RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de marzo de 2007

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Fernando Ibáñez Talledo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 7 de setiembre de 2005, que, revocando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 11 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, solicitando se deje sin efecto la clausura ordenada mediante Resolución de Alcaldía N.° 023-04-ALC/MDLV que, según manifiesta, viola sus derechos constitucionales a la legitima defensa y el debido proceso. Alega que conforme al cuadro de infracciones y sanciones administrativas de la municipalidad, se le debió imponer una multa, pero no la clausura de su local comercial.

2. Que la emplazada manifiesta que previamente hubo notificaciones a las que el recurrente hizo caso omiso y que la clausura obedeció a transgresiones como: ampliación no autorizada de giro del negocio, venta de licores a menores de edad y funcionamiento en horario no autorizado.

3. Que conforme dispone el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional los procesos constitucionales no proceden cuando “existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (...)”. En la STC N.° 4196-2004-AA/TC, este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo “(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía específica para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, ésta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario”; y recientemente (STC N.° 0206-2005-PA/TC) ha establecido que “(...) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo”, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para ese fin, entonces debe acudir a él.

4. Que el acto administrativo cuestionado puede ser discutido a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.° 27584, que constituye una “vía procedimental específica” para restituir los derechos constitucionales vulnerados, a través de la declaración de invalidez de los actos administrativos, y también es una vía “igualmente satisfactoria” respecto al “mecanismo extraordinario” del amparo. Consecuentemente, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso contencioso-administrativo y no del proceso de amparo, tanto más cuando su esclarecimiento requiere de uno que cuente con etapa probatoria.

5. Que en casos como el de autos donde se estima improcedente la demanda de amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia (STC N.° 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso contencioso-administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el juez competente, éste deberá observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC N.° 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme se indica en el considerando 5, supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GONZALES OJEDA

BARDELLI LARTIRIGOYEN

VERGARA GOTELLI