EXP.
00565-2007-PA/TC
LIMA
HUAMANÍ
En Trujillo, a los 16 días
del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo,
Vergara Gotelli y Mesía Ramírez pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Melecio Ramírez Huamaní contra la sentencia
de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 114,
su fecha 4 de setiembre de 2006, que declara infundada la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando se incremente el monto de su pensión en aplicación de la Ley 23908, más el pago de los devengados que correspondan.
La emplazada contesta la
demanda alegando que la Ley 23908 estableció el monto mínimo de la pensión en
tres sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres
veces más que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser
igual al Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital
más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria.
El Trigésimo Sexto Juzgado
Civil de Lima, con fecha 28 de junio de 2005, declara fundada en parte la
demanda considerando que el demandante alcanzó el derecho a la pensión de
jubilación cuando se encontraba vigente la Ley 23908, e improcedente la
aplicación de la indexación a partir del 13 de diciembre de 1991.
La recurrida, revocando la
apelada, declara infundada la demanda, al estimar que al demandante se le
aplicó la pensión mínima establecida en la Ley 23908.
FUNDAMENTOS
1.
En
atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima
que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a
cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante,
resulta procedente que este Colegiado efectúe su verificación, toda vez que se
encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).
Delimitación del petitorio
2.
El demandante solicita que se le incremente el monto de su
pensión de jubilación en aplicación de los beneficios establecidos en la Ley 23908, más el pago de
los devengados .
Análisis de la controversia
3.
En
la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función
ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los
criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908,
durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria, de
los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.
4. Anteriormente, en el
fundamento 14 de la STC 1294-2004-AA, que constituye jurisprudencia vinculante
conforme al artículo VI del Código Procesal Constitucional, este Tribunal había
precisado que (...) las normas conexas y
complementarias que regulan instituciones vinculadas [al derecho a la pensión], tales como
la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su período de
vigencia.
En consecuencia, el beneficio de la pensión mínima no resulta aplicable aun
cuando la contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en
aquellos casos en que por disposición del artículo 81 del Decreto Ley 19990, el
pago efectivo de las pensiones
devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley 23908.
5.
Así,
de la Resolución 1998-88, obrante a fojas 2, se evidencia que al demandante se
le otorgó su pensión a partir del 18 de marzo de 1987, por la cantidad de
405.00 intis mensuales. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio
de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo 023-86-TR, que
estableció en 135.00 intis el sueldo mínimo vital, por lo que, en aplicación de
la Ley 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida en 405.00
intis. Por consiguiente, como el monto de dicha pensión
fue el mismo al mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley 23908, no le resultaba
aplicable; no obstante, de ser el caso, se deja a salvo el derecho de reclamar
los montos dejados de percibir con posterioridad hasta el 18 de diciembre de
1992.
6.
De
otro lado, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y
27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está
determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el
pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales,
mediante la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el
03-01-2002), se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de
las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere
el Decreto Ley 19990, estableciéndose en 346.00 nuevos soles el monto mínimo de
las pensiones por derecho propio con 10 y menos de 20 años de aportaciones.
7.
Por
consiguiente, al constatarse de autos que el demandante percibe la pensión
mínima vigente, se advierte que, actualmente, no se está vulnerando su derecho
al mínimo legal.
8.
En
cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se
encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero
del Sistema Nacional de Pensiones, y que no
se efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto
de esta forma desde la creación del Sistema Nacional de Pensiones y
posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la
Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones
que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones
presupuestarias.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar INFUNDADA la afectación del derecho
al mínimo vital, la aplicación de la Ley 23908 a la pensión inicial del
demandante y la indexación trimestral automática.
2.
IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley
23908 con posterioridad al otorgamiento a la pensión hasta el 18 de diciembre
de 1992, dejando a salvo el derecho del demandante, de ser el caso, para
hacerlo valer en la forma correspondiente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
VERGARA
GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ