EXP. N.° 03722-2006-AA/TC
LIMA
SEGURIDAD SOCIAL
DEL PESCADOR
En Lima, a los 19 días de julio de 2006, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 49 del segundo cuaderno, su fecha 24 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 15 de enero de 2004, la
recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales Solórzano Rodríguez,
Mosqueira Neira y Juan de Dios León, integrantes de la Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Huaura, a fin de que se dejen sin efecto las
resoluciones 29, 30 y 31, expedidas en el expediente 2002-104. La recurrente alega que la resolución “de vista” viola su derecho al
debido proceso, pues contiene una motivación deficiente y vulnera su derecho a
la igualdad, en la medida en que no respeta decisiones de la Corte Suprema
dictadas en procesos similares. Adicionalmente, la resolución 30 viola su
derecho a no ser desviado del procedimiento preestablecido por ley.
La demanda fue contestada por los magistrados
emplazados; por Julio Máximo Garibay Sánchez, beneficiario de la resolución
cuestionada, y por el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial, todos ellos contradiciéndola y solicitando que sea declarada
improcedente o infundada.
Con fecha 25 de julio de 2005, la Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Huaura declara improcedente la demanda, por
considerar que no se ha acreditado la violación de los derechos
constitucionales alegados.
La recurrida confirma la apelada, considerando
que la recurrente pretende una nueva revisión de lo actuado en el proceso
ordinario.
1.
Conforme
se aprecia de la demanda, así como de los sucesivos recursos presentados, la
cuestión central que plantea la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador es que los órganos judiciales emplazados, en el proceso en cuestión,
le habrían ordenado pague a un trabajador cesante, incluyendo en el cálculo
periodos en los que éste no habría aportado a la referida entidad, en la medida
en que la recurrente era tan sólo una intermediaria, por lo que el trabajador no
tenía obligación de aportar. En consecuencia, considera que la sentencia que
obliga pagar la pensión de cesantía, computando dichos periodos, viola el
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el debido
proceso.
2.
El derecho a la debida motivación de las
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las
razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada
decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos
debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir
de argumento a efectos de someter a nuevo examen las cuestiones de fondo ya
decididas por los jueces ordinarios.
En tal sentido, en el proceso de
amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones
expuestas, y no con el propósito de realizar una nueva evaluación o análisis,
como se ha dicho. Esto porque, en este tipo de procesos, al Juez constitucional
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la propia resolución, a efectos de constatar si es el
resultado de un juicio racional y objetivo en el que el juez ha puesto en
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado
conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la apreciación e interpretación del
derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos
del caso.
3.
En el
caso de autos, el Tribunal observa que cada uno de los argumentos que el
recurrente ha propuesto a través de su demanda ya ha sido analizado y
respondido por las instancias del Poder Judicial en el trámite del propio
proceso que cuestiona. En este sentido, para este Colegiado, resulta relevante
el fundamento tercero de la sentencia de mérito, que no ha podido ser
cuestionada con argumentos válidos ante esta instancia, y en la que se expresan
las razones sustanciales por las que el órgano emplazado en este proceso ha
optado por estimar la demanda planteada por el referido trabajador. En
particular, con relación al periodo en que la entidad recurrente considera que
no corresponde abonar al trabajador, el juez a quo ha precisado, en los fundamentos 4 y 5 de la sentencia de 15
de octubre de 2001, que el trabajador ha cumplido con acreditar su producción
desde 1969.
Por su parte, en segunda instancia
se ha precisado, en el fundamento decimotercero, que “En
materia laboral la carga de la prueba respecto al cumplimiento de las
obligaciones laborales corresponde al empleador. Si bien el Decreto Ley 25988,
modificado por Ley 27029, libera al empleador de la obligación de conservar las
planillas por más de cinco años, desde el cierre de estas, invirtiendo la carga
de la prueba al trabajador, esta norma no debe aplicarse al proceso laboral por
existir una norma especial (la ley procesal que prevé lo contrario).”
4.
Todo
ello muestra que los argumentos que el recurrente plantea ante esta instancia
son los mismos que ya han sido evaluados y rechazados por las instancias
correspondientes del Poder Judicial, no pudiéndose alegar, en el presente caso,
un agravio manifiesto como lo exige
el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda resulta
improcedente al no estar relacionada con el contenido constitucionalmente
protegido de los derechos que alega el recurrente, conforme lo prevé el
artículo 5.1 del mismo Código.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GARCÍA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO