SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad “Los Angeles” de Chimbote, representada por su rector, don Julio Benjamín Domínguez Granda, contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 47 del segundo cuaderno, su fecha 21 de julio de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de octubre de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra la jueza del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, magistrada Felicinda Reyes Trujillo, con el objeto que se declare “nula y sin efecto legal”(sic) la Resolución Nº 1 de 7 de agosto de 2003, mediante la cual se dispuso la administración provisional de la Asociación Educativa “Francis Bacon”, nombrando como administrador a don Clodomiro Rodríguez Merino en mérito a la solicitud de medida cautelar fuera de proceso que fuera solicitada por el propio Clodomiro Rodríguez Merino y don Clodo Iván Rodríguez Echegaray (Expediente Nº. 2003-0767-0-1803-JM-CI—01). Solicita, asimismo, que la mencionada magistrada “se abstenga de emitir resoluciones ilegales y de desarrollar todo acto tendiente a impedir y/o dificultar el normal desarrollo de las actividades administrativas, normativas, económicas y/o otras relacionadas con las labores propias del centro académico de la Universidad “Los Angeles” de Chimbote, en San Juan de Lurigancho”.

Manifiesta que con la referida medida cautelar fuera de proceso se viola el principio de legalidad, el debido proceso, así como los derechos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de contratación, libertad de trabajo y la libertad de cátedra, pues se estaría interfiriendo en el desarrollo de las actividades académicas de la demandante.

A fojas 105, la emplazada contesta la demanda afirmando que se trata de una demanda malintencionada que pretende revertir una decisión jurisdiccional expedida conforme a Ley, por lo que no supone en ningun caso afectación de derechos constitucionales. Recuerda que la medida cautelar fuera de proceso fue dictada sin afectar ningun bien inmueble, ni se ha ordenado desalojo alguno como afirma el demandante; al contrario, manifiesta que la demandante no ha sido parte en el trámite de la medida cautelar, donde no se ha presentando recurso alguno, habiendo sido la intervención de la Universidad como tercero en el proceso la que ha sido rechazada por el propio juzgado, pues solicitaba la desafectación de un bien inmueble sobre el que no existía nunguna medida cautelar. Luego, y dentro del término de ley, afirma que se ha presentado la demanda respectiva, la misma que, al no contar con los requisitos, ha sido declarada inadmisible y, al no subsanarse las deficiencias procesales observadas por el juez, se ha archivado todo el expediente, incluida la medida cautelar que habría quedado sin efecto legal.

A fojas 113, la procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada improcedente o infundada en su oportunidad. Manifiesta que, conforme a la documentación adjunta al expediente, el recurrente ya no tiene vinculación, desde el 31 de agosto de 2001, con la Asociación Educativa “Francis Bacon”, que solicitó la medida cautelar fuera de proceso, ni con don Clodomiro Rodríguez Merino, quien fuera nombrado administrador de la mencionada Asociación; en consecuencia, la medida cautelar no podría afectarlo de ningun modo y sólo demostraría la temeridad con que actúa el demandante.

Con fecha 9 de junio de 2004, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, al considerar que lo que en realidad se pretende es revertir la decisión jurisdiccional tomada en ejercicio de la función jurisdiccional; considera también la Sala que en la medida cautelar dispuesta no se ha ordenado ni el desalojo ni la efectación de ningun inmueble de propiedad de la accionante, sino solamente la administración de una asociación educativa que no tiene, a la fecha, ninguna vinculación con el demandante, conforme se ha acreditado en autos.

Apelada la sentencia, la recurrida la confirmó por similares argumentos, agregando que pretender dejar sin efecto una decisión jurisdicional expedida en el trámite de un proceso regular, afectaría la independencia de la función jurisdiccional, prevista en el artículo 139º, inciso 2, de la Constitución.

FUNDAMENTOS

1 Conforme se desprende de los antecedentes, mediante el presente proceso la entidad demandante pretende que se deje sin efecto la ejecución de una medida cautelar fuera de proceso dispuesta por la Jueza del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho respecto de la administración de la Asociación Educativa “Francis Bacon”. Sostiene que dicha medida se ha ejecutado en el local donde funciona la Universidad “Los Angeles” y que, en consecuencia, se estaría afectando los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, debido proceso, libertad de trabajo y libertad de cátedra.

2 De autos se ha podido constatar que la entidad demandante ha impugnado la medida cautelar como tercero afectado y ha presentado sus argumentos ante la Jueza que dictó la medida. Así consta a fojas 94 del expediente, donde la jueza, al rechazar la pretensión del actor, sostuvo que:

(...)dicha medid,a por su naturaleza jurídica, no implica afectar ningun bien inmueble ni mueble de propiedad de la Universidad “Los Angeles” (de Chimbote), por cuanto, según se infiere de la resolución cautelar, la medida dictada es únicamente para que el administrador designado, don Clodomiro Rodríguez Merino, pueda gerenciar los bienes de la asociación educativa “Francis Bacon”, los ingresos económicos, cumplir con las obligaciones laborales, con el pago de los tributos, formular balances y conducir adecuadamente las actividades de carácter académico(..).

Esta decisón fue impugnada por la Universidad ante la misma jueza, quien confirmó su decisión mediante resolución Nº 9, del 6 de octubre de 2003, donde reiteró, no sólo la provisionalidad de la medida, sino las razones que respaldan su decisión, entre ellas, la necesidad de

(...)cautelar el derecho de los estudiantes, quienes vendrían a ser los directos perjudicados por la acefalía (en la) que actualmente se encuentra la asociación educativa “Francis Bacon”(...).

Más aún, conforme lo pone de manifiesto la propia jueza en su contestación a la demanda, en el momento de haberse planteado la presente demanda, los favorecidos con la medida cautelar ya habían interpuesto la subsecuente demanda civil, conforme lo estipula el Código Procesal Civil tratándose de medidas cautelares fuera de proceso (artículo 636º), la misma que habría sido declarada inadmisible y, al no haberse subsanado las deficiencias anotadas, se ha ordenado su archivo, caducando de pleno derecho la medida cautelar tal como lo prevé el artículo 636º del Código Procesal Civil.

3. En consecuencia, para este Colegiado estos hechos acreditan no sólo la falta absoluta de pruebas y argumentos que sustenten sus afirmaciones en esta vía, sino también la temeridad con que ha venido actuando el abogado patrocinante en el trámite del presente proceso de amparo. En este sentido, si bien la presente demanda debe rechazarse por este sólo hecho y en aplicación de los artículos 38º y 40º del Código Procesal Constitucional, este Colegiado considera oportuno dejar establecidos algunos parámetros de actuación de los abogados en el marco de la ética en el ejercicio de la profesión y conforme a los deberes de lealtad con los valores constitucionales que constituyen el fundamento de organización de la justicia constitucional en el Estado Democrático.

4. En nuestro país, muchos son los diagnósticos que se han realizado sobre el problema de la administración de justicia y su incidencia en la tutela de los derechos; no obstante, pocas veces se ha centrado la atención en el protagonismo de la abogacía en estos diagnósticos. Los abogados son una pieza fundamental en la prestación del servicio público de justicia y, por ello, tanto su formación a través de las facultades de Derecho, como la regulación y vigilancia sobre su desempeño y permanente capacitación a través de los Colegios de Abogados, deben merecer la especial atención de los poderes públicos, puesto que de ello depende buena parte del éxito de las políticas judiciales en torno a la mejora de los niveles de efectividad y transparencia del servicio de justicia como un bien de prestación por parte del Estado.

En este sentido, en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en la Habana del 27 de agosto al 7 de setiembre de 1990, se aprobaron los “Principios Básicos sobre la función de los Abogados”, estableciéndose en su apartado Nº 9, la necesidad de que

(...)los gobiernos, las asociaciones de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internaciona

En el ámbito nacional, la propia Constitución, en su artículo 20º, ha reconocido la institucionalidad y autonomía de los Colegios Profesionales que dentro de estos parámetros, deben coadyuvar a alcanzar las finalidades más altas en la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. En el ámbito de la profesión de la Abogacía, el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú precisa, en su artículo 1º, que

El Abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia, un colaborador de su administración; y que su deber profesional es defender, con estricta observancia de las normas jurídicas y morales, los derechos de su patrocinado.

En su artículo 5º, el mencionado Código señala también que

(...)el Abogado debe abstenerse del empleo de recursos y formalidades legales innecesarias, de toda gestión dilatoria que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa, en su artículo 284º, que “La abogacía es una función social al servicio de la Justicia y el Derecho.”, estableciendo una amplia gama de derechos y de obligaciones, y entre los deberes de todo abogado, el artículo 288º incluye, entre otros, los de:

1.- Actuar como servidor de la Justicia y como colaborador de los Magistrados;

2.- Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe;

3.- Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional.

Como correlato, la misma Ley Orgánica establece las potestades disciplinarias que puede imponer todo uez en el ejercicio de la función jurisdiccional respecto de los abogados que incumplen estos deberes. En este sentido el artículo 292º estable que

Los Magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos, o no cumplan los deberes indicados en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 9), 11), y 12) del artículo 288. Las sanciones pueden ser de amonestación y multa no menor de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por seis meses.

5. El Tribunal considera que estas previsiones normativas no son sólo aplicables al ámbito de la jurisdicción ordinaria, sino también, y con mayor celo aún, al ámbito de la justicia constitucional, que en nuestro país corresponde prestarla tanto al Poder Judicial como a este Tribunal. Sin perjuicio de ello, el Codigo Procesal Constitucional ha establecido en su artículo 56º la potestad del Juez Constitucional de imputar el pago de costas y costos al demandante, cuya pretensión sea desestimada haber sido planteada con “manifiesta temeridad”. La temeridad constituye un concepto que requiere ser delimitado objetivamente en cada caso donde el Juez o Tribunal ejerza la potestad de sanción, a efectos de condenar al pago de costos y costas, por lo que el Tribunal considera que su invocación no debe hacerse de modo discrecional.

Además, el fundamento que ampara el ejercicio de esta potestad del Tribunal no se encuentra sólo en la Ley, sino que se desprende de la necesidad de controlar y sancionar la mala utilización de un recurso escaso como es la justicia constitucional. En este sentido hemos precisado recientemente que

(...)no puede permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición cualquier justiciable, lo que a su vez acarrea una desatención de otras causas que merecen atención, y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes´(Exp. 06712-2005-HC/TC, Fj. 65).

6 En el caso de autos, esta actitud temeraria se observa no bien se toma en cuenta que la decisión jurisdiccional que se pretende dejar sin efecto a través del presente proceso, no sólo no afectaba los derechos que han sido invocados, puesto que sólo tenía como efecto la designación de un Administrador judicial provisional y, en ese sentido, no podía afectar ni la propiedad ni la libertad de trabajo y de empresa, como alega el recurrente, sino que, además, al momento de interponerse la presente demanda, dicha medida cautelar había caducado con todos sus efectos, tal como lo ha denunciado la magistrada emplazada.

7 A efectos de erradicar este tipo de prácticas, que atiborran los despachos judiciales con demandas sin ningun sustento fáctico ni jurídico, este Tribunal ha asumido la firme determinación de ejercer sus potestades y competencias, a efectos de impedir este tipo de actuaciones de parte de algunos abogados, que con este tipo de comportamientos, contrarios a la ética profesional y al propio sistema jurídico, pretenden socabar la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional.

8 En este sentido, debe recordarse que el Estado Constitucional requiere la participación del conjunto de la sociedad en la vigilancia de los valores y principios en que se inspira y, de manera especial, requiere de un compromiso de lealtad con estos principios de parte de quienes ejercen la profesión de la abogacía como sujetos dotados de conocimientos y pericias en la técnica jurídica, que es la mejor herramienta de control del poder en el Estado democrático. Si quienes están formados en el conocimiento del derecho utilizan estas capacidades para engañar, confundir, manipular, tergiversar hechos o, en resumen, para obstaculizar la prestación del servicio de justicia por parte del Estado, entonces su actuación constituye un claro desafío para la realización misma de los valores que persigue el Estado Constitucional y debe merecer una oportuna actuación de parte de los poderes públicos y, en especial, de parte de los Tribunales quien son los mejores observadores de su desenvolvimiento.

En este entendimiento, el Tribunal considera necesario llamar la atención de los Colegios de Abogados a efectos de que participen dentro de sus funciones y competencias, tanto con la labor de control y fiscalización del comportamiento de sus agremiados en los procesos judiciales, como también promoviendo su permanente capacitación y perfeccionamiento, que redundará en la mejora de la calidad del servicio de justicia. Así mismo, los jueces de toda la República deben mantenerse alertas ante la utilización indebida de los recursos procesales, a efectos de ejercer sus potestades aplicando de manera efectiva las amonestaciones y sanciones que están previstas en el ordenamiento. Una campaña permanente en esta dirección ayudará también a crear conciencia sobre el rol que corresponde a la abogacía en el ejercicio de una defensa responsable de los derechos de sus patrocinados, y en la mejora de la calidad del servicio público de justicia; por otro lado, permitirá optimizar la tutela de los derechos fundamentales atendiendo oportunamente las demandas que sí requieren una actuación rápida de parte de la judicatura.

9 En lo que concierne al caso de autos, tal como lo pusiéramos de manifiesto supra, el abogado de la demandante no sólo conocía de la falta de argumentos para llevar adelante el presente proceso, sino que, además, pretendió sorprender a la judicatura constitucional, incluyendo a este Colegiado, a efectos de que se ordene la anulación de un acto jurisdiccional que había sido dictado conforme a las normas procesales vigentes, y que al momento de presentarse la presente demanda ya había caducado puesto que, al interponerse la demanda que suscitó la medida cautelar fuera de proceso, ésta había sido ya archivada al no haberse subsanado las omisiones procesales que habían sido advertidas en la etapa de postulación del proceso.

10 En consecuencia, este Colegiado considera que la conducta temeraria no sólo debe imputarse a la parte demandante sino también al Abogado que autorizó el escrito de demanda y los sucesivos recursos. En tal sentido y conforme a lo que prevé el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal impone el pago de los costos procesales conforme a a liquidación que se establezca en la etapa de ejecución de la presente sentencia, la misma que deberá ser pagada por la demandante, estableciéndose además, por concepto de multa y conforme al articulo 292º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el pago de 10 URP que deberá ser abonado por el abogado o por los abogados que autorizaron los escritos desde la etapa de postulación y hasta el recurso que dió origen a la presente sentencia y en forma solidaria.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1 Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

2 IMPONER al recurrente, por concepto de sanción por conducta temeraria y conforme el fundamento 10º de la sentencia, el pago de los costos procesales que deberá liquidarse y establecerse en vía de ejecución.

3 IMPONER al abogado que autorizó el escrito de demanda, así como los sucesivos recursos, el pago de 10 URP por concepto de sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO