contingencia, debe aplicarse a las pensiones devengadas la tasa de interés legal establecida en el artículo 1246º del Código Civil, y cumplirse con el pago en la forma indicada por el artículo 2.º de la Ley N.º 28266.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos.

2. Ordenar que la emplazada reajuste la pensión de jubilación de la demandante de acuerdo con los criterios de la presente sentencia, abonando los devengados e intereses legales que correspondan, siempre que en ejecución de sentencia no se verifique el cumplimiento de la Ley N.° 23908 durante su período de vigencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO