EXP. N.°
3149-2006-PA/TC
LIMA
ELECTROPERÚ S.A.
Lima, 18 de julio del 2006
El recurso de agravio constitucional
interpuesto por la empresa ELECTROPERÚ S.A., debidamente representada por don
Miguel Suárez Mendoza, contra la resolución de la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 146 del segundo cuaderno, su fecha 2 de noviembre
del 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la
demanda de amparo de autos; y,
1.
Que con fecha 1 de abril del 2005, el
recurrente interpone demanda de amparo contra la Primera y la Segunda Sala
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ica, así
como contra el Juez Especializado en lo Laboral de Pisco, solicitando se deje
sin efecto el proceso de ejecución de resolución judicial seguido por Magdalena
Román Aguirre contra la ahora demandante, por vulnerar su derecho al debido
proceso. En concreto, alega que en base a la
resolución de fecha 2 de marzo de 1992 –mediante la cual la Corte Suprema de
Justicia de la República declaró inaplicables los decretos supremos 057-90-TR y
107-90-PCM, determinando una obligación de "no hacer" y no una
obligación "de dar"–, doña Magdalena Román Aguirre presentó una
demanda de ejecución de resolución judicial, la que fue amparada por el Juez
demandado, quien declaró inaplicables los decretos
leyes N.os 25541, 25872 y 25876
(que establecen que todo reajuste automático de remuneraciones concluyó
definitivamente el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el
Decreto Legislativo N.º757). Sostiene que dicha resolución fue confirmada por
la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de
Justicia de Ica, mediante resolución de fecha 28 de
junio del 2004, lo que considera vulnera su derecho al debido proceso, pues se
ha admitido, en una vía que no corresponde, una pretensión que no tiene
sustento en la resolución de fecha 2 de marzo de 1992, expedida por la Corte Suprema de Justicia de la República.
2.
Que mediante resolución de fecha 6
de mayo del 2005, la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de
Justicia de Ica declara improcedente la demanda, tras
considerar, por un lado, que las anomalías procesales deben remediarse mediante
el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen
y, por otro, que la recurrente no ha acreditado la afectación de su derecho al
debido proceso al no haber acompañado resolución alguna que acredite la
preexistencia de resolución firme. La recurrida confirma la apelada
argumentando que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo de prescripción
contemplado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional.
3.
Que el Tribunal Constitucional considera que la
demanda debe desestimarse. En efecto, el segundo párrafo del artículo 44.º del Código Procesal Constitucional establece que el plazo
para interponer la demanda de amparo contra una resolución judicial vence a los
30 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución que ordena se
cumpla lo decidido. En el caso, de estos el Tribunal
aprecia que la resolución expedida por la Primera Sala Mixta Descentralizada de
Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, de
fecha 28 de junio del 2004, fue notificada a la recurrente con fecha 5 de julio del 2004 (f. 483), en
tanto que la demanda fue interpuesta el 1 de abril de 2005, es decir fuera del
plazo señalado en el párrafo anterior.
4.
Que al fundamentar el recurso de agravio
constitucional la recurrente ha sostenido que el acto reclamado debe
considerarse un acto continuado y, por tanto, que el plazo de prescripción debe
computarse "desde la fecha en que haya cesado totalmente su
ejecución".
El Tribunal
Constitucional no considera que las resoluciones judiciales expedidas con
posterioridad a la resolución de fecha 28 de junio del 2004
tengan la naturaleza de "actos continuados". Estos no son sino la
ejecución de la resolución de fecha 28 de junio del 2004, expedida por la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de
Justicia de Ica, de modo que, para evitar que estas
últimas adquieran eficacia, la recurrente debió, de ser el caso, impugnarla
para que una instancia superior la revisara o, en su caso, cuestionarla dentro
del plazo legal a través del amparo, en la medida en que la pretensión
estuviera referida al contenido constitucionalmente protegido de alguno de los
derechos comprendidos dentro de la tutela procesal efectiva.
No habiéndose cuestionado en su debida oportunidad la aludida resolución
según lo expuesto en el considerando 3 de esta resolución, el Tribunal estima
que resulta de aplicación el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal
Constitucional.
Por
las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
la Constitución Política del Perú le confiere
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
VERGARA
GOTELLI