SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lorenza Díaz Vda. de Campos contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 128, su fecha 23 de diciembre de 2004, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando el reajuste de su pensión de viudez en un monto equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales, tal como lo estipula la Ley 23908, con abono de los devengados e intereses correspondientes.

La emplazada contesta la demanda alegando que el artículo 79.° del Decreto Ley 19990 dispone que los reajustes de las pensiones serán fijados previo estudio actuarial y teniendo en cuenta las variaciones del costo de vida.

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 12 de diciembre de 2003, declara fundada la demanda considerando que al haberse producido la contingencia antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 817, le corresponde a la demandante el beneficio reclamado.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que al carecer esta vía de etapa probatoria no resulta atendible la pretensión.

FUNDAMENTOS

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.º, inciso 1), y 38.º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital.

2. En el presente caso, la demandante solicita la aplicación de la Ley 23908, por venir percibiendo una pensión diminuta. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.c de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde hacer un análisis de fondo.

Análisis de la controversia

3. El artículo 1.° de la Ley 23908 –publicada el 7-9-1984– dispuso: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”.

4. Este Tribunal, en uniformes ejecutorias, ha señalado lo siguiente:

a) La Ley 23908 modificó el Decreto Ley N.° 19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma.

b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el Ingreso Mínimo Legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.

c) El Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los requisitos exigidos por el Decreto Ley 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose que, desde la fecha de su vigencia, quedaba sustituido el beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia, 19 de diciembre de 1992, inaplicable la Ley 23908.

d) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3.°, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley 25967.

5. En el presente caso, aun cuando en el expediente no se ha adjuntado la resolución de otorgamiento de pensión de viudez, corriente a fojas 1 de autos, se advierte que el cónyuge de la demandante falleció el 25 de noviembre de 1995, fecha en la cual ya no era de aplicación la Ley 23908; en consecuencia, no se le puede otorgar el beneficio reclamado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO