HUÁNUCO
ETELVINA TRUJILLO
SÁNCHEZ
En Lima, a los 26 días del mes
de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
señores magistrados Alva Orlandini,
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la
siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por doña Etelvina Trujillo Sánchez contra la
resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, de fojas 406, su fecha 19 de
abril de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.
1. Demanda
Con fecha 15 de febrero de
2005, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Penal de
la Corte Superior de Justicia de Huánuco y el Fiscal
Superior, solicitando que se deje sin efecto la resolución de fecha 11 de enero
de 2005, que incrementa la pena que se le impuso, de 12 a 20 años, por la
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Sustenta su demanda en que se
ha vulnerado su derecho a un proceso debido.
2.
Investigación sumaria de
hábeas corpus
Realizada la investigación
sumaria de hábeas corpus, la recurrente se ratifica en el contenido de su
demanda. Por su parte, los emplazados y el Fiscal demandado afirman que la
resolución cuestionada emana de un proceso regular, sin que se haya vulnerado
el principio non reformatio
in peius, dado que la sentencia de primera
instancia fue recurrida vía nulidad, no solo por el procesado sino también por
el Fiscal, motivo por el cual era posible que la Sala agravara la pena, como
efectivamente sucedió.
3.
Resolución de primer grado
Con fecha 18 de marzo de 2005,
el Primer Juzgado Penal de Huánuco declara
improcedente la demanda, argumentando que la resolución cuestionada por la
demandante emana de un proceso regular. Asimismo, considera que es correcta la
apreciación de los demandados que declararon improcedente la solicitud de
adecuación de la pena; puesto que la Sala que conoció el proceso penal vía
recurso de nulidad modificó el tipo penal aplicable, resultando factible
imponerle una pena mayor.
4. Resolución de segundo grado
Con fecha 19 de abril de
2005, la recurrida confirma la apelada arguyendo que la resolución que se
cuestiona fue expedida con arreglo a ley. La Sala considera que, en el caso de
autos, la pena impuesta en primera instancia podía ser aumentada en aplicación
del tercer párrafo del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales.
1. Del análisis integral de lo que obra en autos, se infiere que la demandante pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie en torno a la legitimidad constitucional de la resolución de fecha 11 de enero de 2005, la que, según afirma la recurrente, vulnera el principio de interdicción de la reformatio in peius.
Hábeas corpus, debido proceso
y principio de interdicción de la reformatio in peius
2.
El proceso constitucional de hábeas corpus no tiene
por objeto proteger, en abstracto, el derecho fundamental al debido proceso.
Sin embargo, en el presente caso, toda vez que se han establecido restricciones
judiciales que inciden en el derecho fundamental a la libertad personal de la
demandante, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad de
los actos judiciales que la recurrente considera lesivos. Esto es, si en la
susodicha resolución, al aumentarse la pena privativa de la libertad de 12 a 20
años, se vulneró el principio de prohibición de la reformatio in peius.
3.
Conforme lo ha señalado este Tribunal (cf. STC 0553-2005-HC/TC, FJ 3),
(...) la interdicción de la reformatio in peius o
‘reforma peyorativa de la pena’ es una garantía del debido proceso implícita en
nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa
y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo
con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en
segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la
resolución emitida en primera instancia.
4.
En atención a dicho principio y a
lo dispuesto en el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales,
modificado por Ley 27454, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la
sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia
decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve
una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto, como es
lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público,
haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta, a través de la
interposición del recurso impugnatorio, pues en tal
circunstancia, el Juez de segunda instancia queda investido de la facultad de
aumentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho a la
defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que
no haya sido materia de acusación.
5. El Tribunal estima que el fundamento constitucional de este segundo supuesto, es decir, de la no aplicación del principio de interdicción de la reformatio in peius, cuando el Ministerio Público no está conforme con la pena impuesta, radica en que, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho órgano constitucional (artículo 158 de la Constitución) asume determinadas funciones constitucionales, entre ellas, la de representar en los procesos judiciales a la sociedad (artículo 159, inciso 3); más aún, si se considera que la comisión de un delito no sólo afecta bienes jurídicos individuales, sino también bienes que atañen a la sociedad en general. De ahí que se debe considerar no solo legítimo sino también necesario que el Ministerio Público asuma la representación y defensa de la sociedad en los procesos judiciales; deber y facultad que se concretiza a través de la interposición de recursos impugnatorios.
Análisis del caso concreto
6. En el caso concreto, obra a fojas 1 la sentencia de fecha 22 de enero de 2003, mediante la cual la demandante fue sentenciada a 12años de pena privativa de la libertad, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, consta a fojas 8 la resolución de fecha 18 de setiembre de 2003, que resuelve los recursos de nulidad interpuestos tanto por la recurrente como por el representante del Ministerio Público, declarando la nulidad de la recurrida y, reformándola, sentencia a la demandante a 20 años de pena privativa de la libertad.
7. De acuerdo con lo señalado en los fundamentos cuarto y quinto de la presente sentencia, el principio de prohibición de la reformatio in peius se relativiza cuando el Ministerio Público interpone un recurso de nulidad, de conformidad con el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. En tal sentido, en el caso concreto, el Tribunal Constitucional advierte que la reforma de 12 a 20 años de pena privativa de la libertad no constituye una vulneración del citado principio, toda vez que el Ministerio Público, en ejercicio legítimo de su función constitucional de representar a la sociedad en los procesos judiciales, interpuso recurso de nulidad en el momento de la lectura de sentencia (f. 207), y cuya fundamentación se realizó dentro del plazo previsto en la ley, tal como consta a fojas f. 210. En consecuencia, a juicio de este Colegiado, no se ha vulnerado el principio antes aludido y, por ende, tampoco el derecho fundamental al debido proceso.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA
RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese
SS.
ALVA ORLANDINI
VERGARA GOTELLI
LANDA
ARROYO