EXP. N.º 02348-2006-HC/TC
LIMA
GLADYS CAROL
ESPINOZA GONZALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En
Lima, a los 19 días del mes de febrero de 2007, el pleno del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini,
Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia
la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
de agravio constitucional interpuesto por Nilda Tincopa Montoya, abogada de
doña Gladys Carol Espinoza Gonzales, contra la resolución de la Tercera Sala
Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
106, su fecha 19 de mayo de 2005, que declaró improcedente la demanda de hábeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con
fecha 16 de marzo de 2005 doña Gladys Carol Espinoza Gonzales interpone demanda
de hábeas corpus contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, por haber emitido la Ejecutoria Suprema recaída en el
Exp. N.º 1252-2004, de fecha 24 de noviembre de 2004, en la que se violenta el
contenido del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, dado que la
Sala emplazada le aumentó la pena impuesta por la Sala Nacional de Terrorismo
–hoy Sala Penal Nacional–, la que, de estar fijada en 15 años de pena privativa
de libertad, fue aumentada a 25 años de pena privativa de libertad, variándose
el monto de la reparación civil de 20 mil nuevos soles a 35 mil nuevos soles,
sin sustento alguno.
El
Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima con fecha 8 de abril de 2005, declara
improcedente la demanda, por considerar que la Sala emplaza aumentó la pena
dado que el Fiscal Superior interpuso recurso de apelación, mientras que la
Procuraduría del Estado impugnó la reparación civil, lo que es concordante con
el contenido del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales.
La recurrida confirma la
apelada por estimar que los Magistrados emplazados actuaron conforme a lo
dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, sin violar
derecho constitucional alguno.
FUNDAMENTOS
1.
Se
cuestionan en autos la elevación de la pena impuesta a la demandante, de 15 a
25 años de pena privativa de libertad, por la Corte Suprema de Justicia de la
República, situación que igualmente ha ocurrido en el caso de la reparación
civil fijada en la sentencia impuesta en el proceso de terrorismo seguido en su
contra. Adicionalmente, la demandante ha expuesto que en su caso se ha
privilegiado la apelación interpuesta por el Ministerio Público, en desmedro de
su recurso de apelación, en atención al resultado de los recursos presentados.
2.
El
artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, conforme a la modificación
introducida por la Ley N.º 27454,
establecía que si el recurso de nulidad es interpuesto por el Ministerio
Público, la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada, aumentándola o
disminuyéndola, cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión
del delito. Con la reforma establecida por el artículo 1 del Decreto
Legislativo N.º 959, dicha regla es reproducida en el artículo 300.3 del Código
de Procedimientos Penales.
3.
Conforme
se aprecia del contenido de la resolución impugnada, que en copia certificada
corre a fojas 74, el Ministerio Público interpuso recurso de nulidad contra la
sentencia de primera instancia, en lo que importa al quántum de la pena, mientras que la Procuraduría Pública del Estado
hizo lo mismo en lo que correspondía al monto de la reparación civil; en tal
sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República era competente
para confirmar la sanción impuesta, aumentarla o rebajarla, razón por la que la
demanda debe ser desestimada.
4.
Tal
actuación no importa que los Magistrados emplazados hayan privilegiado la
impugnación del Ministerio Público respecto de la impugnación planteada por la
parte demandante, como ésta lo ha sostenido en su escrito de demanda, dado que
se han limitado a actuar con arreglo a la legislación procesal penal vigente,
tanto más cuanto que han resuelto los extremos de las impugnaciones planteadas
respecto de la sentencia de primera instancia.
5.
De
otro lado, el Tribunal Constitucional debe recordar que no es competente para
realizar una labor de revisión o una nueva valoración de los medios probatorios
actuados o incorporados al proceso penal, como lo ha solicitado la parte
demandante en su escrito de fecha 17 de julio de 2006, donde pretende que este
Colegiado tenga en cuenta, al momento de resolver, el contenido de los
certificados médicos a que se hace referencia en dicho escrito respecto de la pena
que le ha sido impuesta, la que considera desproporcionada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
VERGARA
GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ