EXP. N.° 6593-2005-PC/TC

JUNÍN

EMPRESA DE TRANSPORTES

VICTORIA METROPOLITANO S.A.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de noviembre de 2005

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de la empresa de transporte Victoria Metropolitano .S.A. contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 114, su fecha 8 de julio de 2005, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento; y,

ATENDIENDO A

1. Que la Empresa recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Municipalidad Provincial de Huancayo solicitando el cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000003, y que se restituya el pago de los montos (calificados como barreras burocráticas ilegales) por concepto de derechos de concesión de ruta, permiso de operación por vehículos y constatación de las características de cada vehículo.

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, expedida el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado.

3. Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, estableciéndose que éstos, en concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta vía para resolver controversias complejas. Por tal motivo, en el presente caso la demanda de cumplimiento debe desestimarse, toda vez que del texto de la resolución cuyo cumplimiento se solicita, si bien determina la ilegalidad de los cobros efectuados, no dispone la restitución de suma alguna, no existiendo un mandato cierto, claro y de ineludible y obligatorio cumplimiento respecto de la restitución de las sumas cobradas indebidamente.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI