EXP.
N.º 5796-2005-PA/TC
LAMBAYEQUE
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a 7 de noviembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña María Irene Písfil de Romero contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, de fojas 117, su fecha 26 de mayo de 2005, que declara infundada la
demanda de autos.
Con fecha 27 de enero de
2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se actualice y se nivele su pensión
de viudez en aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos
mínimos vitales, más la indexación trimestral automática; y se disponga el pago
de los devengados y los intereses legales correspondientes. Refiere que la
demandada le otorgó pensión de viudez conforme al régimen del Decreto Ley
19990, pero sin aplicar el reajuste establecido por la Ley N.° 23908,
afectando, de esta manera, sus derechos constitucionales.
La emplazada contesta la
demanda alegando que la Ley 23908
estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero
no dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más que el básico de un servidor
en actividad, el cual nunca llegó a ser igual al Ingreso Mínimo Legal, que
estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital más las bonificaciones por costo de
vida y suplementaria.
El Tercer Juzgado
Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 26 de noviembre de 2004, declara
infundada la demanda considerando que la contingencia se produjo el 3 de
febrero de 2000, cuando ya había sido derogada la Ley 23908.
La recurrida confirma la
apelada por el mismo fundamento.
1.
En
atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º,
inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que,
en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión
que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que
se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital.
2.
En
el presente caso, la demandante solicita el reajuste de su pensión de viudez en
un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de lo
dispuesto por la Ley 23908.
Análisis de la controversia
3.
La
Ley 23908 modificó el Decreto Ley
19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante
de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades
de jubilación, creando el concepto de pensión
mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la
aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que
correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las
excepciones previstas en la propia norma. En ese sentido, la pensión mínima
originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos
vitales, pero posteriormente, las modificaciones legales que regularon los
sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el Ingreso
Mínimo Legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta
el 18 de diciembre de 1992.
4.
El
Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los
requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones,
entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la
pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia
–19 de diciembre de 1992–, inaplicable la Ley N.º 23908.
5.
Por
tanto, este Colegiado ha establecido, en reiterada y uniforme jurisprudencia,
que la pensión mínima regulada por la Ley 23908 debe aplicarse a aquellos
asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de
diciembre de 1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º
25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la
fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.
6.
Al
respecto, debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto
de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.º 23908, tiene
derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos mínimos
vitales, o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que
estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres
veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el
referido periodo.
7.
Cabe
precisar que en todos los casos, independientemente de la fecha en la cual se
hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en función de
ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos otorgados desde el
19 de diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de dispositivo legal
(entiéndase Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Jefatural de la
ONP o cualquier otra norma), siempre y cuando el nuevo monto resultante de la
pensión no supere la suma establecida como pensión máxima por la normativa
correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley N.º 19990 y el artículo 3º del
Decreto Ley N.º 25967.
8.
El
Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Exps. N.os
956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha manifestado que en los casos de restitución
de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante, por
equidad, debe aplicarse el artículo 1236° del Código Civil. Dichas ejecutorias
también señalan que debe tenerse en cuenta el artículo 13° de la Constitución
Política de 1979, que declaraba que “La seguridad social tiene como objeto
cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente,
vejez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada
conforme a ley”, lo cual concuerda con lo que establece el artículo 10° de la
vigente Carta Política de 1993.
9.
En
el presente caso, conforme se aprecia de la Resolución 31887-2000-ONP/DC,
corriente a fojas 4 de autos, se otorgó pensión de viudez a favor de la
demandante a partir del 3 de febrero de 2000, fecha de fallecimiento de su
cónyuge, vale decir, cuando ya no era de aplicación la Ley 23908.
10.
De
otro lado, de la Resolución 22643-149-CH-88-PJ-DPP-SOP-SSP-1998, obrante a
fojas 1, se observa que al causante se le otorgó pensión a partir del 1 de
febrero de 1987. En consecuencia, al cónyuge causante de la demandante, don
Manuel Romero Peramas, le correspondió el beneficio de la pensión mínima hasta
el 18 de diciembre de 1992.
Conforme a los artículos 53°
y 56° del Decreto Ley 19990, normas aplicables y vigentes para la pensión de
sobrevivientes, al fallecimiento del asegurado, el beneficio se transmite a sus
sobrevivientes, debiendo disponerse el pago de los reintegros correspondientes,
de ser el caso, a su cónyuge supérstite.
11. La petición del pago de intereses generados por las pensiones no pagadas de acuerdo a ley debe ser amparada según lo expuesto en los artículos 1246° y siguientes del Código Civil.
12.
El
artículo 4° de la Ley N.° 23908 señala que “el reajuste de las pensiones a que
se contraen el artículo 79° del Decreto Ley N.° 19990 y los artículos 60° a 64°
de su Reglamento se efectuará con prioridad trimestral, teniéndose en cuenta
las variaciones en el costo de vida de vida que registra el Índice de Precios
al Consumidor correspondientes a la zona urbana de Lima”.
13.
El
artículo 79° del Decreto Ley 19990 prescribe que los reajustes de las pensiones
otorgadas serán fijados previo estudio actuarial, teniendo en cuenta las
variaciones en el costo de vida y que, en ningún caso, podrá sobrepasarse el
límite señalado en el artículo 78°, por efecto de uno o más reajustes, salvo
que dicho límite sea, a su vez, reajustado. Igualmente, debe tenerse presente
que los artículos 60° a 64° de su Reglamento también se refieren a que dicho
reajuste se efectuará en función de las variables de la economía nacional.
14.
Por
tanto, el referido reajuste de las pensiones está condicionado a factores
económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de
Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Lo señalado fue
previsto desde la creación del sistema y posteriormente recogido por la Segunda
Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que
el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con
arreglo a las previsiones presupuestarias.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA
RESUELTO
1.
Declarar
FUNDADA la demanda respecto de la
pensión percibida por don Manuel Romero Peramas, y ordena que la demandada la
reajuste de acuerdo con los criterios de la presente sentencia, abonando a su
cónyuge supérstite los devengados que correspondan, así como lo interese
legales conforme al fundamento 13, supra,
y los costos procesales, siempre que,
en ejecución de sentencia, no se verifique el cumplimiento de pago de la
pensión mínima de la Ley 23908 durante su período de vigencia.
2.
INFUNDADA en cuanto a la aplicación
de la Ley 23908 a la pensión de viudez de la demandante y respecto del reajuste
automático de la pensión de jubilación.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GARCÍA TOMA