EXP. N.° 3491-2005-PHC/TC

LIMA

RAÚL ARTURO

LAYNES ROMERO

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En Lima, a los 19 días del mes de junio del 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguientes sentencia, con el voto discordante del magistrado Vergara Gotelli y el voto dirimente del magistrado García Toma

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Arturo Laynes Romero contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 18 de febrero de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 10 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima, denunciando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso (plazo razonable en la administración de justicia) y a la libertad individual, dentro del proceso de hábeas corpus N.° 84-04.

 

            Manifiesta que con fecha 22 de noviembre de 2004, se llevó a cabo la vista de la causa por parte de la Sala Penal demandada en virtud de la apelación que oportunamente interpuso contra la resolución emitida por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, de fecha 25 de octubre de 2004, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada contra el titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima y los Vocales de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima por vulneración de su derecho a la libertad individual. Puntualiza que desde la citada fecha de vista han transcurrido aproximadamente 50 días sin que la Sala emplazada haya resuelto o notificado la resolución correspondiente, lo que vulnera su derecho a obtener una resolución dentro de un plazo oportuno, debiendo tomarse en cuenta que, de acuerdo a ley, el plazo para resolver un recurso de apelación en materia de hábeas corpus es de 5 días, bajo responsabilidad. Solicita, por consiguiente, que la Sala demandada cumpla, de inmediato, con resolver el recurso de apelación presentado, sin perjuicio de que se disponga la remisión de copias de los actuados a la Oficina de Control de la Magistratura, a efectos de que se impongan las sanciones disciplinarias que correspondan.

 

            Practicadas las diligencias de ley, se reciben las declaraciones del recurrente, quien se ratifica en los términos de su demanda. Asimismo, se reciben las declaraciones de los vocales emplazados, Andrés Paredes Laura, Demetrio Ramírez Descalzi y Otto Zárate Guevara, quienes argumentan que mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2004, la Sala Penal demandada confirmó la resolución expedida por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta contra el titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima y la Cuarta Sala Penal de Lima, por lo que estiman que la presente demanda debe ser declarada improcedente.

 

            El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de enero de 2005, declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, por haberse producido la sustracción de la materia, habida cuenta de que mediante resolución del 26 de noviembre de 2004, la Sala demandada confirmó la resolución apelada, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus promovida contra el titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima y la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, debiendo advertirse adicionalmente que dicha resolución fue notificada el 11 de enero de 2005.

 

            La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por considerar que el hábeas corpus es un mecanismo residual y extraordinario (sic) de protección de la libertad personal y derechos conexos. No obstante, se establece que la demandada resolvió la apelación, confirmando la apelada que declaró improcedente la acción de hábeas corpus, no existiendo amenaza ni vulneración a al libertad individual o derechos conexos.

 

FUNDAMENTOS

 

Petitorio

 

1.      La demanda tiene por objeto cuestionar el proceder de  la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, la cual, al no resolver oportunamente el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la resolución emitida por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, de fecha 25 de octubre de 2004, dentro del proceso de hábeas corpus seguido contra  el titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima y los Vocales de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad individual.

 

Antecedentes que generaron el presente proceso

 

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, consideramos pertinente precisar algunos aspectos en torno a los antecedentes del presente proceso: a) Inicialmente el recurrente interpuso demanda de hábeas corpus contra Luis Alberto Quispe Choque, titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, y los vocales de la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, Julio Enrique Biaggi Gómez, Hermilio Vigo Zevallos y Teresa Jara García. La demanda se sustentaba en que el actor habría sido víctima de una presunta detención arbitraria, por haberse prolongado indebidamente el tiempo de su detención dentro de un proceso penal que se le ha venido siguiendo por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves) y el delito contra la seguridad pública (tenencia ilegal de armas); b) En dicho proceso, el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal expidió sentencia con fecha 25 de octubre de 2004, declarando improcedente la demanda interpuesta (Exp. N° 28-04). A su turno, el mismo recurrente presentó recurso de apelación contra dicha sentencia de primer grado, habiéndose elevado los actuados del expediente a la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, la que, mediante resolución del 15 de noviembre de 2004, señaló como fecha de la vista de la causa el 22 de noviembre de 2004, diligencia que pese a haberse llevado a efecto en la citada fecha, no ha originado, hasta la interposición de la demanda constitucional de la que ahora conoce este Colegiado (segundo proceso de hábeas corpus), pronunciamiento alguno; c) Lo que cuestiona el demandante, mediante el presente proceso, no es, pues, una resolución judicial emitida dentro del primer proceso de hábeas corpus, sino, al contrario, la omisión injustificada en su expedición por parte de los vocales de la Sala emplazada;  esto es, el hecho de que, pese a haberse interpuesto un recurso de apelación en un proceso constitucional, sujeto a un trámite rápido y fulminante, haya transcurrido un periodo notoriamente irrazonable (casi 50 días) sin que se haya expedido sentencia que defina su reclamo constitucional primigenio.

 

Sobre la viabilidad del hábeas corpus contra hábeas corpus

 

3.      Del recuento de los antecedentes descritos, aparece que la presente demanda de hábeas corpus ha sido promovida contra autoridades judiciales que han venido conociendo de un anterior proceso de hábeas corpus, situación que de alguna forma impone precisar si dicha alternativa procesal, atípica por lo demás en nuestra jurisprudencia, es viable dentro del marco jurídico actualmente vigente, tanto más cuanto que el Código Procesal Constitucional establece, en el artículo 5°, inciso 6), que “No proceden los procesos constitucionales cuando: [...] Se cuestione una resolución firme recaida en otro proceso constitucional [...]”.

 

4.      Aunque no existe en nuestra jurisprudencia casuística en la que se haya dilucidado sobre la procedencia de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de hábeas corpus, dicha hipótesis, si bien  difícil de verificarse en la práctica, tampoco resulta imposible de presentarse a la luz de eventuales cuestionamientos frente a determinadas situaciones conflictivas. El presente caso, y las particularidades que lo rodean, así lo patentizan, pues lo que se reclama en la demanda tiene que ver con una presunta afectación a los derechos constitucionales del recurrente, acontecida dentro de la tramitación de un proceso de hábeas corpus. Por otra parte, no se trata de cualquier afectación a cualquier derecho, sino de aquellos atributos que normalmente legitiman la interposición de un hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Lo que se denuncia, en pocas palabras, está relacionado con la vulneración al debido proceso en su manifestación de derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, producida al no existir pronunciamiento dentro de un plazo perentorio sobre un recurso de apelación; y vulneración a la libertad individual, a consecuencia de no definirse, oportunamente, un reclamo constitucional en el que se denuncian presuntas agresiones a la libertad individual por parte de autoridades judiciales.

 

5.      Como se ha señalado, no existe en nuestra jurisprudencia antecedentes de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de la misma naturaleza. Sin embargo, lo más cercano a dicha opción es lo que la jurisprudencia ha venido en denominar amparo contra amparo, régimen procesal que, como lo ha precisado recientemente este mismo Colegiado en los expedientes 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo) y 2707-2004-AA/TC (Caso Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sigue siendo plenamente legítimo, no obstante lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 6), del Código Procesal Constitucional, habida cuenta de que la citada disposición restrictiva debe entenderse como referida a procesos donde se ha respetado escrupulosamente la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo cuerpo normativo, y tomando en cuenta, adicionalmente, que una interpretación que cierra por completo la posibilidad del amparo contra amparo sería contraria a la Constitución.

 

6.      Si bien en el presente caso no se trata de un amparo contra otro amparo, sino, más bien, de un hábeas corpus contra otro hábeas corpus, no por ello deja de ser pertinente enfocar dicha hipótesis dentro del contexto general del Código Procesal Constitucional, cuyo texto se refiere a la improcedencia de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. A este respecto, una interpretación de dicho dispositivo, dentro de criterios similares a los que se han realizado para el caso del amparo, permitiría concluir que, de darse tal hipótesis, aquella necesariamente tendría que estar condicionada a la vulneración por parte de un juez constitucional (en este caso de hábeas corpus) de los derechos a la tutela procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual, conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para el caso de los hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Queda claro, por lo demás, que esa, y no otra, sería la situación en la que podría legitimarse el régimen aquí enunciado, amén de asumirse con  un carácter residual y necesariamente restrictivo.

 

La verdadera hipótesis procesal. Hábeas corpus por omisión judicial

 

7.      Cabe sin embargo puntualizar, por lo que respecta al presente caso, un detalle adicional a la par que gravitante. El presupuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 5°, inciso 6), del Código tiene que ver con la presencia de procesos constitucionales promovidos contra  resoluciones judiciales firmes recaídas en otro proceso constitucional. Como se ha precisado en los fundamentos 2, acápite c), y 4 de este voto en el caso de autos, no estamos ante una resolución judicial firme considerada lesiva de los derechos (expresión de una conducta inconstitucional positiva) sino, más bien, ante una omisión en la expedición de una resolución (manifestación de una conducta inconstitucional negativa). No se configura, por tanto, el presupuesto de improcedencia a que se refiere la norma, sino algo totalmente distinto que, por lo mismo, no se encuentra proscrito de forma alguna. El Código, en otras palabras, no ha dicho en ningún momento que no pueda prosperar un hábeas corpus por omisión judicial, sino que se ha referido exclusivamente al caso de los hábeas corpus contra resoluciones (acciones) judiciales firmes recaídas en otro proceso constitucional.

 

8.      El detalle aquí enunciado permite focalizar la controversia desde un ángulo diferente. Y es que, examinados con detenimiento los antecedentes del caso, así como la pretensión demandada, se observa que más que un hábeas corpus promovido contra una resolución judicial expedida dentro de otro proceso constitucional y que, desde luego, haya resultado lesiva de los derechos del recurrente, se trata de un hábeas corpus contra autoridades judiciales por no cumplir con administrar justicia constitucional de manera diligente y oportuna, perjudicando con tal inercia el debido proceso y, correlativamente, la libertad individual. Aunque ciertamente se trata de un proceso de hábeas corpus contra otro proceso de hábeas corpus, y es, por tanto, atípico en sus alcances, sus características, empero, son bastante particulares, quedando claro que, conforme a las mismas, no existe posibilidad alguna de condicionar su procedencia, por lo menos desde la perspectiva que ofrece el Código y que, como se ha dicho, se refiere stricto sensu a la presencia de resoluciones judiciales formalmente emitidas.

 

9.      Aun cuando la descrita resulta una opción perfectamente legítima, debe, sin embargo, quedar perfectamente establecido que, por tratarse de un emplazamiento contra jueces constitucionales (defensores prima facie de los derechos), no puede considerarse con un carácter abierto, pues, de ser así, se desnaturalizaría el regimen de presunción favorable de la que goza todo proceso constitucional por el solo hecho de su existencia. Dicho en otros términos, aun cuando sea viable el proceso de hábeas corpus contra un proceso de la misma naturaleza, tal situación no puede ser una regla general, sino una medida excepcional, cuya procedencia ha de requerir una sensata ponderación según la naturaleza de cada supuesto.    

 

Los derechos reclamados y su importancia

     

10.  En lo que respecta a los derechos mismos cuya invocación se ha realizado, conviene recordar dos cosas elementales: a) si bien el derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, se trata de una manifestación implícita del derecho al debido proceso, derivado de los principios relativos a la dignidad de la persona y al Estado democrático de  derecho  que,  por  otra  parte,  coadyuva  al  pleno  respeto  de  los  principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la duración de un proceso para ser reconocido como constitucional (cf. la sentencia recaída en el Expediente 549-2004-HC, Caso Manuel Moura García). Aunque dicho derecho suele encontrarse asociado a los procesos de tipo penal (donde las restricciones sobre la libertad individual requieren plazos que no terminen perjudicándola indebidamente), no existe ninguna razón por la cual no pueda invocarse el mismo atributo en el ámbito de los procesos constitucionales, donde el objetivo de tutela preferente y oportuna es la razón de la existencia y legitimidad de tales mecanismos de defensa; b) la libertad personal es, a su vez, un derecho fundamental a la par que un valor superior del ordenamiento jurídico. Como tal, si bien puede ser restringido de conformidad con las previsiones constitucionales y legales, no puede serlo hasta un extremo que resulte vaciado de contenido esencial. De ahí que si, a consecuencia de decisiones de la autoridad judicial, se ve limitado en su ejercicio, tal restricción solo puede ser válida en tanto contribuya a los objetivos de cada proceso, lo que, sin embargo, requiere compatibilizar las restricciones producidas con  referentes como la razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y provisionalidad de toda medida restrictiva. Esta lógica es válida tanto para los procesos penales en que  se ve involucrada la libertad individual de manera inmediata o directa, como en procesos de otro tipo (civiles, constitucionales, etc.), donde tal derecho puede verse afectado de manera mediata o indirecta.

 

Las situaciones lesivas

 

11.  En el caso de autos, se observa que tras haberse expedido la resolución de fecha 25 de octubre de 2004 por parte del Cuadragésimo Primer Juzgado en lo Penal de Lima, mediante la cual se declara improcedente el proceso de hábeas corpus que inicialmente planteara el recurrente, este interpone su recurso de apelación, dando lugar a que la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima emita resolución con fecha 15 de noviembre de 2004, mediante la cual señala como fecha de la vista de la causa el 22 de noviembre de 2004, situación que también es reconocida por los vocales demandados en sus respectivas manifestaciones.

 

12.  El demandante de la presente causa sostiene que, pese a haberse llevado a efecto la vista de la causa en la fecha señalada (22 de noviembre de 2004), hasta el momento de interposición de la presente demanda (10 de enero de 2005), no había sido resuelta la apelación que formulara contra la resolución de primera instancia, lo que, en efecto, constituye un total despropósito si se toma en cuenta que tanto el artículo 20° de la Ley N° 23506 (vigente al momento de tramitarse el primer hábeas corpus) como el artículo 36° del Código Procesal Constitucional (vigente al tramitarse el segundo hábeas corpus) consideran, como plazo máximo e improrrogable para resolver, un periodo de cinco días (entendidos como hábiles), no existiendo, por otra parte, ninguna explicación que pueda justificar tal demora.

 

13.  Aunque, a posteriori de haberse interpuesto la presente demanda constitucional, la Sala emplazada ha señalado que, con fecha 26 de noviembre de 2004, se procedió a expedir la resolución que confirma la apelada en todos sus extremos, habiéndose acompañado la resolución en la que, en efecto, consta su existencia, consideramos insuficiente dicha argumentación, pues conforme aparece de dicha copia, obrante de fojas 31 a 33 de los autos, esta fue notificada recién con fecha 11 de enero de 2005; es decir, un día después de haberse promovido el presente proceso constitucional y solo a instancias de haberse emplazado a los magistrados demandados. No es, pues, la fecha de emisión de la resolución lo que aquí se meritúa, sino la fecha de su notificación, ya que es desde la misma en que el demandante recién puede considerar resuelta su situación jurídica en uno u otro sentido. Es incongruente, por lo demás, que entre la fecha en que supuestamente fue expedida la resolución y la fecha en que se produce su notificación, exista un lapso notoriamente dilatado e incompatible a todas luces con el carácter sumarísimo de todo proceso de hábeas corpus, tanto más cuanto que el mismo Código Procesal Constitucional establece, en su artículo 33°, inciso 8), el carácter improrrogable de las actuaciones procesales.

 

14.  Debe, en todo caso, quedar establecido que, aun cuando los plazos previstos para la tramitación de cada proceso constitucional supongan un carácter sumarísimo, en muchas ocasiones incompatible con la inmensa carga procesal de la que adolece la administración de Justicia en general, ello no significa que, so pretexto de tal situación, se minimice o, peor aún, se ignore por completo los fines tutelares de dichos mecanismos, equiparando su tramitación a la de los procesos ordinarios. No debe olvidarse que, conforme lo dispone el artículo 13° del Código Procesal Constitucional (reiterando criterios en su día dispuestos por los artículos 6° y 7° de la Ley N° 25398), los jueces se encuentran en la obligación de tramitar con preferencia los procesos constitucionales, quedando claro que la responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos será exigida y sancionada por los órganos competentes.  

 

Necesidad de deslindar responsabilidades en el presente caso

 

15.  En el contexto descrito, y aun cuando pueda considerarse que ha sobrevenido una situación procesal de sustracción de materia justiciable, al haberse expedido la resolución judicial por la que precisamente venía reclamando el demandante, tal situación no significa que no hayan sido vulnerados los derechos invocados ni que estimamos que se encuentra justificado el proceder de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por consiguiente, y en la lógica de que las alegaciones producidas han sido acreditadas, consideramos que, a efectos de deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, debe aplicarse las previsiones establecidas en los artículos 1°, párrafo segundo, y 8° del Código Procesal Constitucional, y se remita de copias certificadas de la presente sentencia al Ministerio Público y  al Órgano de Control de la Magistratura, a fin de que procedan según sus atribuciones.              

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda.

 

2.      Disponer la remisión de copias certificadas de la presente sentencia al Ministerio Público y al Órgano de Control de la Magistratura, a fin de que procedan con arreglo a sus atribuciones. 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

GARCÍA TOMA

ALVA ORLANDINI

LANDA ARROYO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.º 3491-2005-PHC/TC

LIMA

RAUL ARTURO

LAYNES ROMERO

 

 

VOTO DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI

 

Emito este voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente por los siguientes fundamentos:

 

1.      El recurrente cuestiona la conducta de los miembros de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel denunciando que el Tribunal no ha resuelto oportunamente su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en otro proceso de habeas corpus donde se declaró infundada la demanda.

 

2.      Considero que la pretensión entraña facultar al Tribunal Constitucional, ingresar a un proceso regular seguido ante órgano jurisdiccional ordinario, invadiendo competencia y autoridad y desconociendo la autonomía del Poder Judicial. Si el recurrente afirma que en el aludido proceso judicial vienen sucediendo errores o vicios que afectan sus intereses, acusando en los jueces indolencia y, al fin, arbitrariedad, es el Organo de Control de la Magistratura el llamado a conocer y sancionar las referidas inconductas y, en todo caso, si éstas tuvieran visos de la comisión de un delito, es el Ministerio Público el ente encargado de conocerlas.    

 

3.      No encuentro, pues, razón suficiente que me indique que los supuestos vicios o arbitrariedades así calificadas por el demandante incidan sobre su libertad personal.

 

       Siendo así considero que la demanda debe declararse improcedente disponiéndose su remisión a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y al Ministerio Público a fin de que procedan con arreglo a sus atribuciones.

 

 

SR.

 

VERGARA GOTELLI