EXP. N.º 7730-2005-PHC/TC

CUSCO

WILMER GONZALES

IZUISA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Arequipa, a los 29 días del mes de marzo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia.

 

 

I. ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Gonzales Izuisa contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 37, su fecha 2 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.

 

 

II. ANTECEDENTES

 

1.      Demanda

Con fecha 12 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Juez del Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, señora Rosario Oviedo Ligarda de Pérez, solicitando su inmediata libertad.

La demanda se funda en lo siguiente:

-          Que el recurrente fue sentenciado por la comisión del delito de terrorismo, el 18 de octubre de 2004, por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco (a fojas 12),  a 13 años de pena privativa de la libertad, la misma que se cumplirá el 29 de junio de 2006, con descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el 30 de junio de 1993, y al pago de S/. 6000.00 por concepto de reparación civil.

-          Que habiendo cumplido pena privativa efectiva de la libertad 11 años y 11 meses, requisito para tramitar el beneficio penitenciario de libertad condicional, se declaró procedente su solicitud, pero condicionada al pago de la reparación civil, lo cual constituiría una violación de los artículos 1º y  2º,  inciso 24 de la Constitución.

 

2.      Investigación sumaria de hábeas corpus

Con fecha 12 de agosto de 2005, la Juez del Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco (a fojas 04) ordenó la realización de la investigación sumaria de hábeas corpus. Para tal efecto dispuso, entre otros, que se reciba el informe de descargo de la demandada.

-          Con fecha 15 de agosto de 2005 se recibió el informe de descargo de la accionada (a fojas 08). Afirma, esencialmente, que el artículo 46º del Código de Ejecución Penal concordante con el artículo 53º, segunda parte, establece los casos especiales de delitos cometidos en agravio del Estado, en los cuales el beneficio penitenciario de libertad condicional procede si se paga el íntegro de la multa o reparación civil fijada en la sentenciada; por tal razón, afirma,  que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del demandante.              

 

3.      Resolución de primera instancia

Con fecha 16 de agosto de 2005, el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco (a fojas 22) declara infundada la demanda de hábeas corpus, pese a reconocer que nuestra legislación no condiciona el acceso al beneficio penitenciario de la libertad condicional al previo pago de la reparación civil. 

 

4.      Resolución de segunda instancia

Con fecha 2 de setiembre de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco (a fojas 37), confirma la apelada, entendiéndola como improcedente, por considerar que la resolución cuestionada no transgrede derecho fundamental alguno del demandante.     

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

1.      En sentencia anterior (Exp. N.° 0010-2002-AI/TC), este Colegiado señaló que “(...) en el Estado democrático de derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, conforme a nuestra Constitución Política, (artículo 139º, iniso 22), constituye uno de los principios del régimen penitenciario, que, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados".

 

2.      Dicha disposición constitucional, no por su condición de principio carece de eficacia, ya que comporta un mandato expreso de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, singularmente, al legislador, ya sea en el momento de regular las condiciones de ejecución de las penas o en el de establecer el quantum de ellas.

 

3.      Entre estas condiciones de ejecución, se encuentra, desde luego, la posibilidad de que el legislador autorice la concesión de determinados beneficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que estos principios suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de la pena privativa de libertad es, en definitiva, la protección de la sociedad contra el delito.

 

4.      Ello sólo puede tener sentido, como se menciona en la precitada sentencia, "(...) si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo". En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez pueda suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización está condicionada a que los fines de la pena se hayan cumplido.

 

5.      Así, se ha dicho que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial y el tratamiento, y en los factores positivos como la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta, haciendo así una aplicación del principio de sentencia indeterminada y ofreciendo al penado estímulos gratificantes para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliendo las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado.

 

6.      Sin embargo, este Tribunal también ha señalado (Exp. N.º 1594-2003-HC/TC) que el otorgamiento de los beneficios penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la condena. La determinación de si corresponde, o no, otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió, o no, los supuestos formales que la normatividad contempla (plazo de internamiento efectivo, trabajo realizado, entre otros).

 

7.      Dado que el interno se encuentra privado de su libertad personal en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de los beneficios penitenciarios está subordinada a la evaluación del juez penal, quien estimará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, y si corresponde reincorporar al penado a la sociedad antes del cumplimiento de la totalidad de la condena impuesta, si es que éste demuestra estar reeducado y rehabilitado.

 

8.      Queda claro, entonces, que la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar si el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la pena, permite prever que está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber dado muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado.

 

9.      En el caso concreto, el demandante afirma que, no obstante que el Juez ha declarado procedente su solicitud para acceder al beneficio penitenciario de libertad condicional, ha hecho depender su efectivización al previo pago de S/. 6000.00 dispuesto como reparación civil en la sentencia condenatoria, lo cual también se puede apreciar en el descargo de la demandada, a fojas 09. La cuestión constitucionalmente relevante a responder, en el presente caso, entonces, es si el acceso al beneficio penitenciario de libertad condicional, en los delitos de terrorismo, está condicionado al previo pago de la reparación civil.

 

10.  Al respecto, el artículo 2º del Decreto Legislativo N 927 prevé que las personas que hayan sido condenadas por la comisión del delito de terrorismo pueden acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, y al de liberación condicional. Esta misma disposición, en su artículo 4º y en concordancia con el artículo 53º del Código de Ejecución Penal, establece que “los condenados a pena temporal por delito de terrorismo podrán acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta, siempre que no tengan proceso pendiente con mandato de detención”. De acuerdo con ello, en nuestro ordenamiento jurídico-penal está permitido que las personas sentenciadas por la comisión del delito antes aludido puedan acogerse al beneficio de libertad condicional.

 

11.  Sin embargo, es correcto afirmar también que en nuestro ordenamiento jurídico-penal, el beneficio penitenciario de libertad condicional tiene alcances distintos. Ello porque su concesión, en determinados delitos, está condicionado al pago del íntegro fijado en la sentencia como reparación. Éste es el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 53º del Código de Ejecución Penal: “(...) en los casos de los delitos a que se refiere el artículo 46º, la liberación condicional, podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183º del Código Procesal Penal”.

 

12.  Debe puntualizarse, también, que la concesión de este beneficio penitenciario, para otros delitos, es una posibilidad que no está prevista ni siquiera bajo el cumplimiento de determinados requisitos. De acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 53º aludido: “(...) este beneficio no es aplicable a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 296, 297, 301, 302 y 319 a 323 del Código Penal”.

 

13.  Ahora bien, este Colegiado advierte que obra en autos, a fojas 17, la resolución de fecha 27 de julio de 2005, mediante la cual se declara procedente la solicitud del beneficio de libertad condicional del demandante. A pesar de lo dispuesto en ella, se ordena, previamente, que el demandante “cumpla con el pago del íntegro de la reparación civil impuesta o constituya garantía patrimonial o fianza personal (...)”. Para este Tribunal, el hecho de que el Juez Penal haya dispuesto que, previamente, el demandante pague la reparación civil, se justifica en la medida que el artículo 6º inciso 10, del Decreto Legislativo N 927 faculta al Juez no sólo el dictado de determinadas reglas de conducta en la concesión del beneficio penitenciario de liberación condicional, sino también a la imposición de otros deberes. En ese sentido, si se considera la gravedad del delito cometido por el demandante y la necesidad de reparar los daños que se derivan como consecuencia de ello, tal exigencia no sólo resulta razonable y proporcional, sino también constitucionalmente legítima. Ello porque no debe olvidarse que el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, entre ellos el de liberación condicional, no es una consecuencia necesaria del cumplimiento de determinados requisitos, sino que requiere también de una valoración positiva –no arbitraria– por parte del Juez. En consecuencia, este Tribunal considera que, en el presente caso, no se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

GONZALES OJEDA

BARDELLI LARTIRIGOYEN

VERGARA GOTELLI