EXP.
N.° 4570-2005-PHC
AREQUIPA
JUAN
CARRIÓN HUARCA
En Calca, a los 4 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por don Juan Carrión Huarca contra la sentencia de la Primera Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 291, su fecha 19
de mayo de 2005, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
Con fecha 3 de febrero de 2005, el
recurrente interpone acción de hábeas corpus contra los vocales integrantes de
la Tercera Sala Penal de Arequipa. Sostiene que se han vulnerado sus derechos
constitucionales; que venía gozando del beneficio penitenciario de
semilibertad, otorgado respecto de una condena privativa de la libertad de 10
años, la cual vencía el 2 de octubre 2001, y que, con fecha 9 de junio de 2004,
la sala penal emplazada expidió sentencia condenatoria por el delito de
extorsión, imponiéndole pena privativa de la libertad de 10 años, la que
comenzaría a computarse una vez transcurrida la pena que se dejó de cumplir;
esto es, el 3 de octubre 2001, y terminaría el 2 de octubre de 2011. Alega que,
conforme a lo establecido en el artículo 47.° del Código Penal, la pena debe
correr desde que fue detenido, es decir, desde el 2 de febrero de 1999; por lo
tanto, fenecería el 2 de octubre de 2007.
Realizada la investigación sumaria,
el demandante se ratifica en el contenido de su demanda. Por su parte, los
vocales emplazados alegan que no existe la invocada vulneración; que habiéndose
tramitado la causa penal conforme a ley, la demanda debe desestimarse.
La
Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se
apersona en el proceso y solicita que se declare improcedente la demanda,
aduciendo que, en el proceso no se ha atentado contra los derechos a la
libertad y al debido proceso; y que no concurriendo ninguno de los supuestos
señalados en los artículos 2.º, 4.º y 25.º del Código Procesal Constitucional,
el accionante debe hacer valer su derecho al interior del proceso penal.
El
Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa con fecha 16 de febrero de
2005, declara improcedente la demanda considerando que en el caso no se han
vulnerado derechos constitucionales, toda vez que la resolución cuestionada fue
impugnada y reformada respecto del extremo de la pena impuesta, habiendo sido
reducida.
La
recurrida confirma la apelada con fundamentos
similares.
FUNDAMENTOS
1.
El
demandante alega que se han vulnerado el principio de legalidad penal y el
derecho a la libertad personal, pues la decisión jurisdiccional que dispone
acumular las penas dictadas en su contra, no se encuentra prevista en la
Constitución, el Código Penal o el Código de Ejecución Penal.
&
Los límites del derecho constitucional a la libertad personal
2.
La libertad personal, reconocida en el artículo
2.º, inciso 2), apartado 24, de la Constitución Política, garantiza el derecho
de disponer de la persona, determinar la propia voluntad y actuar de acuerdo
con ella, sin que nadie pueda impedirlo. Garantiza que no se afecte
indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad
locotomora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias.
3.
No obstante, según este Colegiado ha señalado
en la STC “[...] Como todo derecho fundamental, el de la libertad personal
tampoco es un derecho absoluto, pues como lo establecen los ordinales a y b del
inciso 24 del artículo 2.° de la Constitución, aparte de ser regulados, pueden
ser restringidos o limitados mediante ley. Ningún derecho fundamental, en
efecto, puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que a ellos
se puedan establecer pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros se
deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión. Los segundos,
los límites extrínsecos, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento
se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o
derechos constitucionales”.
& El tratamiento
penitenciario y la revocación de los beneficios penitenciarios
4.
Conforme al artículo 139.º, inciso 22, de la Constitución
Política, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez,
es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, que señala: “[...] el régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados”.
Al
respecto, en la sentencia 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado “[...]
suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar
que los penados, antes del término de las penas que les fueron impuestas,
puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido
atendidos. La justificación de las penas privativas de libertad es, en
definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. Tal protección sólo puede
tener sentido, si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr,
en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera
respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de
hacerlo”.
5.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional debe
precisar que el cumplimiento sucesivo de penas no corresponde, propiamente, a
una simple acumulación material o suma de penas, como lo ha entendido el
demandante, sino que tiene su justificación en la observancia del principio de
legalidad en el cumplimiento de las penas a que se refiere el artículo VI del
Título Preliminar del Código Penal. Dicho precepto establece que “[...] No
puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley [...]; “
[...]en todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente”.
De
este modo, la pena que resta cumplir respecto del primer delito resulta
independiente respecto de la pena que deberá también cumplir por la comisión
del segundo delito, toda vez que este fue cometido con posterioridad a la
sentencia dictada por el primer delito, cuando el recurrente se encontraba
gozando del beneficio penitenciario de semilibertad, por lo que debe disponerse
su cumplimiento en forma sucesiva.
6.
Así lo ha sostenido este Colegiado en la STC
0871-2003-HC/TC: “[...] la pena que resta por cumplir respecto del primer
delito resulta independiente respecto
de la pena que deberá también cumplir por la comisión del segundo, toda vez que
[este] fue cometido con posterioridad a la sentencia dictada por el primer
delito, cuando el recurrente se encontraba gozando del beneficio penitenciario
de semilibertad, por lo que debe disponerse su cumplimiento en forma sucesiva”.
7.
Por consiguiente, los vocales emplazados, al
disponer que las penas impuestas al demandante se apliquen sucesivamente, no
han vulnerado derecho constitucional, más aún cuando el accionante, al cometer
el segundo delito, ha actuado voluntariamente,
propiciando el fracaso del tratamiento penitenciario y, por lo tanto, de los
objetivos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad, establecidos en el artículo 139.°, inciso 22, de la Constitución.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
Declarar INFUNDADA
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
LANDA ARROYO