EXP. N.° 2783-2006-PA/TC

LIMA

JUAN SEBASTIÁN

RAMOS SIPIRÁN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 16 de mayo de 2006

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Sebastián Ramos Sipirán contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 874, su fecha 25 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de autos, en los seguidos con el Instituto Peruano de Energía Nuclear-IPEN; y,

ATENDIENDO A

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 164-03-IPEN-PRES, del 4 de noviembre del año 2003, que lo despide por la supuesta comisión de faltas graves; y que, por consiguiente, se ordene al emplazado que lo reponga en su puesto de trabajo y que le pague las remuneraciones dejadas de percibir. El emplazado sostiene que el recurrente fue despedido por no haber denunciado a las instancias respectivas la existencia de vinculación contractual prohibida en la institución y de la cual era parte.

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación y pacificación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público.

3. Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5º, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado.

4. Que, en consecuencia, por ser el asunto controvertido materia del régimen laboral privado, los jueces laborales deberán adaptar tales demandas conforme al proceso laboral que corresponda según la Ley N.º 26636, observando los principios laborales que se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral y los criterios sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado ha consagrado en su jurisprudencia para casos laborales (cfr. Fund. 38 de la STC 0206-2005-PA/TC).

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme se dispone en el Fundamento 4, supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GARCÍA TOMA

ALVA ORLANDINI

LANDA ARROYO