EXP. N.º 0767-2005-PA/TC

LIMA

JORGE CÓRDOVA VEGA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2007, el pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Landa Arroyo, Presidente; Gonzales Ojeda,  Alva Orlandini, García Toma y Vergara Gotelli, con los votos singulares de los magistrados Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Córdova Vega  contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 93, Cuaderno N.º 2, su fecha 11 de agosto de 2004, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

           

Con fecha 29 de abril de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N.º 6, del 27 de marzo de 2003, que, revocando la resolución apelada, de fecha 8 de enero de 2003, expedida por el Primer Juzgado Mixto Yauli-La Oroya, declaró fundado el “pedido de requerimiento” de SAIS Pachacútec S.C.R.L., sobre restitución de propiedad, disponiéndose que desocupe el predio denominado Ucamarca, integrante del fundo Santa Ana, anexo Mal Paso, distrito de Paccha, provincia de Yauli.            

 

Manifiesta que el Juzgado Agrario de Tarma, mediante Sentencia de fecha 7 de julio de 1993, declaró infundada la demanda de formación de título supletorio de dominio del predio antedicho, interpuesta por su cónyuge contra SAIS Pachacútec, y fundada la reconvención de reinvidicación de propiedad del predio aludido, interpuesta por aquella. Agrega que contra tal sentencia su cónyuge interpuso los recursos de apelación y casación, los cuales fueron desestimados; que consiguientemente, el 19 de enero de 1995 se llevó a cabo el lanzamiento y la entrega del predio a SAIS Pachacútec. Refiere el ahora recurrente que, contra este lanzamiento, interpuso demanda de interdicto de recobrar por despojo judicial, la misma que fue declarada fundada. Manifiesta que esta decisión fue confirmada, tanto en segunda instancia como en casación, por lo que, con fecha 23 de diciembre de 1996, se le restituyó la posesión. Finalmente, aduce que, con fecha 31 de diciembre de 2002, SAIS Pachacútec requirió la desocupación del predio aludido y su restitución, pedido que ha sido estimado por la emplazada, considerando que se sustenta en las resoluciones que declararon fundada su reconvención  de reinvidicación de propiedad. A juicio del recurrente, mediante la resolución cuestionada se ha “revivido después de ocho años un proceso fenecido”, vulnerándose, de un lado, su derecho de defensa, pues no fue parte en el proceso donde  se estimó la reconvención aludida, y, de otro, su derecho a la cosa juzgada, toda vez que la ejecución cuestionada concluyó con el lanzamiento del predio de su cónyuge. Alega asimismo que se amenaza la posesión que ejerce en cumplimiento de las resoluciones judiciales que estimaron su interdicto de recobrar.

 

            Los emplazados consideran que no se ha vulnerado el derecho de defensa del recurrente, toda vez que de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles (norma vigente al momento de interponer su cónyuge la demanda de formación de título supletorio de dominio) no era necesario integrarlo en el proceso incoado por su cónyuge, ya que “no había norma alguna sobre representación del patrimonio autónomo”. Sobre la resolución cuestionada, afirman que si bien al actor se le restituyó la posesión del predio referido, mediante interdicto de recobrar por despojo judicial, ello no excluye el cumplimiento de la sentencia que declaró fundada la reconvención interpuesta por SAIS Pachacútec S.C.R.L., que tiene la autoridad de cosa juzgada.

           

            La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha 17 de octubre de 2003, declara improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada ha sido expedida respetando las garantías que integran el debido proceso.

 

            La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

 

FUNDAMENTOS

 

§1. Petitorio

 

1.      El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Resolución N.º 6, de fecha 27 de marzo de 2003, emitida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que revocando la Resolución N.º 79, de fecha 8 de enero de 2003, expedida por el Primer Juzgado Mixto Yauli-La Oroya declaró fundada la demanda de requerimiento interpuesta por SAIS Pachacutec S.C.R.L. (en adelante SAIS), disponiendo que el ahora recurrente desocupe el Predio Ucamarca, integrante del fundo Santa Ana, anexo Mal Paso, distrito de Paccha, provincia de Yauli, Junín (en adelante predio Ucamarca). Aduce el recurrente que se han vulnerado sus derechos constitucionales de defensa y a la cosa juzgada.

 

§2. Hechos referidos al presunto agravio de los derechos fundamentales invocados

 

2.      El Juzgado de Tierras de Tarma, mediante la Sentencia de fecha 7 de julio de 1993 (Exp. N.º 07-93)[1], declaró infundada la demanda interpuesta por doña Primitiva Cóndor Arias de Córdova –cónyuge del recurrente– contra la SAIS, sobre formación de título supletorio de dominio del predio Ucamarca[2], y declaró fundada la reconvención sobre reinvidicación de propiedad interpuesta por la SAIS, disponiendo que la cónyuge del recurrente restituya el predio referido. Contra esta resolución, doña Primitiva Cóndor Arias de Córdova interpuso los recursos de apelación[3] y casación[4], los mismos que fueron desestimados. En ejecución de la Sentencia antedicha, con fecha 19 de enero de 1995  se  efectuó el lanzamiento de doña Primitiva Cóndor Arias de Córdova, del ahora recurrente y otros, y la entrega del predio antedicho[5].

 

3.      Ejecutado el lanzamiento, el ahora recurrente interpuso una demanda de interdicto de recobrar, por despojo judicial, que fue declarada fundada por el Primer Juzgado de Tierras de Lima, mediante Sentencia de fecha 27 de julio de 1995 (Exp. N.º 132-95)[6]. Contra esta sentencia, la SAIS interpuso los recursos de apelación y después de casación, los cuales fueron denegados[7]. En ejecución de la Sentencia mencionada, el recurrente fue repuesto en la posesión del citado predio, con fecha 23 de diciembre de 1996[8].

 

4.      Finalmente, SAIS Pachacútec S.C.R.L., con fecha 31 de diciembre de 2002, requirió judicialmente que el ahora recurrente desocupara el predio citado, pedido que fue estimado por la emplazada[9],  considerando:

 

SEGUNDO: (...) Jorge Córdova Vega fue despojado del citado predio en mérito a una diligencia de lanzamiento sin haber sido notificado en el proceso seguido entre Primitiva Cóndor Arias y la SAIS (...) Es decir, encontrándose en el predio en la fecha de lanzamiento previamente debía habérse[le] concedido el plazo de ocho días (...) para que desocupara [el predio, en cumplimiento del artículo 968 del Código de Procedimientos Civiles].

TERCERO: (...) existiendo una sentencia (...) [que declaró fundada] la reconvención sobre reinvidicación de la propiedad, ordenando que Primitiva Cóndor debe devolver el citado predio, y (...) [habiéndose cumplido el mandato del artículo 968 del Código de Procedimientos Civiles] debe admitirse el requerimiento de la SAIS PACHACÚTEC.

CUARTO: Que el hecho de que el poseedor Jorge Córdova Vega recobrara la posesión del predio a través del proceso de interdicto de recobrar no le da derecho a permanecer en él, ni tampoco exigirse al propietario iniciar un nuevo proceso de reinvidicación, lo cual sería atentatorio contra la tutela jurisdiccional efectiva (...) por cuanto no existe contrato de arrendamiento vigente, ni título que le ampare.

QUINTO: (...) habiendo concluido el proceso de reinvidicación  con sentencia firme, la ejecución no puede entorpecerse (...) (énfasis agregado). 

 

§2. Aspectos de forma

 

2.1. Competencia ratione tempore del Tribunal Constitucional en relación con el alegato de violación del derecho de defensa

 

Argumentos del demandante

 

5.      A juicio del recurrente, la ejecución de la sentencia que declaró fundada la reconvención aludida finalizó con el lanzamiento y la entrega del predio aludido a la SAIS. El recurrente considera que dicha resolución vulnera su derecho de defensa, ya que

 

[a]rbitrariamente se me involucra como sujeto procesal de una írrita etapa de ejecución de sentencia, pese a que la misma ya quedó agotada con el lanzamiento de su cónyuge (...), y pese también a que en dicho juicio no fui parte, emplazado o citado (...)[10].

 

Igualmente, aduce que la resolución cuestionada también constituye una amenaza de violación

 

“[d]el derecho de posesión legítima que vengo ejerciendo sobre el predio "Ucumarca" a raíz de una decisión judicial”[11].

 

Argumentos de los emplazados

 

6.      Respecto de la alegada vulneración del derecho de defensa, los emplazados manifiestan que no existe tal lesión, puesto que en el Código de Procedimientos Civiles (que consideran aplicable a la demanda de la cónyuge del recurrente)

 

no había norma alguna sobre representación del patrimonio autónomo (...) por ende, (...) tal proceso se siguió (...) sin que intervenga el actor Jorge Córdova Vega[12].

 

Agregan que, de conformidad con el Código mencionado, al poseedor que en el momento del lanzamiento se encontraba ocupando el inmueble

 

(...) únicamente se le concedía el plazo de 8 días para que desocupara el bien, sin necesidad  de ser integrado como parte de la relación jurídica procesal[13]

 

 

Opinión del Tribunal Constitucional

 

7.      En relación con la alegada violación del derecho de defensa, este Tribunal Constitucional opina que carece de competencia ratione tempore para analizar el fondo de la controversia. En efecto, de las resoluciones citadas supra, el Tribunal aprecia:

 

8.      a) Que la resolución que declaró infundada la demanda interpuesta por la cónyuge del recurrente, sobre formación de título supletorio de dominio, y fundada la reconvención interpuesta por la SAIS, sobre reinvidicación, adquirió la calidad de resolución judicial firme;

 

9.      b) Que si bien el recurrente aduce que no fue parte en el proceso aludido, tuvo la oportunidad de apersonarse y alegar la vulneración de su derecho de defensa a partir del momento en que se efectuó el lanzamiento, esto es, el 19 de enero de 1995;

 

10.  c) Que el actor, con la finalidad de tutelar su posesión, interpuso una demanda de interdicto de recobrar, la misma que fue declarada fundada y, al adquirir la calidad de firme la resolución respectiva, fue repuesto en la posesión el 23 de diciembre de 1996, y

 

11.  d) Que la SAIS, con fecha 31 de diciembre de 2002, requirió la restitución del predio Ucamarca.

 

12.  A juicio del Tribunal, la descripción de los hechos en los términos que se ha efectuado, evidencia que, respecto de la alegada  violación del derecho de defensa, la demanda de amparo fue interpuesta fuera del plazo legal contemplado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, toda vez que desde la fecha en que se ejecutó el lanzamiento, 19 de enero de 1995, a la fecha de presentación de la demanda, 29 de abril de 2003, transcurrió con exceso el plazo legal para cuestionar su violación, por lo que, con relación a este extremo de la pretensión, es de aplicación el inciso 10) del artículo 5.º del referido Código Procesal Constitucional.

 

§3. Aspectos de fondo

 

3.1. Sobre la alegada violación del derecho a la cosa juzgada

 

Argumento del demandante

 

13.  En concreto, el recurrente considera que la orden judicial que ordena que restituya la propiedad de la SAIS Pachacútec S.C.R.L, viola el derecho a la cosa juzgada, pues, a su juicio, se ha expedido en 

 

un juicio fenecido (...), ergo, desde entonces está bajo los alcances del art. 139, inc. 13, de la Constitución (...), que prohíbe revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.

Sin embargo, contraviniendo manifiestamente dicha prohibición, tras casi ocho años de fenecido el proceso, la SAIS (...) solicitó [la  restitución del predio mencionado][14].

 

Argumento del demandado

 

14.  A juicio de la emplazada, la posesión que viene ejerciendo el recurrente, en cumplimiento de las resoluciones judiciales que estimaron su demanda de interdicto de recobrar, nunca puso en tela de juicio su derecho de propiedad, por lo que

 

El hecho de haberse restituido en la posesión [al ahora recurrente] (...) a través del proceso de interdicto de recobrar por despojo judicial, NO CONLLEVA A INICIAR OTRO PROCESO DE REIVINDICACIÓN  contra éste, pues basta la existencia del proceso que en vía de reconvención la SAIS Pachacutec obtuvo sentencia favorable por la cual se le otorga tutela de reinvidicar el bien, la misma que tiene autoridad de cosa juzgada[15].

 

15.  En tal sentido, señalan que

 

No existe vulneración a ningún derecho constitucional (...), al contrario [el ahora recurrente] al ejercer esta acción, y dilatar la ejecución de la sentencia, está causando un perjuicio a [la SAIS][16].

 

Opinión del Tribunal Constitucional

 

16.  El segundo párrafo del inciso 2) del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio-derecho a la cosa juzgada en los siguientes términos:

 

Ninguna autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...).

 

17.  A su vez, el inciso 13) del mismo artículo 139 de la Ley Fundamental prevé el principio de

 

 La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. (...).

 

En la STC 0818-2000-AA/TC este Tribunal sostuvo que

 

(...) el respeto de la cosa juzgada no solamente constituye un principio que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y por cuya virtud ninguna autoridad –ni siquiera jurisdiccional- puede dejar sin efecto resoluciones que hayan adquirido el carácter de firmes (...), sino también un derecho subjetivo que forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional, y que garantiza a los que han tenido la condición de partes en un proceso judicial, que las resoluciones dictadas en dicha sede, y que hayan adquirido el carácter de firmes, no puedan ser alteradas o modificadas, con excepción de aquellos supuestos legalmente establecidos en el ámbito de los procesos penales. (...) [T]al prohibición no sólo impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque ésta fuera de una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho (Fun. Jur. 4). 

 

18.  En el caso, este Tribunal considera que si bien se declaró fundada la reconvención interpuesta por la SAIS, sobre reinvidicación del predio Ucamarca, la ejecución de la resolución correspondiente finalizó con el lanzamiento de la cónyuge del recurrente y la entrega del predio a la SAIS, hecho que se efectuó con fecha 19 de enero de 1995.

 

Considerar, tal como se desprende de la resolución cuestionada, que el requerimiento efectuado, a instancia de una solicitud presentada por la SAIS, constituye una continuación de la ejecución de una resolución judicial, cuya exigencia de cumplimiento fue aplazada (de forma, evidentemente excesiva), a juicio del Tribunal, conlleva dejar sin efecto la resolución judicial firme mediante la cual se consideró tutelar la  posesión del ahora recurrente, vulnerándose, consecuentemente, la garantía de prohibición de dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Por lo que si bien la SAIS es propietaria del predio Ucamarca (conforme a la resolución que estimó su demanda de reinvidicación), la tutela de su derecho a poseer o el cuestionamiento de la legitimidad de la posesión del recurrente, debe hacerse valer mediante el proceso correspondiente, por lo que el Tribunal opina que la demanda debe estimarse en este extremo.

 

19.  Este Tribunal observa que si bien la SAIS no fue emplazada con el presente amparo, y que un pronunciamiento en sentido parcialmente estimatorio necesariamente la afectará, ello no es óbice para no emitirse un pronunciamiento sobre el fondo, por las siguientes razones:

 

a). Por un lado, puesto que, habiéndose constatado la lesión del derecho a no dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, si se ordenara la nulidad de todo lo actuado, para que se incorporara al proceso a la SAIS, la participación de esta última sería meramente nominal, toda vez, que como este Tribunal ha declarado en la STC 0976-2001-AA/TC, en el ámbito de la justicia constitucional de la libertad, la resolución de una controversia, cuando se ha acreditado la existencia del acto reclamado, no depende de un debate probatorio entre las partes, como en el proceso civil, por ejemplo, sino que pasa por evaluar si el referido acto reclamado incide o no en la esfera constitucionalmente protegida de un derecho fundamental, lo que constituye un problema estrictamente de interpretación constitucional.

 

b) Por otro, porque, en el presente caso, la no participación de la SAIS en el proceso de amparo se debe a una falta de diligencia que solo es imputable a ella, tras conocer que mediante la expedición de la Resolución N.º 57, su fecha 5 de diciembre de 2003, el Primer Juzgado Mixto Yauli-La Oroya[17], en cumplimiento de la ejecutoria suprema N.º 1602-2003 JUNIN, su fecha 2 de setiembre de 2003 (que declaró fundada la medida cautelar solicitada por el recurrente en el caso de autos)[18], suspendió el cumplimiento de la Resolución N.º 6, su fecha 27 de marzo de 2003, expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que dispuso el lanzamiento del recurrente.

 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo. Consecuentemente, nula la Resolución N.º 6, de fecha 27 de marzo de 2003, emitida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín.

 

2.      Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

ALVA ORLANDINI

GARCÍA TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.º 767-2005-PA/TC

LIMA

JORGE CORDOVA

VEGA

 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

MAGDIEL GONZALES OJEDA

 

Sin perjuicio del respeto que merece la opinión de mis colegas, no compartiendo el pronunciamiento de la resolución emitida, por mayoría, por el Pleno de este Tribunal Constitucional, y por ende, de lo resuelto en ella, formulo este voto discrepante.

 

En primer término y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dado que la SAIS Pachacútec S.C.R.L. no ha sido parte en el presente proceso, para evitar que la sentencia emitida en autos lo sea causando indefensión a quien tiene interés en el presente proceso, previamente a un pronunciamiento estimatorio, correspondería que se anule lo actuado, hasta la incorporación de dicho ente asociativo.

 

Sin embargo, ello no sería necesario en caso de que la sentencia emitida sea desestimatoria, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal; en ese sentido, y evaluando los argumentos propuestos por las partes en autos, mi voto es porque se desestime la demanda de autos, conforme a los siguientes fundamentos:

 

1.      El recurrente interpone demanda de amparo contra la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, a fin que se deje sin efecto la resolución 6 de fecha 27 de marzo de 2003, por la que se declara fundada la solicitud de SAIS Pachacútec S.C.R.L., referida a la restitución del predio de propiedad de aquella y en consecuencia, dispone la desocupación del predio denominado Ucamarca, que forma parte del fundo Santa Ana, anexo Mal Paso, ubicado en el distrito de Paccha, provincia de Yauli.

 

2.      Sobre el particular, la solicitud de la SAIS Pachacútec S.C.R.L., se sustenta en que cuenta con sentencia que declara que ella es la propietaria del predio a que se ha hecho referencia, al haberse declarado fundada su pretensión de reivindicación, la que fue planteada como reconvención a la demanda de formación de titulo supletorio interpuesta por la cónyuge del ahora demandante, doña Primitiva Cóndor Arias de Córdova (Expediente 07-93, tramitado ante El Juzgado de Tierras de Tarma).

 

Por su parte, la demanda de autos se sostiene en que el demandante obtuvo sentencia favorable en el proceso de interdicto de recobrar seguido contra la SAIS Pachacútec S.C.R.L. (Expediente 132-95), tramitado por ante el Primer Juzgado de Tierras de Lima, sentencia en virtud de la cual, el demandante fue repuesto en el predio Ucamarca, del que fue desalojado en ejecución de la sentencia de reivindicación.

 

3.      En ese sentido, cabe tener presente que la sentencia del interdicto de recobrar, del 27 de julio de 1995 (f. 35), expresa que:

 

“... como se advierte de la diligencia de lanzamiento llevada a cabo en el expediente cero siete-noventitres, el cual se rigió por las normas adjetivas del Texto Unico Concordado del Decreto Ley 17716 y supletoriamente por las del anterior Código de Procedimientos Civiles, no aparece de la copia de los autos en referencia haberse tampoco notificado al demandante don Jorge Córdova Vega, con la anticipación de ocho días que prescribía para estos efectos el artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles”.

 

4.      Así, resulta que la sentencia recaída en el proceso de interdicto de recobrar, se limita –como no podía ser de otro modo–, a reponer en la posesión de un predio, a quien se le despojo del mismo, sin haberse seguido el procedimiento establecidos para tal efecto, y no tiene efectos constitutivos respecto de derecho sustantivo alguno.

 

5.      Por ello, el suscrito no comparte lo expresado por la parte demandante, en el sentido de que la sentencia recaída en el proceso de formación de títulos supletorios, con reconvención por reivindicación, ya se encuentre ejecutada, dado que el desalojo de la parte ahora demandante fue enervado por la sentencia expedida en el proceso de interdicto de recobrar, pero ello en modo alguno impide la ejecución de lo ordenado en la primera de las sentencias acotadas, conforme a las reglas procesales vigentes al momento en que se expidió la sentencia cuya ejecución se pretende, esto es, conforme al Código de Procedimientos Civiles.

 

Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de autos.

 

 

S.

 

GONZALES OJEDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.º 767-2005-PA/TC

LIMA

JORGE CORDOVA

VEGA

 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

Emito el presente voto singular con el debido respecto por la opinión vertida por mis colegas, por los fundamentos siguientes:

 

1.      El fondo de la pretensión entrañe traer al proceso constitucional una discusión entre una persona natural y una persona jurídica respecto a un tema eminentemente patrimonial sometido a procesos específicos previstos en la ley procesal ordinaria cuyas pretensiones se asientan en alegaciones de posesión.

 

2.      El Tribunal Constitucional ha afirmado en jurisprudencia repetida que el proceso de amparo no es un mecanismo en virtud del cual se permita revisar una controversia propia de la competencia ordinaria ni tampoco un medio que proporcione al juez constitucional la posición supra jurisdiccional para evaluar los criterios que el juez ordinario ha tenido al resolver una controversia en un proceso de su exclusiva responsabilidad. Resulta al respecto pertinente recordar el fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el proceso de amparo 0759-2005-PA/TC.

 

3.      De no estar conforme el demandante –como en efecto no lo está– con la decisión jurisdiccional en el proceso civil sub materia ha debido recurrir en todo caso a la vía prevista por los artículos 509º y siguientes del Código Procesal Civil para el denominado proceso de responsabilidad de los jueces y no escoger arbitrariamente el presente proceso constitucional destinado, como proceso urgencia, a la defensa de derechos fundamentales de la personal humana.

 

En consecuencia, mi voto es por la IMPROCEDENCIA de la demanda.

 

 

S.

 

VERGARA GOTELLI

                                                                                                         



[1] Cuaderno N.º 1, f. 4.

[2] La demanda y la resolución de su admisión se emitieron el 23 y el 24 de marzo de 1993, respectivamente (obrantes en el Cuadernillo del Tribunal Constitucional).

[3] Desestimado mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 1993 (Cuaderno N.º 1, f. 13).

[4] Rechazado mediante ejecutoria suprema de fecha 18 de octubre de 1994, Casación N.º 22-94-Junín (Cuaderno N.º 1, f. 16).

[5] Cuaderno N.º 1, f. 17.

[6] Cuaderno N.º 2, f. 61.

[7] Respectivamente, mediante la Resolución de fecha  29 de diciembre de 1995 (Cuaderno N.º 2, f. 34) y la ejecutoria suprema de fecha 24 de setiembre de 1996, Cas. Nº 30-96 (Cuaderno N.º 2, f. 38).

 [8] Cuaderno N.º 2, f. 64.

[9] En primera instancia, el Primer Juzgado Mixto Yauli-La Oroya, mediante la Resolución N.º 79, su fecha 8 de enero de 2003, declaró improcedente el requerimiento aludido (Cuaderno N.º 1, f. 23).

[10] Demanda, pág. 5 (Cuaderno N.º 1, f. 40).

[11] Demanda, pág. 5 (Cuaderno N.º 1, f. 40).

[12] Contestación de la demanda (Cuaderno N.º 1, f. 68).

[13] Contestación de la demanda (Cuaderno N.º 1, f. 69).

[14] Demanda, pág. 3 (Cuaderno N.º 1, f. 40).

[15] Contestación de la demanda (Cuaderno N.º 1, f. 68).

[16] Contestación de la demanda (Cuaderno N.º 1, f. 69).

 

[17] Fojas 67 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional, expedida en el proceso sobre formación de título supletorio.

[18] Fojas 39 del Cuaderno N.º 2, expedida en el presente proceso constitucional.